En un escenario político donde el fenómeno migratorio va a ser crucial para las próximas elecciones, el Partido Popular (PP), bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ha marcado una posición clara y contundente: España necesita recuperar el «control migratorio». El epicentro de esta nueva doctrina, presentada recientemente en Barcelona, reside en un principio que busca ser categórico y simbólico: «La nacionalidad española no se regala, se merece» y que esconde un miedo, los números de Vox en las encuestas. La formación que lidera Santiago Abascal cada vez está más al alza.

Esta máxima no es solo una declaración retórica, sino el eje conceptual de un Plan Nacional para una Inmigración legal, ordenada y mutuamente beneficiosa, estructurado en diez grandes bloques de medidas. El plan del PP se presenta como la respuesta al «desorden» que, a su juicio, impera en la gestión actual y busca desmarcarse tanto del «buenismo del PSOE» como de la «criminalización» de Vox. Fuentes del partido popular señalan que han aprendido la lección de las anteriores y han pasado del polémico «que te vote Txapote», al «que te vote Mohamed», en clara alusión al Rey de Marruecos, aliado íntimo de Pedro Sánchez.

La reforma propuesta no apunta únicamente a la entrada y a la residencia de los inmigrantes, sino que interviene de manera decisiva en el escalón final del proceso de integración: la adquisición de la ciudadanía. Para Feijóo y su partido, la nacionalidad debe recuperar su «sentido más elevado«, siendo concebida como un «mérito, un premio al esfuerzo y a la integración real«, y no una «simple gestión burocrática».

El compromiso principal es «elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional» para la adquisición de la nacionalidad, al considerarlo el «mejor camino para la integración» de aquellos que llegan al país con vocación de permanencia y de contribuir al bien común.

EL NUEVO MODELO SOCIAL: INTEGRACIÓN COMO TAREA OBLIGATORIA

El núcleo duro de las propuestas del PP pasa por transformar el acceso a la nacionalidad por residencia, que actualmente requiere diez años de residencia legal y continuada (o menos en ciertos supuestos) y la superación de dos pruebas de conocimiento. Según el PP, los requisitos actuales no garantizan una integración genuina.

En primer lugar se hará un endurecimiento de las pruebas de integración cívica y cultural. La propuesta más detallada se centra en los exámenes que miden la integración en la sociedad española. El PP busca un cambio cualitativo en estos test:

• Exigencia Lingüística Rigurosa: Se propone endurecer las pruebas de conocimiento del idioma español (castellano). El objetivo es asegurar que el nivel de dominio lingüístico sea suficiente para una «integración plena en la vida cotidiana y laboral». Esto iría más allá de un nivel básico de comunicación, buscando la fluidez necesaria para participar activamente en la sociedad.
• Conocimiento Profundo de la Herencia Cultural: Se planea aumentar los conocimientos requeridos sobre la historia, costumbres, tradiciones y la herencia cultural de España. El argumento es que la nacionalidad debe implicar la asunción de una identidad compartida. El aspirante debería demostrar familiaridad con figuras históricas, hitos culturales y las bases de la convivencia social.
• Dominio de la Constitución y el Marco Institucional: La Exigencia Constitucional se vería elevada para evaluar la profundidad del conocimiento sobre la Constitución Española, el marco institucional y el sistema democrático. La premisa es que quien se hace español debe entender y asumir las reglas fundamentales que rigen el país. El líder popular lo enmarca al decir que ser español es «compartir un destino» y «conocer una herencia universal«.

En resumen, la nacionalidad, según los populares, no se obtendría por inercia temporal, sino por mérito demostrable en la asimilación de los valores y conocimientos del país.

VÍNCULO ESTRECHO ENTRE PERMANENCIA, MÉRITO Y LEGALIDAD

El plan migratorio del PP aborda la nacionalidad como la culminación de un proceso, proponiendo endurecer también los pasos intermedios: la residencia y el cumplimiento de la ley. El segundo será el refuerzo de la contribución y el mérito laboral, que busca establecer que la residencia de larga duración y, por ende, el camino hacia la nacionalidad, dependan activamente de la contribución del individuo y no solo del paso del tiempo:

• Ligar Residencia a Contribución Laboral: Se propone que la residencia de larga duración esté intrínsecamente ligada a la contribución laboral y social. Esto significa priorizar la inmigración que llegue “con contrato de trabajo” como la “mejor garantía de integración”.
• Visado por Puntos: Para canalizar esta prioridad, se plantea un visado por puntos que clarifique las posibilidades y las exigencias para venir.
• Combate a la Dependencia de Subsidios: Las prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), estarán ligadas a la búsqueda activa de empleo. El mensaje es claro: «Las prestaciones que son concebidas para quienes más lo necesitan no podrán convertirse en una forma de vida para nadie«. La residencia debe premiar el esfuerzo, el trabajo y la integración, no conseguirse «por inercia».

La Tolerancia cero en el ámbito de la seguridad y el respeto a la ley es otro de los puntos casi copiados de Vox. Allí, el PP propone medidas de gran calado, cuyo incumplimiento bloquearía de forma inmediata la posibilidad de acceder a la nacionalidad:

• Pérdida Automática de Residencia por Delito: Se busca reformar la Ley de Extranjería y el Código Penal para que la comisión de delitos graves o la multirreincidencia delictiva suponga la pérdida inmediata y automática del permiso de residencia. Este principio de “tolerancia cero con el delito” asegura que solo puedan aspirar a la nacionalidad quienes demuestren un pleno respeto por las leyes y la convivencia.
• Persecución de Mafias en Aguas Internacionales: Se propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Extranjería y el Código Penal para que España pueda perseguir los delitos de tráfico de personas en aguas internacionales, cuando los inmigrantes sean rescatados por autoridades españolas o lleguen a puertos nacionales.

REVISIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN

El plan también abarca la necesidad de poner «orden donde hoy hay desorden» en la gestión migratoria, con propuestas que afectan directamente a los procedimientos de regularización y al control fronterizo. Algo que traerá la eliminación y limitación de vías rápidas de regularización.

• Recuperación del Carácter Excepcional del Arraigo: El PP propone suprimir la institución del arraigo como forma masiva de regularizar a inmigrantes en situación irregular. Se busca “recuperar el carácter excepcional del arraigo”, limitándolo a una «oportunidad individual para quienes han demostrado, con hechos, su compromiso con España«.
• Revocación de «Pasarelas Rápidas»: Eliminar o limitar los procedimientos que facilitan la adquisición de la nacionalidad sin suficiente comprobación del cumplimiento estricto de los requisitos.

El control de fronteras y autoridad única, aunque son medidas de control, establecen el contexto de «orden» que el PP considera necesario para una política migratoria coherente:

• Autoridad Única de Inmigración: El PP expone la necesidad de que exista una única autoridad del Estado que gestione la inmigración, ya que actualmente la gestión está «descontrolada» entre cinco ministerios.
• Refuerzo de Fronteras: Se plantea una mayor presencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y una dotación mayor de agentes en puntos de alta presión migratoria (Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares y aeropuertos). El lema es: «O se gobiernan las fronteras o nos gobiernas las mafias«.
• Gestión de Menores No Acompañados (MENA): Se aborda la gestión de los MENA con dos criterios: promover el retorno al núcleo familiar de origen siempre que sea posible, y combatir el fraude en la edad. Se exige que la verificación de edad debe resolverse en un máximo de 72 horas, y el fraude debe ser penalizado.

Finalmente, el plan aborda la dimensión internacional de la inmigración a través de un sistema de cuotas con la diplomacia migratoria y cuotas por países como elemento clave. El objetivo será crear un sistema de cuotas por países y sectores: Se establecerá un sistema de cuotas que premie la colaboración diplomática. «Los países que ayuden a poner orden tendrán más oportunidades, y quienes no lo hagan, evidentemente, perderán cupos en los años siguientes«.

La presentación de este plan en Barcelona, una ciudad con alta presión migratoria y con el auge de movimientos que explotan el discurso de la seguridad, no es casual. El PP busca un discurso propio que ofrezca «soluciones reales» frente a lo que califica de extremos, basándose en los principios de «Humanidad y ley, solidaridad y orden, generosidad y esfuerzo, prosperidad y trabajo».

En última instancia, la propuesta de endurecimiento del acceso a la nacionalidad va más allá de un simple cambio legislativo; es un intento de redefinir el modelo de integración en España, priorizando la asimilación cívica, la contribución económica y el estricto respeto a la ley como requisitos ineludibles para pertenecer a la nación española.