El coronel Rafael Yuste, actual jefe de la Unidad Central Operativa, ascenderá a General de Brigada el próximo mes de julio de 2026 e incluso quizás antes si el Gobierno así lo decide. Nadie duda de que el ascenso es seguro porque tiene la mejor puntuación de la terna de coroneles aspirantes al generalato. Su salida de la UCO puede darle respiro al Gobierno y más al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que puede nombrar libremente a su sustituto/a.
A primeros de octubre el senador del Partido Popular (PP) Fernando Martínez-Maíllo interpelaba al ministro del Interior en la sesión de control al Gobierno en el Senado a principios de octubre para saber si cree su ministerio que «sus criterios en las decisiones sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado responden a la protección y eficacia en el trabajo de las mismas», instó a Marlaska a «dejar en paz a la UCO. El titular de Interior respondió al PP acusándolo de hacer precisamente antes lo que ahora reclamaba que no se hiciese.
Los populares vienen denunciando un intento continuado del Gobierno de «silenciar» a la UCO con el cambio en su dirección, dado que el coronel Rafael Yuste, nombrado jefe de esta unidad en junio de 2023, podría pasar a ser nombrado general tras completar el curso para ascender en la cúspide de la Guardia Civil, y ello provocaría un relevo, para el que todavía no hay fecha, en la dirección de la unidad.
LA UCO COMO POLICÍA JUDICIAL
Algunas informaciones publicadas esta semana pasada, como la adelantada por el diario El Mundo, recogían la inquietud entre los mandos de la Benemérita a que el relevo del coronel Yuste sea más permeable con sus mandos políticos de lo que ha sido Yuste, bajo cuyas órdenes la UCO siempre ha actuado en su estricto papel de policía judicial en los casos que investiga.
Además, la oposición preguntó también antes del verano al Gobierno por el antecesor de Rafael Yuste, el actual General de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), Alfonso López Malo. El PP quería saber por qué el Gobierno intenta trasladar fuera de España al general López Malo y los criterios seguidos.
Desde el Gobierno respondieron por escrito en septiembre que: «Los mandos de la Guardia Civil tienen derecho a solicitar su promoción, ameritando para ello lo establecido en la normativa, y no son obligados a promocionar por el Gobierno ni por la Dirección General de la Guardia Civil». «La UCO de la Guardia Civil actúa como policía judicial, siguiendo las instrucciones de los jueces y fiscales que dirigen las investigaciones, y en las que el Gobierno no interfiere», añadió el Gobierno.
El coronel Yuste fue número 1 de su promoción y completó de manera sobresaliente el curso para ascender a General de Brigada junto a otros coroneles durante el pasado mes de julio, aunque no todos pueden ascender. La Guardia Civil sigue una serie de criterios objetivos que puntúan y todos los coroneles tienen acceso a esas puntuaciones que son públicas, de manera que todos pueden conocer quienes serán los elegidos para cubrir las plazas de generales. Habitualmente son cinco los candidatos propuestos por la Dirección General de la Guardia Civil, pero la decisión final depende del ministerio del Interior y del ministerio de Defensa.
Por eso cuando Interior decidió hace cuatro años no ascender a los coroneles Diego Pérez de los Cobos y Manuel Sánchez Corbí, que eran los primeros de sus respectivas promociones, el escándalo fue notable. Marlaska decidió ascender al primero, al sexto y al octavo de la promoción siguiente.
Sánchez Corbí fue el primer perjudicado por esta discrecionalidad cuando llegó Grande-Marlaska. Era el coronel de la UCO cuando se filtró un correo electrónico suyo en el que se quejaba de la falta de fondos reservados y denunciaba que se iban a paralizar operaciones. La publicación del correo provocó que Marlaska destituyera a Sánchez Corbí al frente de la UCO, unidad que en esos momentos investigaba casos de corrupción importantes.
Al año siguiente Marlaska protagonizó de nuevo un escándalo al cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos, que había sido clave en las actuaciones del procés en Cataluña. Pérez de los Cobos se negó a informar al ministro de una investigación judicializada sobre el papel del Gobierno durante la pandemia del Covid y por tanto, la investigación solo estaba a disposición del juez instructor. El coronel recurrió a la Audiencia Nacional que acabó dando la razón a Interior y luego reclamó el ascenso a general. El Tribunal Supremo le dio la razón, pero si el coronel reclamaba la ejecución de la sentencia suponía que uno de los generales ya nombrados volvería a su anterior rango.
Pérez de los Cobos renunció voluntariamente a reclamar el generalato al que tenía derecho para no perjudicar a uno de los generales ya nombrados, Francisco Javier Sánchez Gil, Arturo Prieto o Antonio Rodríguez Medel y pidió el archivo de sus propios recursos. La renuncia no era poca cosa porque la pensión de un coronel y de un general tienen sustanciosas diferencias.
En el caso del coronel Yuste es normal la inquietud del Gobierno porque se ha mostrado inflexible en cualquier intento político de conocer anticipadamente las conclusiones de lo informes que su unidad elabora para diferentes juzgados, donde están investigados Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno o David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, entre otros.
No obstante, todavía no hay fecha asignada para un relevo, ya que depende de procesos internos dentro de la Guardia Civil. Los generalatos que quedarán libres son dos en Madrid y dos en Valencia.
Pero con su traslado fuera de la unidad quizás el Gobierno no gane gran cosa porque en la UCO se queda el tecol (teniente coronel) Antonio Balas, jefe de la UAFAC, bajo cuyo mando están los equipos que investigan los casos de la Fiscalía Anticorrupción. Por edad, a Balas le toca también ascender a coronel en 2026 y, evidentemente, cambiar de destino.
Cuando el Gobierno entendió que no se podía llegar a Yuste por medio de la exigencia política lo intentó con un superior militar, el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Benemérita, el general Manuel Llamas. La situación de tensión entre el DAO y la UCO comenzó con el estallido del caso Koldo en febrero de 2024. Los informes de la UCO ya apuntaban entonces escenarios comprometidos para el PSOE y el ex ministro Ábalos. Su posterior procesamiento ante el Supremo agravó la situación.
Las aguas tampoco se calmaron cuando comenzó el caso Begoña Gómez, aunque el primer informe de la UCO era bastante frío sobre los contratos de Barrabés. La imputación de David Sánchez, hermano del presidente, y el último informe UCO sobre Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, terminaron de incentivar los intentos de saber lo que se cocía en las cocinas de la Unidad por parte de Llamas. Pero los mandos de la UCO se mantuvieron firmes frente a él y no cedieron a varios intentos.
Habrá que ver si el nuevo jefe/jefa de la UCO mantendrá el espíritu de Yuste o cederá a las presiones.
