La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado hoy el tono de alarma sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar. Desde la inauguración del Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, Ayuso calificó la iniciativa como un «atentado contra el Estado de Derecho» y un «asalto» a la independencia judicial, al señalar que la propuesta de que los fiscales asuman la instrucción es el «intento definitivo de controlar la acción penal».
La jefa del Ejecutivo regional centró su crítica en el concepto de la instrucción fiscal, argumentando que socava la inamovilidad e independencia de los jueces, pilares del sistema de justicia. La ya vieja propuesta de que instruya el fiscal es el intento definitivo de controlar la acción penal, puesto que los jueces son independientes e inamovibles, mientras que los fiscales están sujetos a jerarquía y su cúpula es elegida por el Gobierno«, explicó Díaz Ayuso ante los medios.
La presidenta madrileña insistió en que este movimiento es especialmente peligroso en el contexto político actual, donde, a su juicio, «quienes han cometido esos graves delitos están redactando las leyes, culminando los planes… demoliendo las instituciones«. Subrayó que la situación se agrava al recordar la figura del actual Fiscal General del Estado, quien se encuentra procesado y, pese a ello, «está redoblando estos días sus esfuerzos para controlar la carrera fiscal».
«Esto, que siempre es un peligro tremendo, con la actual situación en las instituciones a manos de personas que han cometido graves delitos y que no respetan el Estado de Derecho es, por tanto, un atentado contra el mismo, es un asalto y es un enorme peligro para todos,» sentenció.
Ayuso enmarcó esta reforma en lo que denominó la «mayor ofensiva a la independencia judicial y fiscal en décadas», llegando a calificarlo como una «deriva bolivariana de nuestra justicia». Además, vinculó directamente este «golpe a manos de la Fiscalía» con otras decisiones políticas del Ejecutivo central, como el hecho de «poner a Bildu al mando» o la supuesta ofensiva contra la Corona.
ESCASEZ JUDICIAL Y EXIGENCIA DE REFUERZOS PARA MADRID
La intervención de la presidenta no solo abordó el marco legal, sino también la situación operativa de la justicia en la Comunidad de Madrid, una de las regiones más afectadas por la escasez de efectivos. Díaz Ayuso aprovechó el acto para exigir al Gobierno central la «urgente incorporación de 142 nuevos jueces» en la región, una cifra respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La líder madrileña expuso datos que sitúan a la Comunidad de Madrid en una posición deficitaria respecto a la media nacional en términos de dotación judicial. «Madrid cuenta con 10,4 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional, que sitúa a nuestra comunidad en el puesto número 13 entre las autonomías», lamentó.
A pesar de esta carencia de jueces, la presidenta destacó la eficiencia en las competencias propias de la Comunidad. «El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ejercido con eficacia sus competencias en materia de personal de Justicia y hoy somos la región con mayor número de funcionarios por juez, con una ratio de 8,5 frente a los 7,7 de las siguientes comunidades autónomas», afirmó.
Sin embargo, lanzó una advertencia clara al Gobierno central para que la necesidad de más plazas no sirva de pretexto para modificar el sistema de acceso a la carrera judicial. «Esto no puede ser excusa para destruir ni politizar el acceso por oposiciones a la carrera judicial», zanjó Ayuso.
FEIJÓO: «SÁNCHEZ YA TIENE MUCHO MÁS PASADO QUE FUTURO»
En un evento paralelo tras un desayuno informativo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, elevó la presión sobre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asegurando que este se ha convertido en «el principal problema político que tienen los españoles».
Feijóo fue taxativo en su juicio político: «Ya tiene mucho más pasado que futuro». El líder popular basó su argumento en la inestabilidad del Gobierno, marcada, según él, por una «mancha de inestabilidad y de corrupción».
El dirigente del PP puso el foco en la incapacidad del Gobierno para asegurar su estabilidad legislativa, especialmente tras la falta de un Presupuesto General del Estado. «Sin presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria no se puede seguir. No seguiría un primer ministro en ningún país del mundo«, advirtió Feijóo, aludiendo a la «decadencia política» que, a su entender, representa el «sanchismo».
En este contexto, defendió la decisión de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, de convocar elecciones anticipadas tras tener los presupuestos «bloqueados» por lo que calificó como la «pinza anticambio entre Sánchez y Vox«.
Feijóo abogó por «recuperar la coherencia política en nuestro país», estableciendo un estándar que, según él, el propio Sánchez debería seguir: «Yo mismo he dicho que cuando por segunda vez un gobierno no pueda aprobar el presupuesto ha de consultar y ha de convocar elecciones. Eso que ha hecho Extremadura».
Finalmente, el líder del PP reafirmó su «respeto a las víctimas y a sus familiares» afectados por la DANA de hace un año, y lamentó que el Gobierno de Sánchez «utilice el dolor de la gente para hacer política», concluyendo con un «Yo no soy así.
