Los militares y sus representantes andan con la mosca tras la oreja y más tras su paso por el Congreso de los Diputados, donde fueron a reclamar la mejora de las condiciones laborales en las Fuerzas Armadas. En el Hemiciclo una delegación de las principales asociaciones profesionales militares –ASFASPRO, AUME y UMT–, que agrupan a oficiales, suboficiales y personal de tropa, mantuvo una serie de reuniones «cordiales» con portavoces de la Comisión de Defensa de distintos grupos parlamentarios para exponer dos reivindicaciones capitales: el reconocimiento de la «profesión de riesgo» y la actualización inmediata y sustancial de sus retribuciones.
Las citas, que contaron con la presencia de representantes de Vox, Junts y el Grupo Mixto (el diputado de UPN), sirvieron para poner de relieve el creciente descontento en el seno del ejército y la Marina, así como la urgente necesidad de «dotar de atractivo a la carrera militar». Las asociaciones advierten de que las precarias condiciones laborales han comenzado a pasar factura, cristalizando en un grave problema de falta de efectivos, donde las plazas ofertadas para el ingreso en las Fuerzas Armadas no logran cubrirse, algo que convierten en un misterio el supuesto rearme pregonado desde el Ministerio de Defensa que lidera Margarita Robles.
LA «CARRERA DE LAS ARMAS» BUSCA SER RECONOCIDA COMO PROFESIÓN DE RIESGO
La primera de las demandas esgrimidas por los militares es el reconocimiento oficial de su trabajo como «profesión de riesgo». Una catalogación que, si bien se antoja «algo evidente tratándose de la denominada ‘carrera de las armas'», requiere de un espaldarazo legislativo que, hasta la fecha, se ha demorado excesivamente.
Las asociaciones instaron a los diputados a acelerar la aprobación en el Congreso del proyecto de Ley presentado a tal efecto, siguiendo el ejemplo de lo que ya sucedió en el Senado. Este reconocimiento no es meramente simbólico, sino que conlleva una serie de beneficios y protecciones que los militares consideran esenciales y que ya disfrutan otros colectivos con exposición similar al peligro. Para los representantes militares, es incomprensible que el Estado, que somete a su personal a misiones de alto riesgo, tanto dentro como fuera de las fronteras, no le conceda formalmente dicha condición. La seguridad jurídica y el amparo de los profesionales que juran defender a la nación están en juego.
RETRIBUCIONES CONGELADAS: EL DILEMA DE LA INVERSIÓN DE DEFENSA
No menos importante, y quizás el punto que genera mayor fricción y malestar, es la persistente brecha salarial. Las asociaciones lamentan que los militares sigan siendo el patito feo en el escalafón retributivo de los funcionarios del Estado. Aunque se han producido «tímidas subidas» en los últimos años, estas son calificadas como insuficientes y no resuelven el problema de fondo.
La principal crítica de ASFASPRO, AUME y UMT se centra en la aparente contradicción en las prioridades gubernamentales: «El Consejo de Ministros aprueba semana tras semana partidas presupuestarias millonarias para la Industria de Defensa mientras los militares… continúan ignorados.» Esta desatención se produce, además, en un contexto de intensa actividad, donde los efectivos están «empantanados en todo tipo de misiones incluida la escolta de flotillas políticas», exponiéndose en diversos frentes sin una compensación económica acorde al riesgo y la dedicación.
Las cifras de la desigualdad son un dardo directo a la línea de flotación de las políticas de personal: «Seguimos muy lejos de las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y aún más del resto de ejércitos europeos.» Esta comparación, constante en el debate sobre la dignificación de la vida militar, subraya un trato diferencial dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.
EL MISTERIO DE LOS 679 MILLONES DE EUROS
Finalmente, las asociaciones no dudaron en plantear una pregunta que lleva tiempo rondando en los cuarteles y que ahora llega al corazón de la soberanía nacional: «¿Dónde está el sobre con los 679 millones de euros para el ‘aumento de las retribuciones del personal y aumento de efectivos de las Fuerzas Armadas’ que establece el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa?»
La mención a este fondo, que figura en documentos oficiales y compromisos estratégicos, implica una exigencia de transparencia y cumplimiento. Los militares demandan que los recursos comprometidos para la mejora de su capacidad económica y el crecimiento de la plantilla se materialicen de forma urgente, y no se queden en una mera promesa presupuestaria.
Según informan los militares, las reuniones concluyeron con el compromiso de los grupos parlamentarios de estudiar y llevar a debate las propuestas. No obstante, la presión de las asociaciones y el creciente malestar en las bases militares auguran que este tema será una constante en la agenda política del próximo periodo de sesiones. El Congreso tiene ahora sobre la mesa el desafío de dignificar una de las profesiones más esenciales y arriesgadas del Estado. Y solucionar el curioso caso de una fuerte inversión en material militar y logística y no tener militares por la escasez de sus sueldos y ser una profesión poco atractiva, en el tejado de Robles está la incomoda pelota que desde el Gobierno no hay interés por solucionar.
