La Audiencia Provincial de Madrid revoca la decisión del juez Peinado de formar una pieza separada para acusar de malversación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el ahora delegado del Gobierno Francisco Martín. La supuesta malversación deberá investigarse en la misma causa general que se sigue contra Gómez y Juan Carlos Barrabés entre otros.
Los tres jueces de la Audiencia recuerda su «auto 540/2025 de fecha 12 de junio de 2025», donde «se realizaban apreciaciones sobre la tradicional consideración del capital humano dentro del concepto de patrimonio público a efectos de un posible delito de malversación, y la necesidad de delimitar con precisión si la investigada (Begoña Gómez) podría ser considerada, en su condición de codirectora de la Cátedra extraordinaria, funcionaria pública, en ese concreto ámbito de actuación, pero ello, hemos de remarcarlo, con la única finalidad de aportar razones justificativas de la corrección de iniciar esa línea de investigación, sin prejuzgar calificación jurídica alguna».
El tribunal entiende que los delitos de malversación y tráfico de influencias no pueden investigarse en causas separadas: «ambos comportamientos están íntimamente entrelazados, en tanto que la intervención habitual de quien era la Directora de Programas de Presidencia del Gobierno era supuestamente utilizada como un elemento más de influenciabilidad subjetiva en el delito de tráfico de influencias».
«De forma y manera que la prueba de ambos supuestos delitos está intrínsecamente unida, casi en relación de medio a fin, y ello, en principio, imposibilita la formación de piezas separadas sin que el juez instructor haya aportado razonamiento divergente que pueda alterar esa decisión. En consecuencia, en este punto el recurso será estimado, revocando y dejando sin efecto la formación de pieza separada, debiendo adoptar el juez instructor las decisiones oportunas para acomodar el resto de actuaciones practicadas con posterioridad», añade el ponente.
LA ASESORA DE BEGOÑA GÓMEZ
Por tanto, el tribunal no ordena cerrar esa investigación por malversación respecto a la asesora, Cristina Álvarez, que de momento sigue adelante. Es por eso que el Tribunal dispone unificar todos los delitos en la misma causa, independientemente de las personas investigadas y «revocar parcialmente dejando sin efecto la decisión de formar pieza separada».
Hay que recordar que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, declaró el 10 de septiembre, la única vez que lo ha hecho, ante el juez Juan Carlos Peinado que la investiga por varios delitos, entre ellos el de malversación.
Cuando fue interrogada por la relación con su asesora Cristina Álvarez, la mujer del presidente dijo que «tenía acceso a su correo porque en otro caso, no podía realizar sus funciones» y que «de alguna manera muy excepcional la solicitó enviar algún mensaje por correo, de una manera muy esporádica y por la relación de confianza». Por esta relación Gómez y su ayudante están acusadas de malversación.
Sin embargo, Begoña Gómez, se desvinculó del delito de malversación de caudales públicos, el quinto delito que investigó el juez Juan Carlos Peinado y que está también visto para la apertura de juicio oral. Gómez admitió que su asesora Cristina Álvarez contestó a algunos mails relacionados con la cátedra que impartía en la UCM como «favor personal» dada la relación de amistad entre ambas.
Por los otros cuatro ambas mujeres, junto al empresario Juan Carlos Barrabés, están acusados de otros cuatro delitos y su causa seguirá el mismo paso, el de un juicio por jurado popular.
La última declaración de Gómez no llegó a los cinco minutos de duración y apenas respondió a tres preguntas. La esposa del presidente Sánchez dijo que eligió a Cristina Álvarez como asesora en el palacio de la Moncloa porque le dijeron que tenía que designar a alguien como asistente personal, una decisión que también habían tomado las anteriores esposas de los presidentes del Gobierno. También aseguró que «llevaba la agenda institucional y era conocedora de la agenda personal para coordinar las actividades. También acompañaba a la declarante (Gómez) en los actos oficiales y en algún acto particular».
Gómez explicó al juez Peinado que escogió a Cristina Álvarez porque era su amiga personal y la conocía de antes de llegar al palacio de La Moncloa y que su trabajo estaba relacionado con su agenda personal como esposa del presidente, medidas de seguridad y coordinación con la unidad de protocolo de Moncloa. Álvarez estaba a su disposición las 24 horas del día y 7 días a la semana. También defendió a la funcionaria al decir que «ella ha cumplido perfectamente el desempeño de sus funciones». Cristina Álvarez, fue citada ese mismo día por Peinado pero se acogió a su derecho a no declarar.
Pero el pasado sábado 27 de septiembre en una clara coordinación de estrategia procesal no acudieron a declarar ante el juez Peinado tanto Begoña Gómez, como Cristina Álvarez y Francisco Martín.
En total la esposa de Pedro Sánchez acumula acusaciones por cinco delitos, cuyas penas máximas sumadas supondrían hasta 17 años de cárcel, un panorama que se antoja difícil de sortear ante un jurado público. Hay que matizar que la acusación por malversación iba en otra causa aparte hasta que la Audiencia Provincial decidió unirlas en un mismo acto y juzgar los cinco delitos al mismo tiempo.
Peinado acusa a Begoña Gómez de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Éste último es el más grave por la pena que contempla, hasta seis años de cárcel
