Franco y su gobierno enfrentaron el 17 de enero de 1966 una crisis sin precedentes cuando dos aeronaves militares estadounidenses colisionaron sobre Palomares, una pequeña localidad almeriense de apenas 600 habitantes. El bombardero estratégico B52 transportaba cuatro bombas termonucleares de 1,5 megatones cada una, 75 veces más destructivas que la de Hiroshima, que cayeron sin detonar sobre campos de cultivo y aguas mediterráneas. La dictadura franquista activó de inmediato un operativo de censura y propaganda para evitar el pánico internacional y proteger la imagen turística de España, mientras miles de soldados estadounidenses desplegaban el denominado Campamento Wilson para buscar los artefactos dispersos.
La magnitud del desastre nuclear quedó oculta durante semanas bajo estrictas órdenes del régimen autoritario. Dos de las cuatro bombas se rompieron al impactar contra el suelo, liberando aproximadamente nueve kilogramos de plutonio que contaminaron 226 hectáreas de terreno agrícola, zonas urbanas y matorrales. Los vecinos de Palomares continuaron sus labores diarias sin protección radiológica durante ocho días, expuestos a niveles letales de radiación sin recibir información alguna sobre el peligro real que enfrentaban sus familias y sus cultivos.
EL PACTO SECRETO ENTRE MADRID Y WASHINGTON
El accidente nuclear desencadenó negociaciones urgentes entre el gobierno español y las autoridades estadounidenses para gestionar la crisis sin alertar a la opinión pública internacional ni a la Unión Soviética. La operación Chrome Dome, programa de alerta constante que mantenía bombarderos nucleares sobrevolando Europa durante la Guerra Fría, había provocado su primer gran desastre en territorio español. Ambos gobiernos acordaron minimizar públicamente la gravedad del incidente mientras desplegaban una masiva operación de descontaminación que involucró a más de 1.600 efectivos militares norteamericanos trabajando bajo condiciones de máximo secreto en suelo almeriense.
La censura impuesta por la dictadura confiscó periódicos extranjeros e impidió que los medios nacionales informaran con precisión sobre la naturaleza radiactiva del accidente. Solo cuando radios independientes filtraron la noticia y la prensa internacional comenzó a publicar detalles alarmantes, el régimen se vio obligado a cambiar de estrategia. Las autoridades españolas emitieron comunicados destacando las labores científicas de descontaminación y la supuesta colaboración eficaz con Estados Unidos, aunque ocultaron que el plutonio dispersado permanecería activo durante miles de años en el subsuelo almeriense.
LA OPERACIÓN PROPAGANDÍSTICA DE FRAGA
Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo del gabinete franquista, protagonizó el 7 de marzo de 1966 la imagen más icónica y controvertida del incidente nuclear. Acompañado por el embajador estadounidense Angier Biddle Duke, el político gallego se sumergió en las aguas de la playa de Quitapellejos ante cámaras de todo el mundo para demostrar que no existía peligro de contaminación radiactiva en la zona costera. El chapuzón de Fraga, con su característico bañador de talle alto, dio la vuelta al planeta y se convirtió en el símbolo de una estrategia comunicativa destinada a tranquilizar a los turistas europeos que planeaban sus vacaciones en el litoral español.
La efectividad propagandística del baño ministerial ocultó durante décadas la realidad científica del desastre ambiental. Mientras Fraga posaba sonriente saliendo del mar Mediterráneo, submarinos estadounidenses navegaban frenéticamente bajo esas mismas aguas buscando la cuarta bomba perdida, que había caído a 870 metros de profundidad y no sería recuperada hasta 80 días después. La operación de búsqueda submarina fue la más compleja hasta ese momento en la historia militar estadounidense, requiriendo tecnología de última generación y el testimonio crucial de un pescador local, Francisco Simó, apodado Paco el de la Bomba.
CENSURA Y MENTIRAS BAJO EL RÉGIMEN
La dictadura española implementó un sistema férreo de control informativo que impedía a los ciudadanos conocer la verdadera dimensión de la catástrofe nuclear. El régimen confiscó publicaciones extranjeras en las fronteras y obligó a los medios nacionales a reproducir únicamente los comunicados oficiales que minimizaban la gravedad del accidente. Los habitantes de Palomares permanecieron ajenos al nivel real de contaminación radiactiva que afectaba sus hogares, campos y familias, mientras las autoridades franquistas difundían una versión desenfadada de los hechos para preservar los intereses económicos del incipiente turismo español en plena expansión desarrollista.
La estrategia comunicacional dictatorial alcanzó su máxima expresión cuando el régimen organizó actos públicos con personalidades que visitaban la zona contaminada sin equipamiento de protección. La duquesa de Medina-Sidonia participó en eventos propagandísticos diseñados para proyectar normalidad y seguridad en Palomares. Sin embargo, la realidad científica contradecía el discurso oficial porque los técnicos estadounidenses retiraron toneladas de tierra contaminada que fueron trasladadas a Carolina del Sur, reconociendo implícitamente que la zona presentaba niveles peligrosos de radiación que el gobierno español se empeñaba en negar públicamente.
LA CONTAMINACIÓN QUE PERSISTE MEDIO SIGLO DESPUÉS
El plutonio dispersado en 1966 continúa contaminando aproximadamente 40 hectáreas de terreno almeriense casi seis décadas después del accidente nuclear. Los estudios científicos estiman que una quinta parte del material radiactivo original permanece en el subsuelo, convirtiéndose gradualmente en americio, un elemento aún más tóxico y perjudicial para la salud humana. Los habitantes de Palomares han convivido durante generaciones con la amenaza invisible de la radiación mientras sucesivos gobiernos españoles y estadounidenses han ido posponiendo planes completos de descontaminación que garanticen la seguridad definitiva de la población local.
La negligencia institucional y la falta de transparencia han marcado la gestión del desastre durante décadas. Estados Unidos y España firmaron diversos acuerdos desde 1966 para limpiar la zona contaminada, pero los resultados han sido dispares y claramente insuficientes. En 2015 ambos gobiernos alcanzaron un nuevo compromiso para retirar tierra radiactiva y transportarla a territorio estadounidense, reconociendo finalmente que el problema ambiental persiste sin resolverse completamente. Los vecinos de Palomares siguen reclamando justicia y soluciones definitivas para un accidente que Franco y Washington intentaron enterrar bajo capas de propaganda y mentiras oficiales.
EL LEGADO RADIACTIVO DE UNA DICTADURA
La gestión del accidente nuclear reveló las características más oscuras del régimen franquista en materia de transparencia y protección ciudadana. La subordinación del gobierno español a los intereses estratégicos estadounidenses durante la Guerra Fría permitió que miles de militares extranjeros operaran libremente en territorio nacional sin rendir cuentas a la población afectada. El Francisco Franco que había construido su imagen como protector de la nación española demostró su disposición a sacrificar la salud de ciudadanos almerienses para mantener privilegiadas relaciones diplomáticas con Washington y evitar el escrutinio internacional sobre las consecuencias del accidente radiactivo.
Las víctimas del incidente nuclear de Palomares nunca recibieron compensaciones adecuadas ni atención médica especializada para monitorear posibles efectos de la exposición radiactiva. El silencio impuesto por la dictadura franquista impidió durante años que los afectados conocieran sus derechos o exigieran responsabilidades a las autoridades. La democracia española heredó un problema ambiental sin resolver y la obligación moral de esclarecer completamente las consecuencias sanitarias y ecológicas de aquella mañana de enero cuando cuatro bombas nucleares cayeron sobre un pueblo que nunca debió convertirse en escenario del terror atómico de la Guerra Fría.
