Al cumplirse el primer aniversario de la aprobación y entrada en vigor de la Ley que garantiza la atención integral a las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP), ha puesto en marcha una campaña de presión sin precedentes, exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez la inmediata dotación de la financiación necesaria para su aplicación efectiva. La consigna que articula esta ofensiva es clara y perentoria: «La ELA no espera».
La estrategia del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo es llevar el debate político sobre el cumplimiento de la Ley ELA más allá de las Cortes Generales, trasladando la disputa a la esfera local. A partir de este mes de octubre, el PP presentará una moción plenaria en todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales de España. El objetivo, según fuentes de la formación, es obligar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a posicionarse públicamente en cada rincón del país, decidiendo si respaldan la postura del Ejecutivo o, por el contrario, exigen la respuesta debida a los enfermos y sus familias.
ESTANCAMIENTO FINANCIERO: 230 MILLONES EN EL LIMBO
El núcleo de la denuncia popular radica en lo que califican como una «falta de voluntad política» por parte del Gobierno. La Ley ELA, una norma aprobada por unanimidad parlamentaria, está diseñada para garantizar derechos fundamentales y servicios asistenciales, incluyendo el acceso a cuidadores y terapias especializadas, que son vitales para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, su materialización está supeditada a una partida presupuestaria que, según los cálculos de la oposición, asciende a 230 millones de euros.
El PP asegura que, un año después de la entrada en vigor del texto, este dinero no se ha consignado. En su lugar, el Ejecutivo ha ofrecido una subvención directa de apenas 10 millones de euros a una única asociación, una cifra que la oposición considera irrisoria y del todo insuficiente para cubrir las necesidades estructurales de la ley a nivel nacional.
La formación conservadora ha puesto el foco en la capacidad financiera demostrada por el Gobierno en otras áreas. Denuncian que, hasta el pasado 31 de agosto, el Ejecutivo de coalición habría ejecutado modificaciones de crédito por un valor superior a los 33.000 millones de euros. Este contraste entre la holgura presupuestaria para otras partidas y la «tacañería» para la Ley ELA es la principal baza argumental de la campaña. «El Gobierno podría haber recurrido a un crédito extraordinario o al Fondo de Contingencia para sufragar los 230 millones necesarios. Su inacción solo demuestra indiferencia ante una enfermedad cruel», afirmó un portavoz del partido.
OFENSIVA EN LAS CÁMARAS
La movilización municipal es solo una parte de la estrategia. En paralelo, el PP intensificará su labor de fiscalización y propuesta en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
En la Cámara Baja, el partido presentará una nueva Proposición no de Ley (PNL) —que se suma a las dos ya aprobadas y supuestamente incumplidas— para exigir al Gobierno que garantice que los avances y derechos contemplados en la Ley ELA se implementen «de forma efectiva, con carácter retroactivo desde la entrada en vigor de la referida norma y en condiciones de equidad real y plena accesibilidad para la totalidad de los afectados en toda España».
En el Senado, la formación exigirá explicaciones directas a la ministra de Sanidad, buscando esclarecer los motivos del bloqueo presupuestario y el calendario previsto para la dotación económica.
La urgencia del eslogan, «La ELA no espera,» subraya el carácter degenerativo e implacable de la enfermedad. La esperanza de vida media desde el diagnóstico de ELA es de apenas tres a cinco años, lo que convierte cada día de retraso en la financiación de los cuidados en una pérdida irrecuperable de calidad de vida para el paciente y una carga insostenible para sus familias y cuidadores. El PP busca evitar que las reivindicaciones de este colectivo caigan en el olvido, una situación que, aseguran, ha sido la tónica de la Administración central durante el último año.
HISTORIAL DE BLOQUEO Y RESPUESTAS REGIONALES
La Ley, que gozó de un respaldo unánime, no tuvo un camino fácil hasta su aprobación. El Partido Popular ha recordado que el trámite legislativo se vio demorado por el propio Gobierno que, a través de la Mesa del Congreso dirigida por la socialista Francina Armengol, llegó a aplicar hasta 48 ampliaciones del plazo de enmiendas, lo que dilataba su debate y entrada en vigor.
Ante lo que la oposición percibe como una «dejación» del Ejecutivo central, han puesto en valor las respuestas dadas por las comunidades autónomas donde gobiernan. Estas administraciones, sin esperar la financiación nacional, han implementado medidas directas para aliviar la presión sobre los enfermos de ELA y sus familias. Entre estas iniciativas destacan:
- Deducciones Fiscales y Ayudas Directas: Programas de apoyo económico para facilitar la adquisición de material y la contratación de personal.
- Proyectos Piloto: Iniciativas como el proyecto de asistente personal en Andalucía.
- Infraestructuras Especializadas: La creación del primer centro especializado de atención diurna para pacientes de ELA en la Comunidad de Madrid.
En resumen, la campaña nacional del PP marca un punto de inflexión político, transformando el incumplimiento de una ley de consenso social en un caballo de batalla territorial. La exigencia es clara: dotar de inmediato los 230 millones de euros para la Ley ELA, una medida que, insisten, debe ir acompañada de un posicionamiento claro del PSOE en todos los niveles de la Administración.
