El estrepitoso fracaso de la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre Banco Sabadell ha tenido un eco inmediato en el tablero político español. A pesar del tono tecnocrático con el que se quiso presentar la operación, lo cierto es que sus consecuencias políticas y territoriales han sido palpables desde el primer momento.
El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, solo ha logrado convencer al 25,47% del accionariado del Sabadell, muy lejos del 50% que se había fijado como umbral mínimo. El resultado no solo dinamita una de las mayores operaciones bancarias en años, sino que reconfigura alianzas y tensiones entre partidos con intereses contrapuestos.
En Cataluña, el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, no ha ocultado su satisfacción por el desenlace. Desde el primer momento, el Govern mostró su preocupación ante una operación que habría supuesto una probable reducción de plantilla, cierre de oficinas y una debilitación del tejido bancario en el Mediterráneo.
El fracaso de la OPA supone, en consecuencia, un balón de oxígeno para el tejido empresarial catalán, y una victoria política para el PSC, que puede anotarse un tanto en la defensa de los intereses económicos del territorio. En Madrid, La Moncloa tampoco disimuló su incomodidad con la maniobra del BBVA.
Aunque no llegó a pronunciarse de forma tajante, fuentes del Gobierno reconocen que existía una «preocupación evidente» por el impacto social de la operación. Desde el ala más a la izquierda, tanto Sumar como Podemos celebraron abiertamente el fracaso.
La vicepresidenta Yolanda Díaz había sido una de las voces más críticas, alertando sobre los riesgos de concentración bancaria en un mercado ya excesivamente oligopolizado. En ese contexto, la falta de apoyos políticos pesó como una losa sobre las aspiraciones de Torres Vila.
Más ambigua ha sido la postura del PNV. El partido vasco ha optado por un perfil bajo, dividido entre su vocación histórica de apoyo al desarrollo económico de Euskadi, el BBVA tiene su sede fiscal en Bilbao, y la incomodidad de verse respaldando una operación que afectaba de lleno a una entidad catalana.
Aunque su presidente Aitor Esteban se mostró favorable al proceso por sus efectos positivos en la competitividad del sistema financiero vasco, en las bases del partido existía una gran disconformidad. El nacionalismo vasco mantiene desde hace décadas una relación de respeto con Cataluña, y muchos militantes consideraban desleal apoyar la absorción del Sabadell.
Más complejo ha sido el caso del Partido Popular. En lo económico, la dirección nacional es partidaria de las operaciones de concentración bancaria, al entender que fortalecen al sector frente a los grandes grupos europeos y mejoran la eficiencia del sistema financiero. Sin embargo, en el plano político, el PP optó por una prudente distancia.
Su líder, Alberto Núñez Feijóo, evitó pronunciarse públicamente, consciente de la impopularidad de la operación en Cataluña, donde el ‘barón popular’, Alejandro Fernández, había expresado su oposición. Esa tensión entre lo ideológico y lo electoral ha dejado al partido en una posición incómoda, y el fracaso de la OPA no ha sido bien recibido en Génova, donde se teme que se interprete como un triunfo de las tesis intervencionistas del Gobierno.
UN REVÉS QUE DEBILITA A TORRES VILA
En cuanto al propio BBVA, el golpe ha sido contundente. Carlos Torres Vila, que había hecho de esta operación el eje de su estrategia para los próximos años, ve ahora cuestionado su liderazgo tanto en los mercados como dentro de la entidad. La operación se presentó como «oportuna, sólida y beneficiosa para ambas partes», pero la respuesta ha sido un sonoro rechazo.
La CNMV confirmó que la oferta no seguirá adelante por no haber alcanzado el nivel mínimo de aceptación, y en el entorno del banco ya se habla de la necesidad de «recomponer el relato y calmar los ánimos».
Para intentar contener los efectos, el BBVA ha anunciado que reactivará su plan de retribución al accionista. El próximo 31 de octubre iniciará una recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros, y el 7 de noviembre abonará un dividendo récord de 0,32 euros por acción. Con ello, pretende enviar un mensaje de fortaleza al mercado y pasar página cuanto antes.
Además, no se descarta una nueva operación de recompras si el Banco Central Europeo da luz verde. Pero más allá de la estrategia financiera, lo cierto es que esta fallida OPA ha reabierto un debate sobre el modelo bancario, el equilibrio territorial y la relación entre la economía y la política en España. Lo que pretendía ser una jugada maestra en el tablero financiero ha terminado siendo un revés político y reputacional para uno de los principales bancos del país.
