La figura de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha dado un giro radical en la causa que el juez de Instrucción 41 de Madrid sigue contra Begoña Gómez. De estar imputado en la causa junto a la esposa del presidente pasó en menos de un año a no estar investigado y ahora ha aceptado el ofrecimiento de ejercer acciones legales por la presunta apropiación indebida del software que la Universidad sufragó para la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) codirigida por Begoña Gómez.
El caso contra Begoña Gómez se inició el 24 de abril de 2024 tras una denuncia del sindicato Manos Limpias. La causa cayó por turno en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, tutelado por el juez Juan Carlos Peinado, que no dudó en señalar primero como testigos y después como investigados en esta causa a Juan Carlos Barrabés y al rector de la UCM, por motivos diferentes, pero ambos relacionados con la esposa del presidente. En el caso de la UCM era su codirección en la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que impartía en la Complutense, organismo a la que el juez consideraba partícipe.
Sin embargo, en julio de 2024 la UCM comenzó a defenderse y presentó al juez un informe elaborado por sus servicios jurídicos en el que señalaba indicios de que Begoña Gómez pudo haber cometido un delito de apropiación indebida al apropiarse del software para su cátedra que había financiado la propia Universidad y de al emitir contratos y gastos en su nombre sin tener autorización para ello. Además, el informe destacó la falta de colaboración por parte de Gómez cuando fue llamada a dar explicaciones en la UCM.
BEGOÑA GÓMEZ SE NEGÓ A DECLARAR
El 19 de julio de 2024 Begoña Gómez se negó a declarar ante el juez Peinado sobre asunto y ninguno otro. En declaraciones posteriores, los vicerrectores de la Universidad Complutense afirmaron haber advertido a Gómez que no podía registrar el software a su nombre, al estar financiado por la Universidad. El vicerrector Juan Carlos Doadrio también declaró que el rector Joaquín Goyache le ordenó crear directamente la cátedra de Begoña Gómez. Goyache, inicialmente citado como testigo, fue más tarde imputado como investigado.
El 11 de septiembre de 2024 la Universidad Complutense comunicó a Begoña Gómez que no renovaría la cátedra extraordinaria dirigida por ella misma que había constituido el 30 de octubre de 2020, por un periodo inicial de cuatro años (2020-2024).
La causa siguió avanzando siempre con Goyache como imputado y la sombra de una «colaboración» de la UCM en los hechos investigados. El rector tuvo que acudir incluso a declarar en la comisión del Senado en noviembre de 2024.
Hasta que el 16 de mayo de 2025 la Audiencia Provincial de Madrid estimaba en parte los recursos presentados por las defensas de los imputados en la causa contra la mujer del presidente del Gobierno. De esa manera, quedaban desimputados o fuera de la investigación Juan José Güemes, ex consejero de la Comunidad de Madrid y Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid.
El auto dictado por la sección 23 de la Audiencia Provincial respondía así a un recurso de apelación presentado por las defensas de Begoña Gómez, de Juan Carlos Barrabés, y la acusación del partido político VOX y del ministerio Fiscal, contra un auto del juez Peinado dictado el 8 de enero de 2025.
CADA UNO PEDÍA UNA COSA
Cada uno de los apelantes pedía cosas diferentes. Por ejemplo Vox pedía que las declaraciones realizadas en la comisiones de investigación del Senado se llevaran a la causa, sobre lo que la Audiencia dijo que «resulta improcedente lo solicitado por el Partido Político VOX, apartándose de la Acusación Popular unificada, relativo a que se traiga a este procedimiento, lo actuado en las Comisiones de investigación del Congreso de Diputados y Senado, ya que no sólo resulta ajeno a esta instrucción, sino también por tratarse de información derivada de procedimientos en los que no se aplican las normas procesales del procedimiento penal, por
lo que pudiera contaminar la instrucción de la presente causa».
En los casos de Goyache y de Juan José Güemes, decía la Audiencia que «procede alzar la imputación por carecer de fundamento, lo que no ocurre en los otros casos, donde el cambio de situación se estima acertado, y, de hecho, de forma manifiesta en el caso de Juan Carlos Barrabés Cónsul, a quien se le debió siempre oír en calidad de investigado para garantizar al máximo sus posibilidades de asesoramiento y defensa; por la sencilla razón de que su directa implicación en lo investigado era conocida desde el inicio, hasta el punto de que se había inhibido parte de la investigación a la Fiscalía Europea».
Tras levantarse estas imputación el juez ofreció a la UCM la posibilidad de personarse como perjudicada. El 6 de octubre de 2025 la Universidad Complutense aceptaba personarse como perjudicada en la causa al considerar que Begoña Gómez pudo haberle causado un perjuicio económico en caso de haberse apropiado del software cuya financiación resultó a cargo de la Universidad.
