El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha dado un paso firme en el epicentro de la crisis institucional española al registrar en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica. El objetivo es cristalino y urgente: modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean, según el lema que enarbola el partido, «los jueces quienes elijan a los jueces».
La iniciativa busca desatascar la parálisis del órgano de gobierno de los jueces y, simultáneamente, alinearse con los más exigentes estándares de independencia judicial en Europa, recogiendo las reiteradas advertencias y recomendaciones emitidas por instituciones clave como el Consejo de Europa y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
El COMPROMISO INCUMPLIDO Y LA PROPUESTA DE REFORMA
El registro de esta proposición no es casual. El Grupo Parlamentario Popular justifica su acción en la necesidad de dar cumplimiento a una disposición adicional pactada previamente con el PSOE en el marco de la Ley Orgánica 3/2024. Según el PP, este acuerdo, que preveía la modificación del sistema de elección, ha sido obstaculizado por la resistencia del Gobierno de Pedro Sánchez a avanzar en la despolitización del órgano.
La reforma propuesta por el PP defiende un diseño específico para el CGPJ, que mantendría los veinte vocales, pero bajo un nuevo paradigma de selección:
- Doce Vocales Judiciales: Serán jueces o magistrados en servicio activo, elegidos exclusivamente por sus pares a través de un voto personal, libre, igual, directo y secreto en una lista abierta única para todo el territorio nacional.
- Ocho Vocales Juristas: Serán juristas de reconocida competencia y serán elegidos, tal como dicta la Constitución, por el Congreso de los Diputados y el Senado.
Una de las cláusulas más significativas de la propuesta busca cortar de raíz las «puertas giratorias» que han socavado la credibilidad del Poder Judicial. Se establece como causa de inelegibilidad el haber ostentado previamente un cargo político, buscando blindar la independencia de los futuros vocales judiciales frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
LA PRESIÓN DE BRUSELAS Y ESTRASBURGO
El PP subraya que su propuesta no es una mera maniobra política, sino un imperativo europeo. Las conclusiones de organismos supranacionales han sido taxativas, poniendo el foco directamente en la participación política en la elección de la judicatura.
«las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo, no deben participar en ninguna fase del proceso de selección»
El informe del GRECO ha mostrado su «máxima preocupación» por la falta de modificación del sistema. De manera similar, la Comisión Europea, en su Informe sobre el Estado de Derecho en España, ha sido explícita al señalar que los jueces «deben ser elegidos por sus pares» y que «las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo, no deben participar en ninguna fase del proceso de selección».
La voz más reciente de alarma proviene de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa), que en su último informe de este mes advirtió que la única vía para que la elección de candidatos judiciales cumpla con los estándares europeos es mediante la «votación entre pares».
Con este proyecto de ley, la dirección nacional del Partido Popular busca romper la «imagen de politización de la Justicia» que, argumentan, se ha visto acentuada por escándalos recientes, como el uso partidista del fiscal general del Estado o los nombramientos de miembros del Ejecutivo en instituciones clave como la Fiscalía o el Tribunal Constitucional. El registro de la ley es, para el PP, la única vía para asegurar la independencia judicial y restablecer la confianza en el Estado de Derecho español.
