El Partido Popular ha endurecido su discurso sobre la gestión migratoria y la seguridad ciudadana, presentando un plan que busca distanciarse tanto de las políticas de «fronteras abiertas» como de los enfoques «simplistas» de exclusión. Durante la presentación del Plan de Inmigración de Alberto Núñez Feijóo en Mataró, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, defendió una política «seria, eficaz y responsable» que vincule la migración a la necesidad laboral y al respeto estricto de la ley.
Gamarra señaló directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, criticando que bajo su mandato «se han multiplicado las llegadas» por todas las rutas fronterizas, rechazando que la vía irregular pueda convertirse en la forma «cotidiana» de migración. «Debe ser legal, ordenada y mutuamente beneficiosa», sentenció.
La dirigente popular exigió unas fronteras «firmes y controladas» que permitan a España decidir «quién entra y en qué condiciones», advirtiendo que ninguna vía debe resultar más ventajosa que la regular. En este sentido, el plan del PP reclama la puesta en marcha de «mecanismos rápidos» para la devolución efectiva de aquellos extranjeros que se encuentren en situación irregular o que estén implicados en actividades criminales.
El eje central del discurso se centró en la seguridad y el cumplimiento de la ley. Gamarra fue contundente al establecer la «tolerancia cero con el delito», subrayando que si un inmigrante incurre en delitos graves o reincide, «la pérdida de la residencia debe ser automática».
El modelo migratorio que propone el PP se vincula estrechamente al empleo, abogando por contratos en origen o la concesión de visados temporales para la búsqueda de trabajo en aquellos sectores que presenten tensiones de personal, siempre con un retorno garantizado en plazo. La integración, para Gamarra, se basa en el «respeto a la ley», la igualdad, la libertad, y el aprendizaje del idioma y el conocimiento de la Constitución española.
Para garantizar este enfoque, la vicesecretaria exigió «más medios materiales y personales» para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a quienes calificó como los garantes del cumplimiento de la ley, defendiendo la necesidad de «cuidar a quienes nos cuidan».
Finalmente, Gamarra enmarcó la problemática migratoria dentro de una crítica más amplia a la gestión de Sánchez, al que acusó de ignorar las prioridades reales de los ciudadanos, como la subida de la cesta de la compra, la vivienda, la ocupación o la delincuencia. Nunca habían estado tan lejos las prioridades de la gente de las prioridades del Gobierno«, advirtió, concluyendo que Sánchez solo se preocupa por su propia «supervivencia en el cargo», lo que impide ofrecer respuestas a los problemas reales que se acumulan.
PROPUESTA MIGRATORIA DEL PP
En primer lugar, el plan enfatiza la soberanía y el control de las fronteras. El PP exige que estas sean «firmes y controladas» para que sea el Estado español quien decida «quién entra y en qué condiciones». La principal directriz es clara: la vía irregular no debe ser la más ventajosa. Para ello, se exige al Gobierno dotar de muchos más medios materiales y personales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, consideradas esenciales para garantizar el cumplimiento de la ley en los puntos de entrada.
En segundo lugar, la propuesta busca vincular la migración a la necesidad económica. El modelo defendido por el PP es un sistema de migración ordenada y mutuamente beneficiosa, enfocada en cubrir las demandas de empleo en sectores «tensionados». Esto se lograría principalmente a través de:
- Contratos en origen: Fomentar la llegada de trabajadores con un contrato de trabajo ya formalizado antes de su ingreso a España.
- Visados temporales de búsqueda: Establecer visados temporales que permitan a los inmigrantes buscar empleo en sectores específicos con escasez de mano de obra, garantizando el retorno al país de origen si el objetivo laboral no se cumple en un plazo determinado.
En tercer lugar, el plan se centra en la tolerancia cero con el incumplimiento de la ley. El PP articula un mensaje de firmeza: «el respeto a la ley es la base de la convivencia». El plan exige la puesta en marcha de «mecanismos rápidos y efectivos» para la devolución de aquellos extranjeros que se encuentren en situación irregular. La medida más estricta en este apartado es que, cuando un inmigrante incurra en la comisión de delitos graves o sea reincidente, la pérdida de la residencia debe ser automática, sin paliativos.
Finalmente, el plan aborda la integración bajo la premisa de la asimilación de valores fundamentales. La integración exitosa, según el PP, requiere que los recién llegados acojan los valores de igualdad, libertad y el cumplimiento de la ley. Esto implica esfuerzos por parte del inmigrante para aprender el idioma español y conocer la Constitución, sentando las bases de una convivencia pacífica y respetuosa.
