El Ayuntamiento de Madrid pisa el acelerador en vivienda social con cifras récord, mientras la Comunidad de Madrid se enreda en la peor crisis de gestión de su plan de alquiler asequible, estas parecen ser las dos realidades del problema que tiene la Región de Madrid dentro de las instituciones madrileñas. Los dos modelos de vivienda pública en la región contrastan frontalmente: uno con inversión municipal masiva (EMVS) y otro externalizado a manos privadas (Plan Vive), que ha generado una oleada de quejas por precios abusivos y pisos defectuosos.
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) ha blindado su futuro, según relatan desde el consistorio de la capital. El Consejo de Administración aprobó hoy un presupuesto de 174,46 millones de euros para 2026, un 3,7% más que el año anterior. La clave: una inyección directa del Ayuntamiento de 137,23 millones, que sube un 7%.
El objetivo son 10.300 Viviendas Sociales. La inversión, que supera los 112,8 millones, busca consolidar el parque municipal. La EMVS terminará 221 pisos nuevos, alcanzando casi 10.300 viviendas destinadas a alquiler asequible. Además, ya está en marcha la promoción de otras 6.100 viviendas, incluyendo el polémico Plan Suma Vivienda (2.200 pisos en colaboración público-privada) y más de 1.000 viviendas en suelos municipales consolidados.
La eficiencia y la protección serán primordiales para este tipo de políticas. En este sentido, el presidente de la EMVS, Álvaro González, ha puesto el foco en la calidad: todas las viviendas tendrán calificación energética ‘A’ (aerotermia, placas fotovoltaicas) y, crucialmente, los inquilinos nunca pagarán más del 30% de los ingresos familiares en alquiler. Para garantizarlo, la empresa bonifica los recibos con 16 millones de euros anuales.
La lucha contra el vacío también será un pilar, para esto la EMVS también ataca el mercado secundario. Programas como ReViVa (Recuperación de Vivienda Vacía) buscan captar pisos: el propietario lo cede entre 5 y 10 años, recibe renta garantizada y puede obtener un adelanto de hasta 45.000 euros al 0% de interés para obras. El SIA (Servicio de Intermediación del Alquiler) complementa la oferta asegurando gratuitamente los alquileres contra impago.
Pese al músculo inversor, la EMVS se enfrenta a duras críticas que cuestionan su fin social. En esta parte destaca como diversas plataformas sociales acusan a la EMVS de actuar como «promotora privada» al ejecutar desahucios por impago contra familias vulnerables. Denuncian que la empresa municipal incumple la promesa de no dejar a nadie en la calle por dificultades económicas, priorizando la gestión económica sobre la social.
Por otro lado también hay que señalar a la supuesta mala calidad de las viviendas. En referencia a esto, hay que constatar que hay constantes quejas y demandas por vicios ocultos y desperfectos en pisos nuevos o rehabilitados: filtraciones, humedades y problemas de aislamiento. Además, también el modelo de colaboración público-privada es criticado por la oposición, que teme que la cesión de suelo municipal beneficie más a las promotoras que al inquilino, replicando fallos del modelo autonómico.
EL «FIASCO» DEL PLAN VIVE: UNA CRISIS MARCADA POR LA CALIDAD Y LOS PRECIOS
El Plan Vive de la Comunidad de Madrid, gestionado por empresas privadas, se ha convertido en un fracaso social. Prometía alquiler asequible, pero ha entregado precios inaccesibles y viviendas defectuosas, según relatan usuarios e instituciones de diferentes municipios madrileños acogidos a dicho plan para solucionar esta crisis habitacional que vive la Región.
Entre estas quejas se señala que el alquiler es inasequible y elitista. El Plan es un filtro de renta y exige unos ingresos mínimos muy altos (a menudo por encima de los 2.000 € netos) y la renta, con la imposición de los anejos obligatorios (garajes y trasteros a precios de mercado), deja fuera a la población con rentas modestas. Solo un bajo porcentaje de solicitantes ha accedido a un contrato.
Por otro lado, las cláusulas ilegales y abusivas convierten a los contratos en un campo de batalla legal. La queja más grave es la obligación de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El Tribunal Supremo ya ha declarado ilegal esta práctica en vivienda protegida, pero las concesionarias persisten y enquistan un problema que debería estar solucionado de manera más ágil.
Con todas estas circunstancias el despliegue de defectos en cuatro frentes ha supuesto que la pésima calidad constructiva es un problema generalizado, obligando a los Ayuntamientos a intervenir. El primero de ellos Getafe, convertido en el epicentro de la crisis, con 864 viviendas en Los Molinos. Allí, se han reportado más de 29 desperfectos por piso, incluyendo cortes de luz de 17 días, enganches ilegales a la red y trasteros inundados. El Ayuntamiento tuvo que crear un servicio de asesoramiento legal para ayudar a los vecinos.
Otro de los focos problemáticos importantes en el sur de la Comunidad es Alcorcón. Allí, los inquilinos denuncian problemas graves como el colapso de muros, desniveles en los suelos e infestaciones de cucarachas. A estos se pueden sumar Alcalá de Henares y San Sebastián de los Reyes. Donde los problemas recurrentes de goteras, fallos en la aerotermia y, en el caso de San Sebastián de los Reyes, una opacidad total de la Comunidad sobre el proceso de adjudicación, lo que siembra dudas sobre la transparencia del modelo.
Con esta situación, varios afectados y el PSOE acusan a la Comunidad de Madrid de desentenderse de los problemas, dejando a los inquilinos a merced de las empresas privadas. La única vía de solución han sido las acciones legales colectivas y la presión de Ayuntamientos como Getafe, que exige compensaciones económicas a las concesionarias. El Plan Vive se ha convertido en un modelo de gestión tildado por los afectados como «de fondo buitre», donde el beneficio privado ha estrangulado el fin social.
En síntesis y para intentar canalizar este modelo habitacional, podemos señalar que Madrid avanza en vivienda social a dos velocidades: el esfuerzo inversor municipal, bajo escrutinio por su gestión social, y el fracaso autonómico del Plan Vive, que ha convertido el alquiler asequible en un producto de lujo inaccesible y mal construido.
