Fuentes del pleno municipal han confirmado que el alcalde, Germán Beardo (PP), ha asumido de forma directa y poco habitual las atribuciones de la Concejalía de Medio Ambiente por el proceso de licitación del nuevo contrato del Centro de Reciclaje y Recuperación (CRR), una decisión considerada “excepcional” en el ámbito de la gobernanza local.
De acuerdo con varias fuentes técnicas y administrativas, la intervención personal del regidor en el expediente no solo ha desplazado las competencias del área correspondiente, sino que podria “influir de manera directa” en el desarrollo del concurso público, cuya adjudicación se considera clave dentro del sector de gestión de residuos en Andalucía.
Las mismas fuentes señalan que los técnicos municipales implicados en el proceso aseguran sentirse “presionados y vigilados” por las directrices impuestas desde la alcaldía, que habría trasladado instrucciones verbales sobre los criterios de valoración y la interpretación de los pliegos. Algunos funcionarios consultados admiten que se están organizando para “poner freno” a lo que califican como “una intromisión política” y no descartan acudir a instancias superiores o solicitar bajas médicas para evitar participar en actuaciones que podrían derivar en prácticas irregulares con consecuencias legales para los propios técnicos.
La situación se produce en un contexto de creciente tensión por la licitación del contrato del CRR, vencido desde 2022 y actualmente prorrogado a la empresa Urbaser. La nueva adjudicación, valorada en varios millones de euros, ha generado un gran interés empresarial y político en la provincia, dada la relevancia del servicio y los antecedentes de polémicas adjudicaciones en el sector. Las mismas fuentes comentan que Urbaser y FCC son los grandes contrincantes en este servicio publico vital para la población del Puerto.
El procedimiento se encuentra bajo un escrutinio público sin precedentes y ha despertado preocupación entre asociaciones vecinales y grupos de la oposición, que reclaman “transparencia y respeto a la separación de funciones”. “No es normal que un alcalde asuma de golpe las competencias técnicas de una concejalía para controlar un contrato de esta magnitud”, señaló una fuente conocedora del expediente.
