El 17 de enero de 1996 cambió para siempre la vida de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones del centro penitenciario de Logroño que fue secuestrado en el garaje de su vivienda en Burgos por la banda terrorista ETA. Lo que comenzó como una jornada laboral más se convirtió en el episodio de cautiverio más prolongado de la historia del terrorismo en España, con una duración de 532 días que pusieron a prueba la capacidad del Estado para resistir al chantaje. La operación de rescate no llegó hasta el 1 de julio de 1997, cuando la Guardia Civil localizó al rehén en un zulo subterráneo bajo una nave industrial de Mondragón.
Desde el momento de su captura, la organización terrorista dejó claro que este secuestro no perseguía un rescate económico, sino presionar al Gobierno español para que trasladara a los presos de ETA a cárceles del País Vasco. La respuesta del Ejecutivo fue contundente: ninguna negociación con los terroristas, a pesar de que la familia de Ortega Lara vivía en una angustia constante ante la incertidumbre del desenlace. Durante ese tiempo, diversos sectores sociales, especialmente el colectivo de funcionarios de prisiones, mostraron su solidaridad con la víctima y sus allegados en multitud de actos públicos celebrados por toda España.
El secuestro se inscribió en una estrategia más amplia de ETA conocida como la socialización del sufrimiento, diseñada tras la detención de varios líderes de la banda en Francia durante los años noventa. Con esta táctica, la organización pretendía extender el miedo más allá de sus objetivos militares tradicionales, alcanzando a funcionarios públicos y civiles para desestabilizar las instituciones democráticas. El caso de Ortega Lara coincidió temporalmente con otros secuestros, como el del empresario José María Aldaya y el abogado Cosme Delclaux, lo que puso de manifiesto una escalada de presión sobre el Estado español.
EL ZULO DE MONDRAGÓN: UN CALABOZO BAJO TIERRA
El lugar donde permaneció retenido José Antonio durante más de año y medio era un espacio claustrofóbico excavado bajo el suelo de una nave industrial situada en las inmediaciones del río Deva. El habitáculo medía apenas tres metros de largo por dos y medio de ancho, con una altura de 1,80 metros, lo que apenas permitía al rehén dar tres pasos de un extremo a otro. La entrada al zulo estaba oculta bajo una máquina de más de una tonelada, que solo podía desplazarse mediante un sistema hidráulico activado por diversas palancas ocultas, diseñado para impedir cualquier hallazgo fortuito por parte de las autoridades.
Las condiciones de vida en aquel subterráneo eran extremadamente duras. Una única bombilla permanecía encendida durante siete horas diarias, marcando el paso del tiempo en una oscuridad casi permanente. La humedad del río cercano impregnaba las paredes y el aire, generando un ambiente insalubre que deterioró gravemente la salud física y psicológica de la víctima. Ortega Lara disponía únicamente de una tumbona, una mesa y una silla plegables, además de dos ollas: una con agua para asearse y otra para hacer sus necesidades fisiológicas en condiciones infrahumanas y degradantes. La alimentación consistía básicamente en frutas y verduras que sus captores le proporcionaban a través de un ventanuco.
LA BÚSQUEDA INCANSABLE DE LA GUARDIA CIVIL
Localizar el paradero del funcionario secuestrado se convirtió en una prioridad absoluta para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La comandancia 513 de la Guardia Civil, con sede en el cuartel de Intxaurrondo en San Sebastián, asumió la dirección de la investigación bajo el mando del capitán Manuel Sánchez Corbí, quien posteriormente llegaría a coronel. Durante meses, los agentes siguieron pistas y vigilaron sospechosos, desplegando un operativo de inteligencia sin precedentes en el País Vasco. La operación, bautizada como Delfín-Pulpo, requirió un esfuerzo coordinado de más de sesenta guardias civiles especializados en la lucha antiterrorista, que trabajaron en condiciones de extrema discreción.
La vigilancia de la nave industrial comenzó semanas antes de la intervención definitiva, cuando los agentes detectaron movimientos sospechosos de dos individuos que entraban y salían del edificio con regularidad. La orografía del terreno, escarpada y cercana al cauce del río, dificultaba enormemente las tareas de seguimiento sin ser detectados. Los guardias civiles permanecieron ocultos durante días y noches enteras, soportando condiciones climáticas adversas y la constante amenaza de ser descubiertos por los terroristas. Finalmente, tras acumular suficientes indicios, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón autorizó la entrada y registro del inmueble en la madrugada del 1 de julio de 1997.
EL RESCATE: HORAS DE TENSIÓN Y DESENLACE FINAL
La intervención en la nave de Mondragón comenzó en las primeras horas de aquel martes de verano. Más de quinientos efectivos de la Guardia Civil participaron en un dispositivo que cercó completamente el polígono industrial, cortando cualquier posible vía de escape para los secuestradores. Antes de acceder al interior del edificio, los agentes detuvieron a tres de los cuatro miembros del comando Bellotxa, responsable del secuestro. Uno de ellos, Josu Uribetxeberria Bolinaga, fue trasladado al lugar para que revelara la ubicación exacta del zulo, pero se negó rotundamente a colaborar con las autoridades y mantuvo un silencio absoluto durante todo el proceso.
Una vez dentro de la nave, los guardias civiles iniciaron un minucioso registro que se prolongó durante horas sin resultados aparentes. La frustración crecía entre los agentes, mientras Ortega Lara permanecía a escasos metros bajo sus pies, sin que ellos lo supieran. El capitán Sánchez Corbí insistía en continuar la búsqueda, convencido de que el funcionario tenía que estar allí, aunque el juez Garzón barajaba ya la posibilidad de cancelar la operación. Fue entonces cuando uno de los especialistas de la Unidad Especial de Intervención descubrió una rendija entre una de las máquinas y el suelo que resultó ser parte del mecanismo hidráulico. Tras manipular las palancas ocultas, la máquina se desplazó dejando a la vista una apertura circular de 56 centímetros de diámetro que conducía al zulo.
ORTEGA LARA: SECUELAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS
Cuando los guardias civiles accedieron al interior del habitáculo subterráneo, encontraron a José Antonio en un estado físico y mental alarmante. Había perdido 23 kilos de peso desde el inicio de su cautiverio, además de masa muscular y densidad ósea debido a la falta de ejercicio y alimentación adecuada. Su aspecto era demacrado y anémico, con una palidez extrema provocada por la ausencia total de luz solar durante más de dieciocho meses. Los primeros momentos tras el rescate fueron especialmente complicados, ya que la víctima no comprendía inicialmente que sus liberadores eran agentes del Estado y no nuevos captores con intenciones desconocidas.
Las secuelas psicológicas del secuestro fueron aún más profundas y duraderas que las físicas. Ortega Lara desarrolló un cuadro de estrés postraumático grave, con trastornos de ansiedad y depresión que le acompañarían durante años. Los especialistas que le trataron tras su liberación constataron que sufría alteraciones del sueño, episodios de pánico y una profunda desconfianza hacia su entorno. En los días previos al rescate, el funcionario había llegado a considerar el suicidio como única salida ante la desesperanza de no volver a ver a su familia. Su testimonio posterior reveló que se había preparado mentalmente para morir con dignidad, convencido de que ETA no le dejaría salir vivo del zulo.
EL COMANDO BELLOTXA Y LOS CEREBROS DEL SECUESTRO
La operación de rescate permitió desarticular completamente al comando responsable del secuestro más largo perpetrado por ETA. Los cuatro miembros detenidos aquel 1 de julio eran José Luis Javier Ugarte Erostegui, Josu Uribetxeberria Bolinaga, José Miguel Gaztelu Ochandorena y otro terrorista cuya identidad fue confirmada posteriormente. Todos ellos formaban parte del comando Bellotxa, considerado en aquel momento como la joya de la corona de la estructura operativa de la banda. Durante los interrogatorios, los agentes confirmaron que los secuestradores habían vigilado previamente al funcionario durante semanas, estudiando sus rutinas diarias para seleccionar el momento óptimo del secuestro en el garaje de su domicilio burgalés.
Años más tarde, en octubre de 2005, la Audiencia Nacional juzgó a los líderes de ETA que ordenaron el secuestro. Julián Achurra Egurola, conocido como Pototo, y José Luis Aguirre Lete, alias Isuntza, fueron procesados como inductores y responsables de la planificación del operativo. Las investigaciones demostraron que la cúpula de la organización había seleccionado personalmente el objetivo y había dado instrucciones precisas sobre la construcción del zulo y las condiciones del cautiverio. La sentencia condenatoria supuso un secuestro reconocimiento judicial de la estructura jerárquica de ETA y la responsabilidad directa de sus dirigentes en cada uno de los atentados cometidos por la banda terrorista.
IMPACTO SOCIAL Y POLÍTICO DEL SECUESTRO
La liberación de Ortega Lara generó una inmensa alegría en toda España, pero también puso de manifiesto la vulnerabilidad de determinados colectivos profesionales frente al terrorismo. Los funcionarios de prisiones vivieron durante años bajo la amenaza constante de convertirse en objetivo de ETA, especialmente tras la política de dispersión de presos que alejaba a los terroristas encarcelados de sus lugares de origen en el País Vasco. Miles de trabajadores del sistema penitenciario en Euskadi y el resto de España tuvieron que modificar sus rutinas, extremar precauciones y vivir con escolta permanente. El asesinato del médico Alfredo Jorge Suar en 1983 había inaugurado una lista de ocho profesionales del sector que perdieron la vida a manos de la banda, además de familiares como Conrada Muñoz Herrera, madre de un funcionario, víctima de un paquete bomba en 1989.
El caso también representó un punto de inflexión en la estrategia del Estado frente al terrorismo. La firmeza del Gobierno al negarse a ceder al chantaje de ETA, combinada con la eficacia de las Fuerzas de Seguridad en el rescate, demostró que la vía policial y judicial era el camino correcto para derrotar a la banda. Apenas dos semanas después de la liberación, ETA respondió con el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en Ermua, lo que desencadenó una oleada de protestas ciudadanas sin precedentes conocida como el espíritu de Ermua. Aquellas movilizaciones masivas supusieron un antes y un después en la percepción social del terrorismo y aceleraron el aislamiento de la organización.
El rescate de Ortega Lara permanece en la memoria colectiva española como un ejemplo de resistencia democrática y de la perseverancia de las instituciones frente al terror. Los 532 días de cautiverio marcaron profundamente no solo al propio funcionario y su familia, sino a toda una generación que comprendió que la lucha contra el terrorismo exigía unidad, firmeza y respeto absoluto al Estado de Derecho, sin concesiones a quienes pretendían imponer sus objetivos mediante la violencia y el sufrimiento ajeno.
