El pasado martes 7 de octubre se celebró en el Teatro del Barrio de Madrid la segunda jornada de las sesiones sobre tortura organizadas por distintos colectivos de defensa de los derechos humanos. A través de mesas redondas, testimonios, proyecciones y debates con el público, estas jornadas buscan visibilizar y generar conciencia sobre una realidad incómoda y silenciada: la práctica sistemática de la tortura en el Estado español desde los años 60 hasta bien entrado el siglo XXI.
Uno de los temas más recurrentes —y más polémicos— durante el encuentro fue la actitud del actual Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante la petición formal para que su oficina investigue y emita un informe extraordinario sobre esta cuestión.
Colectivos de víctimas y expertos consideran que su negativa a implicarse de forma directa representa una oportunidad perdida para iniciar un proceso de reconocimiento y reparación a las víctimas, y una falta de voluntad política frente a una deuda histórica del Estado con miles de personas que sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes.
INFORME
El principal referente en esta materia es el trabajo del forense Francisco Etxeberria, quien ha dirigido investigaciones oficiales sobre la tortura en Euskadi (2014) y Navarra (2019). Etxeberria ha documentado más de 6.000 casos de tortura verificados entre 1960 y 2014 en estas dos comunidades, aunque él mismo estima que la cifra real podría ascender hasta los 20.000, debido al silencio forzado o voluntario de muchas víctimas.
Los informes, encargados por los gobiernos autonómicos, constituyen un hito sin precedentes en el reconocimiento institucional de la tortura en el Estado español. Sin embargo, fuera del ámbito foral, no existen estudios similares. Y es ahí donde entra en juego el papel del Defensor del Pueblo: una figura que, por mandato constitucional, tiene la capacidad de emitir informes extraordinarios y presentarlos ante las Cortes Generales.
Esto abriría la puerta a un eventual acto de reconocimiento oficial, incluyendo posibles medidas de reparación.
ENTREVISTA Y NEGATIVA
El 4 de junio de 2024, representantes de los colectivos organizadores se reunieron con Ángel Gabilondo para entregarle documentación sobre los casos de tortura y solicitarle formalmente la redacción de un informe extraordinario.
Según relatan, Gabilondo se mostró inicialmente receptivo e incluso propuso abrir una ronda de encuentros para estudiar la mejor forma de canalizar la iniciativa. No obstante, semanas más tarde, el defensor del pueblo declinó la petición mediante un escrito en el que alegaba que su oficina se encarga de vigilar las actuaciones de las fuerzas de seguridad «en la actualidad», y que lo adecuado sería remitir la solicitud a la Fiscalía de la Memoria Democrática.
En otras palabras, Gabilondo se desentendía del pasado, a pesar de que los crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional, no prescriben. La decisión ha sido recibida con consternación por parte de los colectivos de víctimas, especialmente porque el propio Gabilondo, de origen vasco, reconoció durante el encuentro su vasto conocimiento sobre el tema. No en vano, su primo es el propio Francisco Etxeberria, artífice de los informes forales.
La falta de implicación institucional ha sido calificada por muchos como una forma de dejación de funciones en un tema que exige no solo memoria, sino justicia y reparación.
EL ESTADO EN SILENCIO
Durante la segunda jornada de las sesiones en el Teatro del Barrio, una de las voces más duras fue la de Juan Ignacio Ruiz-Huerta, ex jefe de Gabinete del Defensor del Pueblo, quien relató cómo fue apartado de su cargo tras haber preguntado por torturas en el centro penitenciario de Soto del Real.
Según explicó, existe una reticencia sistemática dentro de las instituciones del Estado a reconocer estas prácticas, incluso cuando han sido acreditadas por instancias internacionales. Ruiz-Huerta subrayó que en varias ocasiones ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien ha obligado al Estado español a asumir responsabilidades que hasta entonces se negaba a reconocer.
Elementos de la política, la Policía Nacional, la Guardia Civil, e incluso parte del poder judicial y los medios de comunicación han mantenido, según los organizadores, una connivencia de décadas con estas prácticas, permitiendo que muchas de ellas quedaran impunes y fuera del debate público. De ahí el objetivo último de estas jornadas: forzar la apertura de una Comisión de la Verdad sobre la tortura en el Estado español.
¿Y AHORA QUÉ?
Las jornadas han tenido un tono informativo y reivindicativo, con la participación de expertos como la doctora en Derecho Laura Pego, integrantes de la Red de Personas Torturadas de Navarra, y académicos como Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional. Todos coincidieron en un diagnóstico común: la reparación a las víctimas es una cuestión de justicia democrática que no puede seguir posponiéndose.
Pese a ello, el silencio institucional persiste. Ni el Congreso ni el Gobierno han asumido, hasta ahora, el compromiso de abrir un debate serio sobre esta realidad. Y la actitud de Ángel Gabilondo, pese a su autoridad moral y académica, ha sido vista como una forma de blindaje institucional que evita remover algunas heridas del pasado.
