En un auto recogido en el sumario del caso Leire Díez, el juez de Instrucción 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, sostiene que los hechos «se trata de una misma actuación delictiva, continuada y coordinada, que lidera la señora Leire Díez Castro en relación, al menos, con los señores Javier Pérez Dolset y Pere Ruiseñor Costa, consistente en recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción».
Dice el juez que esta información sería «a cambio de favores procesales o profesionales fundamentalmente, con la finalidad de anular o malbaratar las investigaciones de ambas instituciones en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios por los que muestran interés los denunciantes».
El juez instructor respondia así positivamente a la petición del fiscal para acumular todas las causas contra la considerada «fontanera» del PSOE en una misma causa, al igual que todas las denuncias recibidas contra ella en los juzgados de Madrid.
Añadía el juez que «sin que la acumulación dé lugar a una gran macrocausa que impida su normal tramitación, apareciendo cuanto menos María Leire Díez Castro implicada en unos y otros hechos, y sin que tales razones prácticas de operatividad, justifiquen la tramitación de distintos procedimientos, por lo que el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal debe ser estimado al entender que se encuentra suficientemente justificado en tales razones prácticas la acumulación».
Además, el auto judicial dice que «en este caso, la tramitación separada no se justifica y en caso de seguirse causas separadas pudieran dictarse fallos contradictorios, además que muchas de las pruebas pueden ser comunes, respondiendo a un plan en el que se pudieran enmarcar los hechos investigados en ambos procedimientos».
El auto iba en contra del dictamen de la Fiscalía Provincial de Madrid e incorpora a la causa las denuncias realizadas por los fiscales Grinda y Stampa.
El juez cita a los imputados Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Pere Ruiseñor para que presten declaración el 11 de noviembre de 2025 a las 13.00 horas. Por tanto, deja sin efecto la declaración que el empresario Pérez Dolset ya había prestado anteriormente como testigo. al adquirir la condición de imputado.
También cita el juzgado a los fiscales Grinda González y Stampa Fuente para que presten declaración como testigos el 5 de noviembre a las 12.00 horas.
La causa arrancó antes del verano cuando se conocieron los audios en los que se la escucha a Leire Díez ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía. Desde entonces a los imputados se le acusa de los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid ya ha tomado declaraciones como testigos al abogado Jacobo Teijelo -que actualmente defiende al exdirigente socialista Santos Cerdán-, y al comandante de la Guardia Civil investigado en el ‘caso Koldo’ Rubén Villalba.
El juez no admitió las denuncias por «el supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos» en relación con «con el ofrecimiento de fotos íntimas de un fiscal a un diario, ya que para proceder por dicho delito es necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal». Finalmente esa denuncia ya llegó.
El instructor apunta que, en la denuncia, se viene a alegar que Díez, «a la sazón militante del PSOE, recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la UCO sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas». «En base a ello, Díez se reunió en el mes de febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario acusado por un presunto delito de fraude de hidrocarburos», explica el juez.
LEIRE DÍEZ EN LA REUNIÓN
En dicha primera reunión, añade, estaban también presentes el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. «La denunciada ofreció a Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO», apunta el juez.
El magistrado afirma que la denuncia de la asociación Hazte Oír, a la que se refiere, recogía que Díez se reunió en el mes de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el ‘caso Koldo’, «para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para desmontar la Guardia Civil y echar por tierra las causas judiciales que afectan al partido socialista».
Además de las mencionadas citaciones, el juez también llama el 11 de noviembre al abogado de Hazte Oír para ofrecerle acciones y a los periodistas que se hicieron eco de los audios en los que Díez ofertaba los favores judiciales a fin de tomarles declaración como testigos.
Se trata del segundo juzgado madrileño que abría una causa sobre las actividades de la exmilitante socialista, tras el Juzgado de Instrucción Número 2, que inició diligencias por presunto tráfico de influencias después de una denuncia de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). Ahora esas diligencias se han reunido en el número 9.
Además de esas dos denuncias, hubo otras que fueron repartidas pero que fueron sumadas a ea misma causa, la de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en el 26 y la de Iustitia Europa en el 44.
LA «FONTANERA» DEL PSOE
Díez fue teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas (Cantabria), apoyó a Pedro Sánchez en campañas de redes sociales y fue directora de Relaciones Institucionales para Correos a propuesta de Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete del líder del PSOE.
La ex militante socialista encuadró el contenido de los audios en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado, «en ningún caso en nombre de nadie ni en representación de nadie». «Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE», aseguró ante la Prensa a principios de junio de 2025.
