«A través de todas las conversaciones expuestas en este apartado, se podría inferir que la propuesta de contratación de la empresa Soluciones de Gestión por parte del Gobierno de Canarias, habría llegado desde el ministerio de Fomento y Transportes, a través del Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como se desprende de las conversaciones expuestas entre Koldo con Antonio Olivera y de éste último con Íñigo Rotaeche, en contraposición con los correos electrónicos mantenidos en el seno de la Administración y más concretamente entre la Directora General de Recursos Económicos, Ana María Pérez y María Salomé Ballesteros, la cual expresó dudas sobre la conveniencia del contrato, toda vez que el precio de las mascarillas, según ella, estaría fuera de mercado, añadiendo que habría reserva suficiente en la Administración canaria para unos meses con las compras efectuadas hasta el momento», recogía la UCO en su informe sobre la trama canaria del Caso Mascarillas o Caso Koldo.
Antonio Olivera, ya dimitido, era el jefe del Gabinete de Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias y hoy ministro, Íñigo Rotaeche, era administrador de la empresa vendedora de las mascarillas, Ana María Pérez era la jefa de Recursos Económicos y María Salomé Ballesteros, ahora fallecida, fue jefa de contratación del Servicio Canario de Salud y falleció en enero de 2023.
El 21 de abril de 2020 Olivera traslada la oferta de Soluciones de Gestión que le habría llegado «a través de Fomento», según explica a Ana María Pérez, directora de Recursos Económicos del Sistema Canario de Salud, refleja la UCO en su informe entregado este lunes al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional.
Ese mismo correo Pérez lo manda a Paloma García de Carlos, directora general de Programas Asistenciales de Salud Canarias. Paloma García responde que «en un momento pueden servir, pero que se ha valorado el producto solo por la fotografía, sugiriendo que cuando se recepciones se compruebe su eficacia». Esta sugerencia sería fundamental porque no todas las mascarillas cumplían los estándares europeos recomendados para el uso de mascarillas y una inspección de Sanidad de Canarias descubrió que algunas eran defectuosas y Canarias retuvo el pago durante días, hasta la intervención de Víctor Torres, presidente de Canarias, en julio del mismo año.
MASCARILLAS MÁS CARAS
Pero el 22 de abril Pérez respondía a Olivera que la mercancía había sido testada y procedían a formalizar el pedido. Luego se dirige a Salomé Ballesteros para decirle que formalizase el pedido. Ballesteros habría mostrado reticencias sobre la compra de mascarillas y responde a Ana Pérez que se había dado el visto bueno «sin la ficha», «desconociéndose a que se refiere y consultando si hay dinero suficiente para este pedido y asegurando que se han (…) comprado mascarillas más baratas (…). Finalmente, ante lo que expone pregunta si sigue adelante con el pedido», escribieron los agentes en su informe.
La respuesta de Pérez no dejaba lugar a la duda: «seguro que te diste cuenta de donde procede la propuesta» en relación al ministerio de Ábalos. La funcionaria Ballesteros tenía razón, ya que Canarias estaba comprando las mascarillas a 2,50 euros cuando el precio anterior que habían logrado con otro proveedor era de 1,89.
Pero Salomé Ballesteros no se rendía y responde a Ana Pérez que «están cubiertos para dos meses con los pedidos que han realizado hasta el momento, además insiste en que el precio está fuera de mercado y pone en duda si se puede hacer una compra de 12 millones si pasar por el Gobierno, apuntando que habría que convalidarlo, mostrando sus dudas de hacerlo a través de un correo. Del mismo modo también señala, en cuanto a la propuesta, que ‘a mi me da igual de donde venga, soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos'», recoge el informe de la UCO.
Desgraciadamente la funcionaria Salomé Ballesteros no podrá testificar en este caso porque falleció en enero de 2023, aunque sí declaró ante la Fiscalía Anticorrupción canaria por otra compra irregular de mascarillas a la empresa RR7. Por ese caso está investigado el anterior director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, entre otras personas.
Finalmente, el 22 de abril Ana Pérez comunicaba a Ballesteros que ya estaba formalizado el pedido de 5 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión. Desde entonces comenzaba una frenética carrera burocrática por arreglar todos los papeles para llevar las mascarillas a Canarias. Cinco millones de mascarillas a 2,5 euros, total, 12.500.000 euros.
