La representación de Juana Cinta Calderón ha presentado un escrito de defensa tras el auto de procesamiento dictado por la juez Beatriz Biedma que imputa varios delitos a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a funcionarios de la Diputación Provincial de Badajoz con su exc presidente, Miguel Ángel Gallardo, a la cabeza. Lo novedoso es que Juana Cinta Calderón, ex jefa de Recursos Humanos de la Diputación y actual concejala en la localidad pacense de Olivenza, pide un peritaje de parte para demostrar su inocencia en la contratación de David Sánchez y en el cambio de denominación del puesto de trabajo del músico.
«Se niega la participación de mi representada en cualquier actividad constitutiva de delito. Dña. Juana Cinta Calderón Zazo, quien ocupó el puesto de Directora del Área de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Badajoz desde el 1 de junio de 2016 -fecha de su nombramiento- hasta el 24 de agosto de 2023 -fecha de su cese-, no tenía ninguna competencia legal para gestionar los recursos humanos asignados a otras Áreas competenciales de dicha Administración, como es el Área de Cultura«, así comienza el escrito provisional de defensa presentado este 14 de octubre ante el juzgado de instrucción 3 de Badajoz, que ha instruido toda la causa relativa a David Sánchez.
El letrado de la investigada continúa en el escrito para la juez Biedma que «durante los años en que mi representada ocupó el puesto de Directora de Área de Recursos Humanos, y desde la contratación laboral de D. David Sánchez Pérez-Castejón, nunca tuvo conocimiento de ninguna queja o denuncia relativa al desempeño de dicho trabajador, ni tuvo conocimiento de ningún incumplimiento de sus obligaciones laborales que mi representada pudiera -si quiera hipotéticamente- consentir o tolerar».
El escrito de procesamiento dictado por la juez destacaba que Calderón colaboró «activamente en dar apariencia de legalidad formal a ninguna ilegalidad en el denominado cambio de nomenclatura del puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas».
Sin embargo, su defensa aduce que «su intervención profesional en dicho procedimiento -que en ningún momento estuvo influenciada por D. David Sánchez Pérez-Castejón ni por ninguna otra persona-, consistió en la redacción de un borrador de ficha de modificación del puesto de trabajo, que la Sra. Calderón Zazo preparó a instancias de los máximos responsables del Área de Cultura y conforme a las expresas indicaciones recibidas del Director del Área de Presidencia, D. Julián Expósito Talavera, dadas en email de fecha 24 de octubre de 2022 y la redacción de un informe procedimental conjunto para la modificación de la RPT del ejercicio 2023, fechado el 26 de octubre de 2022, que fue evacuado al amparo de lo dispuesto en el art. 172.1 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que recibió nota de conformidad del Sr. Secretario General de la Diputación, D. Enrique Pedrero Balas».
DESCONOCÍA EL TRABAJO DE DAVID SÁNCHEZ
«El contenido de dicha intervención profesional se ejecutó por la Sra. Calderón Zazo con plena consciencia de que se estaba observando la más estricta legalidad y dando satisfacción a las necesidades organizativas que transmitían las diferentes Áreas, entre ellas la de Cultura, sin albergar la más mínima sospecha de que ello pudiera encubrir la creación de un puesto nuevo, o que se estuviera sacrificando el interés general por el interés particular del trabajador D. David Sánchez Pérez-Castejón. Trabajador respecto del cual la Sra. Calderón Zazo desconocía absolutamente su quehacer diario», añade el escrito de Defensa.
El representante legal de Juana Calderón pide al juzgado que tenga a bien la práctica de varias diligencias de prueba, entre ellas la declaración de 11 testigos, funcionarios o ex funcionarios de la Diputación de Badajoz y algo inusual, como la práctica de una pericial, en concreto «el informe pericial que esta defensa ha encargado al profesor D. Xavier Boltaina Bosch, Profesor de Derecho del Trabajo y Empleo Público desde 1994 (Universidad Autónoma de Barcelona, entre 1994-2004; de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona entre 2004 y 2020, y de Derecho del Trabajo desde 2020) en la Universitat Oberta de Cataluña (total 31 años hasta el día de hoy), Non Resident Fellow – Universität Wien, quien además de su dilatada trayectoria académica tiene una amplia experiencia práctica en el funcionamiento de la Administración Local como Técnico Superior en Recursos Humanos de la Diputación de Barcelona, desde 1988 (nivel consolidado 30), y como Gerente de la Diputación de Barcelona entre los años 2011 y 2019».
El citado informe se refiere, según el mismo escrito, al «modus operandi generalizado de los correspondientes operadores jurídicos (Administraciones Púbicas, con particular enfoque en la Administración Local y sus Áreas de RRHH) en relación con el diseño y tramitación administrativa de sus RPT y modificación de sus puestos de trabajo, así como en el control y condiciones de desempeño del personal directivo profesional en régimen laboral de alta dirección».
Durante la declaración de Juana Cinta Calderón la juez instructora tuvo un encontronazo con la investigada, cuando esta segunda quiso explicarle a la juez algunas cuestiones sobre Derechos Administrativo.
