La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC) ha denunciado lo que consideran «injerencias de la Policía Nacional en las competencias de la Guardia Civil en determinados Puertos del Estado».
Las desavenencias surgieron cuando se realizaba un simulacro de accidente de un helicóptero en el Puerto de Algeciras y, según la OUGC, Policía Nacional pretendió desplegar todo el personal necesario para asumir las funciones de seguridad ciudadana en el referido accidente, que por norma, correspondería a la Guardia Civil si tiene lugar dentro de las instalaciones del puerto marítimo.
Finalmente tuvo que intervenir el Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, que mediante un escrito de fecha 30 de septiembre acordaba resolver las discrepancias surgidas entre ambos cuerpos en el Puerto de Algeciras con motivo de la ejecución de este simulacro.
La Delegación de Gobierno en Andalucía aclara en su escrito que, además del análisis de la normativa vigente, debe valorarse el estado actual o status quo del ejercicio de las competencias del Cuerpo de la Policía Nacional y de Guardia Civil, resultando que las zonas de acceso restringido o controlado en puertos o aeropuertos de la Comunidad Autónoma corresponderían a la Guardia Civil, desarrollando este Cuerpo todas las competencias policiales en estos recintos. Todo ello sin perjuicio del despliegue que pueda llevarse a cabo por el Cuerpo de Policía Nacional fuera de las zonas de acceso restringido o controlado.
La asociación profesional de oficiales de la Benemérita esgrime la La Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 12, B), apartado b) encomienda de forma exclusiva a la Guardia Civil, la custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran.
También explican que «como referencia más reciente, conforme el art. 44 del Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, que desarrolla la estructura orgánica del Ministerio del Interior, se atribuye a la Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, organizar y gestionar el resguardo fiscal del Estado, evitar y perseguir el contrabando, el fraude y los tráficos ilícitos en el ámbito de las funciones encomendadas a la Guardia Civil, así como la custodia, control y vigilancia de las costas, fronteras, puertos, aeropuertos y los espacios marítimos en los que España ejerce soberanía y, en este último ámbito, el control de la inmigración irregular».
La UOGC añade que «a pesar de la claridad de la legislación vigente, persiste la continua confrontación por un afán de la Policía de querer absorber funciones específicas de la Guardia Civil, lo que genera un desgaste innecesario entre ambos cuerpos, que tienen perfectamente delimitadas sus competencias».
El delegado del Gobierno en Andalucía, «como máximo representante del Gobierno central y mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad autónoma, determina que, no solo corresponde a la Guardia Civil el mando operativo del simulacro del referido accidente, sino que el mismo criterio debe mantenerse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante futuras discrepancias que puedan surgir al respecto», dice la UOGC en un comunicado.
Además, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, «agradece al Sr. delegado del Gobierno en Andalucía ese punto de cordura, que evite futuras injerencias en las funciones de la Guardia Civil por parte del cuerpo hermano, evitando tensiones innecesarias e interferencias que puedan
acabar afectando a la seguridad ciudadana».
No es la primera que ambos cuerpos chocan en puertos y aeropuertos. Por ejemplo, en aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, de Madrid, donde en teoría la Policía tiene competencias dentro las instalaciones y la Guardia Civil en las pistas, pero muy a menudo ambos Cuerpos «permeabilizan» las competencias del otro, más por cuestiones prácticas que por espíritu de injerencia.
«Si este criterio, que no es otro que el de la aplicación de la norma vigente y del sentido común, se impusiera y respetara en el resto de España, se evitarían multitud de conflictos entre ambos cuerpos que solo sirven para deteriorar las necesarias relaciones que deben existir para una mejor coordinación entre cuerpos que, al final, acaba redundando en la eficiencia del servicio
al ciudadano», explican desde la UOGC.
Por ese motivo esta Asociación profesional de mandos de la Guardia Civil, la Unión de Oficiales (UO), considera que este criterio debería ser asumido por la Secretaría de Estado de Seguridad, como responsable de la coordinación del ejercicio de las competencias en materia de seguridad de las delegaciones de gobierno, para que sea aplicado en todo el territorio nacional con un criterio único.
