La Guardia Civil ha desmantelado una brutal red criminal que operaba en la agricultura de La Rioja, deteniendo a siete personas (seis hombres y una mujer, de entre 28 y 50 años) acusadas de delitos tan graves como trata de seres humanos, detención ilegal y explotación laboral.
La operación, bautizada como «Landwrt», ha permitido localizar al menos a 45 víctimas, compatriotas de origen marroquí en situación de vulnerabilidad e irregularidad en España, que eran forzadas a trabajar en jornadas extenuantes en fincas agrícolas sin ningún tipo de contrato. La investigación reveló un escalofriante patrón de abusos, que incluía condiciones de vida insalubres y el confinamiento bajo llave.
Según fuentes de la Benemérita vinculadas a la operación, el ‘modus operandi’ de esta supuesta red criminal era el similar al utilizado en anteriores ocasiones por grupos mafiosos portugueses, os cuales traían a trabajadores irregulares dese el país vecino a trabajar en pésimas condiciones para une empresa legal formada en España y con algunos trabajadores en situación legal. En este caso, la nacionalidad de los detenidos y explotados es la misma: marroquí.
Los detenidos tenían aquí varias empresas legales y recogían a sus compatriotas en condiciones sociales y económicas difíciles en la zona de Andalucía. Esas personas eran trasladadas a La Rioja dependiendo de la temporada agrícola para trabajar en la vendimia, recogida de la pera, la piparra o lo que tocase según el mes del año. Hay que destacar que también eran alquilados a otros empresarios locales, que conocían presuntamente la situación de explotación de los migrantes, como mano de obra barata para esos trabajos agrícolas. El ensañamiento de la organización no solo se limitaba a la explotación laboral, sino a las condiciones de alojamiento. Una vez captados en el sur de España y trasladados a La Rioja, los trabajadores eran hacinados en viviendas con pésimas condiciones de habitabilidad.
Durante el registro de uno de los inmuebles, los agentes hallaron a 15 personas conviviendo en un espacio reducido. El nivel de crueldad quedó patente en una de las estancias: un matrimonio fue encontrado encerrado con un candado desde el exterior en una habitación que apenas contaba con un colchón y una manta en el suelo, y cuya única ventilación era una minúscula ventana de 30 por 40 centímetros. «Vivían hacinados en habitaciones sin ventilación e incluso encerrados con candados en ellas», confirman fuentes de la investigación.
TRES MENORES VÍCTIMAS
La red, asentada en La Rioja Baja, utilizaba un complejo entramado de empresas, inmuebles y fincas agrícolas para sus actividades ilícitas. La promesa de un trabajo era la trampa: a los compatriotas vulnerables se les ofrecía la falsa esperanza de tramitar su residencia legal y regularizar su situación en el país, creando una relación de dependencia total.
En las fincas, los trabajadores realizaban labores agrícolas como poda, desbroce o recogida de fruta y verdura, siempre bajo la vigilancia de personas de confianza de la red. La remuneración era simbólica o, directamente, inexistente. Se detectaron casos de pagos irrisorios, como un euro por cada kilo de piparra recolectado. Para generar una mayor dependencia económica, la organización les cobraba por las deplorables condiciones de vida, descontándoles de sus escasos ingresos 150 euros por compartir estancia o 50 euros por una simple cama.
Lo más alarmante es que, entre las 45 personas explotadas detectadas en las inspecciones, se encontraban tres menores de edad, de 12, 15 y 17 años, que trabajaban en las mismas condiciones que los adultos. De hecho, muchos de los trabajadores huyeron campo a través al percatarse de la llegada de los guardias civiles.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y BLANQUEO
La investigación se inició a principios de julio a partir de una denuncia que alertó a la Policía Judicial de Calahorra sobre la existencia de esta red. Los datos recabados permitieron identificar a los tres hombres que lideraban la estructura, cuyas ramificaciones se extendían hasta el sur de España para captar mano de obra.
La operación culminó con el registro de cinco inmuebles y cinco naves industriales. Además de las siete detenciones, se han incautado 22.000 euros en efectivo, 2.500 euros en joyas, abundante documentación y dos vehículos. También se han bloqueado seis cuentas bancarias y se ha suspendido temporalmente la actividad de la empresa utilizada para blanquear el dinero.
Los detenidos están acusados de pertenecer a una organización criminal y de cometer delitos de trata de seres humanos, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales, desvelando una de las tramas de explotación más crueles de la agricultura riojana reciente.
