El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por no haber llevado a cabo una investigación «eficaz» en el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido drogadas y agredidas sexualmente en Pamplona en 2016, en un suceso de presunta sumisión química.
La sentencia, unánime, determina que hubo «pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales» y que las medidas adoptadas por las autoridades fueron «manifiestamente inadecuadas».
El tribunal de Estrasburgo considera plausible que un agente de Policía Nacional asignado a la investigación, cuñado de uno de los acusados, participara en la desaparición de pruebas clave, incluidos vídeos de videovigilancia y un informe forense derivado del contenido de un teléfono móvil. Estas irregularidades, según los jueces europeos, «van más allá de errores aislados u omisiones menores».
El TEDH concluye que España vulneró los artículos 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por ello, condena al Estado a pagar a cada una de las demandantes 20.000 euros por daño moral y 5.000 euros conjuntos por costas judiciales.
IRREGULARIDADES
Los hechos se remontan a la noche del 7 de diciembre de 2016, cuando las dos mujeres, identificadas como A.J. y L.E., conocieron a dos hombres en un bar de Pamplona. Tras tomar una copa con ellos, se despertaron al día siguiente desnudas en el piso de uno de los hombres sin recordar lo sucedido.
Al acudir a un centro de salud, no se hallaron lesiones genitales, pero los médicos activaron el protocolo de sospecha de violación con sumisión química. La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo del caso y detuvo a los sospechosos, que reconocieron haber mantenido relaciones sexuales pero afirmaron que fueron consentidas.
Durante la investigación, abierta en enero de 2017, se descubrió que uno de ellos era cuñado de un agente de la UFAM asignado al caso. Pese a ese evidente conflicto de interés, el agente no fue apartado de inmediato. Poco después, comenzaron a detectarse graves irregularidades. El informe forense del móvil de uno de los acusados, elaborado en Madrid, desapareció tras su envío a Pamplona.
También se extraviaron fragmentos de las grabaciones de videovigilancia del bar donde se conocieron las víctimas y los presuntos agresores. Finalmente, el disco duro en el que se almacenaban los datos forenses de los teléfonos móviles fue borrado y sobrescrito, eliminando toda la información.
El juzgado de Instrucción, pese a considerar verosímiles los testimonios de las denunciantes, concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar relaciones sexuales no consentidas. Posteriormente se abrió una pieza separada para investigar las irregularidades, pero esta fue archivada en 2021 sin que se presentaran cargos.
FALTA DE INDEPENDENCIA
El TEDH subraya que las pesquisas sobre posibles faltas de conducta policial se iniciaron «tras un lapso considerable de tiempo» y fueron encomendadas a «los mismos órganos judiciales y policiales» responsables de la investigación inicial, lo que restó toda apariencia de independencia.
Las mujeres recurrieron ante la Audiencia Provincial de Navarra, que rechazó su recurso, y posteriormente ante el Tribunal Constitucional, que declaró inadmisible su amparo. Finalmente, acudieron a Estrasburgo, que les ha dado la razón ocho años después de los hechos.
Aunque la sentencia no ordena reabrir el caso ni impone sanciones individuales a los agentes o jueces implicados, las víctimas podrán solicitar al Tribunal Supremo español la revisión de la sentencia firme en el plazo de un año.
MARLASKA
El fallo ha provocado un intenso debate político en Navarra que ha llegado hasta Madrid. En el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció su «preocupación» por la sentencia, al considerar que «puede generar desconfianza en el conjunto de víctimas».
En respuesta a la diputada de EH Bildu Marije Fullaondo, que calificó los hechos como un «escándalo mayúsculo ocurrido bajo el Gobierno del PP», Marlaska defendió que no es una práctica generalizada ni en la Policía ni en los órganos judiciales.
«Claro que me genera preocupación por la vulneración de derechos humanos», admitió, aunque insistió en que su ministerio cuenta con controles efectivos para garantizar el cumplimiento de los protocolos de protección a las víctimas.
La sentencia del TEDH, calificada como «histórica» por colectivos feministas, abre un nuevo capítulo en el debate sobre la actuación policial y judicial en casos de violencia sexual y sobre el deber del Estado de garantizar investigaciones imparciales y efectivas.
