El Ayuntamiento de Valencia ha efectuado una auditoría interna que abarca desde 2017 a 2023 en la que ha recabado toda la información relativa a los 9 contratos suscritos con empresas vigiladas en el Caso Koldo, durante los mandatos de Joan Ribó, alcalde de Compromís, que estuvo al frente del consistorio valenciano durante dos legislaturas seguidas. Todos esos informes llegaron al Tribunal Supremo la pasada semana, que ya los estudia para buscar indicios o trato de favor a alguna de las empresas que se investigan por el presunto pago de mordidas.
A pesar de que la petición de la alcaldía de Valencia englobó a todas las empresas nombradas en un informe de la UCO, solo se encontraron dos, LIC y Grupo Acciona, como beneficiarias de algún contrato público en esas fechas investigadas.
Tras recabar toda la información entre 50 áreas de Gobierno municipal, el documento ha logrado recopilar estos contratos con Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), del empresario valenciano José Ruz, empresa que llegó a ser registrada por la UCO de la Guardia Civil y otros con empresas filiales del grupo Acciona, en concreto Acciona Agua, Acciona Cultural Engineering y Acciona Facility Services.
Por ejemplo, esta última empresa presenta tres adjudicaciones por parte de la EMT de Valencia para labores de limpieza dentro de los autobuses. Se tratan de dos contratos menores del año 2023 por 5.588€ y parte de otro de 214.600€, respectivamente, y otro todavía activo que comenzó el 28 de febrero de 2024 hasta el 28 de febrero de 2026 con la posibilidad de dos prórrogas anuales. El importe máximo de éste último es de 4.200.000€ y hasta que no finalice se desconoce la cuantía total del mismo pues se desconoce si va a ser prorrogado.
Al menos, el informe enviado a la Coordinación de Alcaldía recoge que «el valor estimado del contrato, calculado en base a unidades estimadas, se eleva a 1.919.966,35 euros, IVA no incluido, para la duración inicial del contrato de dos años y a 979.143,73 euros, IVA no incluido, para cada una de las dos prórrogas anuales. El valor total estimado del contrato para la duración máxima de cuatro años se eleva a 3.878.253,81 euros, IVA no incluido».
Los pagos recibidos en total por LIC, una de las empresas que mira con lupa el Tribunal Supremo sumarían 10.659.376,77 euros, según la Delegación de Hacienda y Presupuestos del Ayuntamiento de Valencia. Ese dinero habría sido desembolsado en 45 pagos realizados desde el año 2017, además habría que sumar a ello el pago de intereses por una factura demorada en el pago de la obra del Centro Cívico de la calle José Zaragoza.
Las licitaciones de LIC enviadas al Supremo son un contrato de obras de rehabilitación del edificio municipal en el barrio del Cabanyal-Canyamlear, otro contrato para las obras de demolición y construcción de un centro cívico en la calle José Zaragoza, otro contrato para la ejecución de un proyecto básico de un centro cívico en el Cabanyal, otras obras de reurbanización de la calle Ramiro de Maeztu, un contrato para la ejecución de obras denominadas «Urbanización Avenida Ausías March 113» y la posterior modificación del mismo. El último que afecta a LIC es el «contrato para la ejecución de las obras de remodelación del jardín del Doctor Lluch». Esta última obra y otra fueron cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
Respecto a las licitaciones de las empresas del Grupo Acciona el informe enviado al Supremo recoge tres, aunque dos son en lote. El primero son dos lotes del mismo contrato, relativos a los lotes 2 y 3 sobre las «obras de ejecución de varios proyectos de infraestructuras electromecánicas en varias instalaciones de bombeo y estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, titularidad del ayuntamiento de Valencia».
Los otros tres contratos que aparecen marcados en la administración valenciana son los de Acciona Engineering, que en realidad se refieren a un solo contrato y fueron licitados por el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico municipal. Fue financiado con fondos Next Generation de la Uniòn Europea. El primer documento es el contrato de dirección del proyecto que afectaba al Museo de Ciencias Naturales de Valencia, el contrato de ejecución del mismo y una modificación de ese contrato de servicio.
INVESTIGAR EL CASO KOLDO
El Ayuntamiento de Valencia con la popular María José Catalá al frente inició su propia investigación después de un acuerdo de su pleno en junio de 2025. «De conformidad con la moción subscrita por el Sr. Caballero, portavoz del Grupo Popular, para garantizar la transparencia y el control de la contratación municipal en relación con las empresas vinculadas al «Caso Koldo», y con la enmienda formulada en el transcurso del debate por el proponente, el Ayuntamiento Pleno adopta el acuerdo siguiente: El denominado caso Koldo / Ábalos / Cerdán investiga presuntas irregularidades en la contratación pública y el destino de fondos durante la pandemia y en obras públicas, afectando a distintas administraciones y sociedades mercantiles. Según los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) y las diligencias del Tribunal Supremo, la mercantil LIC-Levantina, Ingeniería y Construcción, SL, dispone de contratos bajo sospecha. El Tribunal Supremo instruye actuaciones sobre la empresa y el 10 de junio la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró su sede social».
Los populares valencianos también hacen referencia a una «investigación publicada por The
Objective (…). Esta circunstancia refuerza la necesidad de la presente moción y la
urgencia de disponer de información detallada sobre cualquier relación contractual de nuestro
Ayuntamiento con la citada sociedad».
Ahora será el Tribunal Supremo si encuentra algo extraño o no en estas adjudicaciones municipales desde el año 2017.
