Los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han elevado una contundente denuncia contra el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, tachando de «retraso, mala gestión y caos presupuestario» la asignación de los fondos destinados a los programas de Formación Profesional para personas trabajadoras. La crítica se ha producido tras la celebración, a mediados de octubre, de la Conferencia Sectorial, una reunión crucial para la distribución de estos recursos correspondientes al ejercicio 2025.
El principal foco de la controversia es el calendario. Los representantes autonómicos del PP reprochan al Ministerio haber convocado la Conferencia Sectorial en una fecha tan tardía para repartir unos fondos que, por ley, deberían estar comprometidos y en proceso de ejecución antes de que finalice el año. Esta situación, según el comunicado emitido por el partido, constituye un «serio obstáculo» para la correcta y eficaz puesta en marcha de los programas formativos. Los consejeros han calificado la intención del Ministerio de «improvisada y arbitraria» por intentar «cambiar las reglas de juego» y obligar a las CCAA a una adjudicación acelerada.
Otro punto de fuerte fricción es la reiterada ausencia de la ministra Pilar Alegría, de quien señalan que «está obligada a presidir» las conferencias sectoriales. Su falta en la mesa de diálogo, sumada al retraso en la convocatoria, ha sido interpretada por las comunidades del PP como una muestra de «falta de respeto» y desinterés por las necesidades formativas del país.
Ante el panorama, los responsables autonómicos han sido tajantes en sus demandas, exigiendo al Gobierno el estricto cumplimiento de la Ley General Presupuestaria. Reclaman que, a partir del próximo ejercicio, la distribución de los fondos se lleve a cabo «en el primer trimestre del año 2026», tal como indica la normativa, para ofrecer un marco de planificación estable y riguroso.
Asimismo, han insistido en la necesidad de que el Ejecutivo central muestre un mayor compromiso con la «flexibilidad en la ejecución de los fondos». Argumentan que solo mediante la adaptación a las demandas del «tejido productivo» será posible dotar a las personas de los perfiles profesionales adecuados y, consecuentemente, reducir la «holgura laboral que sigue creciendo día a día».
La Conferencia Sectorial concluye con un duro varapalo de las CCAA del PP al Gobierno, lamentando que su «compromiso de colaboración» en aras de garantizar que los fondos lleguen a desempleados y ocupados no encuentre «respuesta en un Gobierno que no atiende las necesidades de las CCAA». Un nuevo episodio de tensión política que pone en entredicho la gestión de la formación profesional de los trabajadores a nivel nacional.
EL LABERINTO DE LA FP PARA EL EMPLEO: DESAJUSTE, BUROCRACIA Y EL DESAFÍO DE LAS PYMES
La Formación Profesional para personas trabajadoras (FP para el Empleo) en España se enfrenta a un complejo cúmulo de desafíos que comprometen su eficacia como herramienta clave para la competitividad y la reducción del desempleo. El principal problema radica en un flagrante desajuste entre la oferta formativa y la demanda laboral, una paradoja que mantiene al país con altas tasas de paro mientras ocho de cada diez empresas, especialmente en el sector tecnológico, tienen serias dificultades para encontrar personal cualificado.
Expertos y empresarios coinciden en señalar que los planes de estudio no logran actualizar sus contenidos curriculares con la agilidad que exigen las nuevas realidades del mercado, como la transformación digital y las necesidades de la transición ecológica. Este desfase se traduce en una escasez crítica de profesionales con las competencias técnicas específicas y, a menudo, con carencias en las tan demandadas «soft skills» (trabajo en equipo, gestión y trato con el cliente).
A este problema de contenido se suma uno de estructura y gestión. A pesar de los esfuerzos por unificar el sistema, la fragmentación y la burocracia persisten. La gestión de los fondos y los procesos de acreditación de competencias a lo largo de la vida laboral son percibidos como lentos y farragosos, dificultando tanto la planificación de las administraciones como el acceso de los trabajadores a una formación rápida y relevante.
La baja implicación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es otro punto crítico. Si bien las grandes corporaciones suelen contar con recursos para participar en la Formación Profesional Dual, las PYMES, columna vertebral de la economía española, encuentran en el coste, la complejidad regulatoria y la falta de flexibilidad un obstáculo casi insalvable para ofrecer oportunidades formativas o para formar a sus propios empleados.
Finalmente, el sistema adolece de un desequilibrio formativo estructural, con un exceso de universitarios y un déficit de titulados en Grados Medios y Superiores, lo que sitúa a España por debajo de la media europea en cualificaciones intermedias. Abordar estos problemas requiere no solo una inyección de financiación, sino una reforma profunda y flexible que priorice la formación del profesorado y, sobre todo, que consiga la sincronía real entre el aula (o el centro de formación) y el taller (o la empresa).
