Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en la provincia ha presentado por medio de su abogado un escrito de defensa en el que alega que cuando David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue contratado por la Diputación que presidía no lo conocía de nada. El abogado de Garrido pide la libre absolución en el acto de juicio para su defendido.
«Desde luego, negamos categóricamente -con toda la vehemencia de que esta representación procesal es capaz- que mi defendido haya participado en ninguna actuación constitutiva de delito; sentado ello, en las líneas siguientes se dará cumplida respuesta a las imputaciones que realiza la acusación popular», comienza el escrito de defensa de Gallardo.
El escrito continúa recogiendo que «evidentemente, ni antes del 11 de octubre de 2025, ni en ninguna otra fecha, D. Miguel Ángel Gallardo Miranda decidió la creación de ningún puesto en la Diputación Provincial de Badajoz, cometido reservado al Pleno de la Corporación. Lo que sí hizo es, en la reunión que el equipo de gobierno mantuvo en Valdivia en los días 10 y 11 de octubre de 2016 -y no antes-, acordar promover una modificación de la relación de puestos de trabajo de la Excma. Diputación de Badajoz consistente en la creación de un puesto directivo de “Coordinador de las Actividades de los Conservatorios”».
En su defensa Gallardo dice que «la iniciativa fue aprobada por el Pleno de la Corporación el 20 de diciembre de 2016, previo trámite de información pública, tras una aprobación inicial llevada a cabo el 4 de noviembre de 2016. Ni que decir tiene que la mayor o menor fortuna de la iniciativa, el aplauso o el reproche por parte del colectivo de los empleados de la Corporación o el elogio o la censura procedente de los Diputados de la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres (tal era el cargo representativo de D. Álvaro Jaén) son por completo irrelevantes a la hora de juzgar la legalidad de la creación del puesto».
Álvaro Jaén era diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y fue el primero en denunciar públicamente la contratación en la Diputación pacense.
ENTORNO DE DAVID SÁNCHEZ
El ex presidente de la Diputación también alega que «la creación del puesto no obedecía a peticiones del innominado “entorno” de D. David Sánchez Pérez-Castejón al que se refiere la acusación es algo tan obvio como que el hoy Presidente del Gobierno -por poner un ejemplo de “entorno” de D. David Sánchez Pérez-Castejón- no desempeñaba ningún cargo en el Partido Socialista Obrero Español, al haber sido forzado a dimitir en el Comité Federal celebrado el 1 de octubre de 2016″.
Y el abogado de Garrido añade que «ajenos del todo fueron asimismo D. David Sánchez Pérez-Castejón (que seguía siendo desconocido para mi patrocinado) y su entorno al procedimiento de cobertura del indicado puesto, convocado por el Sr. Diputado Provincial de Recursos Humanos -no por mi representado- el 18 de mayo de 2017 (BOP 19 de mayo de 2017), en una fecha en la que, por cierto, no se habían celebrado las elecciones primarias en el PSOE, en las que mi defendido apoyaba a la candidata rival de D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón».
«No es cierto por ello que D. Miguel Ángel Gallardo Miranda conociera y consintiera -como gratuitamente se dice en el escrito de acusación- los pretendidos incumplimientos que se atribuyen a D. David Sánchez Pérez-Castejón», sigue el escrito, en referencia a la falta de fichaje o de acudir al despacho en Badajoz del hermano del presidente.
Y aseguran desconocer «a qué se refiere la acusación cuando predica la existencia de una “relación personal” entre D. David Sánchez Pérez-Castejón y D. Miguel Ángel Gallardo Miranda, pues lo cierto es que entre ambos la única vinculación es la estrictamente profesional, propia del máximo representante de la Diputación Provincial de Badajoz y un directivo de ella».
El escrito termina con una crítica velada a la instrucción de la juez instructora de Badajoz: «Dando aquí por reiterado lo expuesto en líneas precedentes, nos conformaremos con llamar la atención acerca de la transmutación de la causa, iniciada hace un año en virtud de denuncia dirigida por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, fraudes y exacciones y legales y malversación frente a D. David Sánchez Pérez-Castejón, y devenida hoy en un procedimiento en el que se postula la existencia de prevaricaciones sin resoluciones injustas, nombramientos ilegales para cargos de designación discrecional y tráficos de influencias en los que no hay atisbo de relaciones de prevalimiento».
