El prestigio de Mari Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, se tambalea por la crisis en los centros de atención a la discapacidad. Lo que hasta hace poco era reconocido como un trabajo comprometido en favor de los migrantes, la inclusión y la atención social, hoy se ve ensombrecido por un escándalo que crece día a día.
Las denuncias de precariedad, errores en las nóminas y falta de personal en los centros gestionados por Grupo 5–Clariane, filial del gigante francés Korian, han encendido todas las alarmas en la Comunidad Foral.
Desde finales de 2024, en Navarra se ha generado un gran malestar por la gestión de los servicios públicos de atención a la discapacidad. Lo que comenzó como quejas aisladas por parte de trabajadores se ha convertido en una ola de enfado. Maeztu, por ahora, parece mirar hacia otro lado mientras fondos internacionales hacen negocio con dinero público.
KORIAN
En 2019, el grupo francés Korian —especializado en la gestión de residencias y centros sociosanitarios— desembarcó en España, su quinto mercado europeo tras Francia, Alemania, Bélgica e Italia. Su expansión se consolidó en 2023 con la compra del Grupo 5, una empresa española con más de 3.200 trabajadores y presencia en quince comunidades autónomas.
Desde entonces, el conglomerado opera bajo la marca Grupo 5–Clariane, gestionando centros de salud mental, discapacidad, mayores y atención social. Sin embargo, la entrada de Korian en Navarra no tardó en generar polémica.
Más del 80% de las personas con gran discapacidad en la comunidad están bajo la gestión del grupo francés, según datos sindicales. Lo que se presentaba como una oportunidad para profesionalizar y ampliar la atención, se ha transformado en un modelo criticado por su enfoque mercantilista y su impacto negativo tanto en los trabajadores como en los usuarios.
La chispa saltó en el Caidis Valle del Roncal, un centro concertado con el Gobierno de Navarra. A través de una carta pública, tres trabajadores —Fernando Zoco, Graciela Da Cunha y Carmen Rubio— denunciaron la «falta de rigor» en la gestión de Grupo 5–Clariane: errores continuos en las nóminas, retrasos en los pagos y una alarmante falta de sustituciones.
«Tampoco podemos normalizar que cada vez que falta alguna persona trabajadora no se le sustituya. Hay casos donde se comunica esa ausencia con muchos días de antelación y ahí es donde surge la extrañeza de por qué no hay otra persona en su lugar sustituyéndola», aseguran,
El modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP), piedra angular de la filosofía asistencial de los centros, no puede cumplirse con menos personal del necesario, lamentan. En la práctica, el ahorro en costes laborales ha derivado en una precarización que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los usuarios.
MUERTE
El 29 de noviembre de 2024, la muerte de un residente en el centro La Atalaya de Tudela, también gestionado por Grupo 5, destapó la gravedad del problema. Según denunciaron los trabajadores, los cuatro residentes del módulo donde vivía el fallecido se encontraban sin supervisión alguna en el momento del suceso, ya que el cuidador asignado fue enviado a cubrir otra ausencia.
El caso, conmocionó a las familias y encendió la indignación de los empleados. Las críticas no se dirigieron solo a la empresa, sino también al Ejecutivo foral. Desde entonces, la gestión de Maeztu ha sido cuestionada por su falta de reacción y por mantener los contratos con una empresa señalada por su política de recortes.
HUELGA
La situación estalló definitivamente a comienzos de 2025. Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT convocaron una huelga del 26 de febrero al 1 de marzo, reclamando un convenio digno para los 2.000 profesionales del sector que atienden a unas 700 personas con discapacidad. Exigen una subida salarial del 2% por encima del IPC, reducción de jornada, complementos de turnos y mejoras en salud laboral.
«Esta movilización es un paso más en la lucha por la dignificación de un sector esencial. No pararemos hasta que se garantice un convenio justo», declararon las trabajadoras frente al Palacio de Navarra. La protesta no solo busca mejorar las condiciones laborales, sino también replantear un modelo que convierte la vulnerabilidad en negocio.
SILENCIO
El Gobierno de María Chivite, y en particular la consejera Maeztu, han mantenido una posición discreta. No ha habido dimisiones ni medidas visibles para revertir la situación, más allá de declaraciones formales sobre la necesidad de «dialogar con las partes».
Pero ese silencio se ha interpretado como connivencia con las multinacionales del cuidado, un reproche especialmente duro para una consejera que ha construido su carrera en torno a la defensa de los derechos sociales.
Hasta ahora, Maeztu había sido una de las figuras más respetadas del Ejecutivo foral. Su trayectoria, marcada por el impulso a las políticas de inclusión de migrantes y la lucha contra la pobreza, se ha visto comprometida por un conflicto que pone en cuestión el modelo de privatización de servicios sociales en Navarra.
El mismo sector que debía representar la excelencia del Estado del bienestar navarro se ha convertido en un símbolo de precariedad y deshumanización. Más allá de las responsabilidades políticas inmediatas, el escándalo ha abierto un debate profundo sobre la gestión de los servicios sociales. La demanda de muchos trabajadoras es clara: expulsar a los fondos buitre del ámbito del cuidado.
Mientras tanto, muchas de las familias de los usuarios viven entre la preocupación y la indignación. Los centros continúan funcionando, pero con plantillas agotadas y un clima de desconfianza que crece cada semana. En el centro Las Hayas, también gestionado por Grupo 5, se repiten las quejas.
