El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a un total de 55 personas, entre ellas el productor José Luis Rodríguez Moreno, por formar parte supuestamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era “lucrarse de manera ilegítima”.
En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado del conocido como “caso Titella”, el magistrado propone juzgar a los investigados por delitos de estafa continuada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución. Además, el instructor atribuye un delito contra la Hacienda pública a José Luis Moreno y a Martin Czehmester.
El juez explica que los investigados formaban parte de una organización criminal activa, al menos desde el año 2017, integrada por un elevado número de personas físicas y jurídicas, cuya actividad muestra “una extraordinaria complejidad, diversificándose en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados mediante una dinámica de <rueda de cheques o pagarés>, a la falsificación de efectos bancarios, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de estas actividades, con una estructura dividida en células operativas y claramente jerarquizadas”. Esta organización, continua, se dedicaba a obtener lucro aparentando, con evidente abuso del sistema crediticio de los bancos, la existencia de una solvente actividad económica empresarial para lograr de entidades bancarias productos crediticios, tales como el confirming, factoring o líneas de crédito a empresas y hacer suyo el importe, simulando una crisis económica por una mala gestión mercantil o por incidencias del mercado.
RED DE EMPRESAS PANTALLA
Para ello, señala, se servían de una red de empresas pantalla y testaferros que dificultaba apreciar la vinculación existente entre los mismos, lo que permitía a los investigados simular la existencia de relaciones comerciales o económicas entre las diferentes empresas, promoviendo las constantes transferencias de los fondos de unas a otras para dificultar la trazabilidad y recuperabilidad del dinero obtenido ilícitamente de la defraudación a las entidades bancarias.
El dinero defraudado por medio del abuso de las líneas de crédito o peloteo de cheques y pagarés, según el juez, no era directamente extraído, sino que iniciaba un largo circuito de transferencias entre empresas con el fin de desvincularlo de su origen ilícito, se multiplicaban los movimientos de dinero entre empresas para que los sistemas de control de los órganos tributarios los achacasen a una actividad empresarial regular.
Indica que entre los afectados por estos presuntos delitos se encuentran diversas entidades financieras, sociedades de garantía recíproca, la Hacienda pública e inversores particulares. El auto detalla el perjuicio sufrido por cada una de las entidades.
PRIMER NIVEL DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
El auto explica que en un primer nivel de la organización se encontraban los investigados Antonio Luis Aguilera, José Luis Rodríguez Moreno y Antonio José Salazar de Castro, con sus colaboradores directos.
Cada individuo, señala, mantenía su actividad delictiva con su propia cartera de empresas, para posteriormente simular actividad comercial con otras pertenecientes a otros miembros, creando un entramado societario con una apariencia solvente, utilizada para crear engaño en las entidades bancarias en la adquisición de todo tipo de productos financieros. Así, José Luis Rodríguez Moreno como persona pública muy reconocida, prestaba presuntamente su nombre como tarjeta de visita, para que tuvieran mucho más fácil conseguir financiación en entidades bancarias. Además, sería el encargado de presentar el/los proyecto/s cinematográfico/s o televisivo/s para el/ los que se requería financiación, era el principal receptor de los fondos obtenidos por Aguilera y Salazar Estos, señala el magistrado, tenían amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil, se encargaban de conseguir las sociedades, maquillarlas, poner un administrador y presentarlas antes los bancos como las beneficiarias de la financiación necesaria para el desarrollo de sus actividades, cuando realmente, arecían casi siempre de actividad real, y cuya finalidad, “no era otra que la de lucrase de manera ilegítima”.
Para el juez, los anteriores contarían además con la colaboración de terceras personas, entre los que se encontraban abogados, gestores financieros, empleados de banca y otras personas de su especial confianza, sin quienes hubiera sido imposible llevar a cabo la organización, planificación y ejecución de la mayoría de las estafas perpetradas, más “si tenemos en cuenta el número de sociedades involucradas y la complejidad
de llevar a cabo la trama sin ser detectados por los organismos de control de las propias entidades financieras”.
El auto da un plazo de veinte días a la Fiscalía y las acusaciones que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien soliciten el sobreseimiento de las actuaciones.
