El juzgado de Instrucción 3 de Badajoz ha recibido este lunes una insólita petición -la de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno e imputado por delitos de corrupción en relación a su trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz- para que no sean aceptados como prueba los correos electrónicos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las instalaciones de la citada Diputación.
El escrito presentado por su dirección letrada niega «el relato de los hechos de las acusaciones populares» y añade que «lo anterior, en el sentido de que los procesos administrativos atinentes a la adjudicación de las plazas de referencia se compadecen estrictamente con la legalidad vigente en la materia, sin que se haya acreditado -ni siquiera indiciariamente- influencia con sesgo delictivo de clase alguna en su creación o adjudicación y, menos, imputable a la persona de nuestro defendido».
Además «los hechos no son, en consecuencia, constitutivos de delito alguno» y por tanto «al no existir delito, no se establece régimen de autoría» ni «concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal». El abogado de Sánchez pide por tanto la libre absolución del músico.
Pero no es lo único, ya que, como va a celebrarse juicio el abogado propone varios medios de prueba, como el «interrogatorio de los acusados» y las declaraciones como testigos de hasta 13 personas, relacionadas en su mayoría con la Diputación o los conservatorios de música, además de 3 peritos diferentes.
Y al final del escrito, dentro de las pruebas documentales el abogado de David Sánchez propone que se practique la «lectura de todos los folios útiles de la causa, así como de las grabaciones que se encuentran en la misma», pero pide que se exceptúen «los correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil obrantes en la causa, por entender que la pretendida autorización judicial que ordena las incautaciones lesiona derechos fundamentales de los investigados, como se expondrá al comienzo de las sesiones del juicio oral con base en lo previsto en los artículos 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 11.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial».
No fundamenta por tanto en este escrito los derechos fundamentales concretos de los investigados que habrían sido lesionados.
Los últimos días están siendo especialmente activos en el juzgado 3 de Badajoz con los escritos presentados de las defensas de los acusados. El último ha sido éste de David Sánchez, pero antes quien fuera presidente de la Diputación de Badajoz presentó el suyo alegando desconocer la relación familiar entre el músico y su hermano Pedro Sánchez, líder del PSOE.
«Desde luego, negamos categóricamente -con toda la vehemencia de que esta representación procesal es capaz- que mi defendido haya participado en ninguna actuación constitutiva de delito; sentado ello, en las líneas siguientes se dará cumplida respuesta a las imputaciones que realiza la acusación popular», comenzaba el escrito de defensa de Gallardo.
El escrito continuó recogiendo que «evidentemente, ni antes del 11 de octubre de 2025, ni en ninguna otra fecha, D. Miguel Ángel Gallardo Miranda decidió la creación de ningún puesto en la Diputación Provincial de Badajoz, cometido reservado al Pleno de la Corporación. Lo que sí hizo es, en la reunión que el equipo de gobierno mantuvo en Valdivia en los días 10 y 11 de octubre de 2016 -y no antes-, acordar promover una modificación de la relación de puestos de trabajo de la Excma. Diputación de Badajoz consistente en la creación de un puesto directivo de “Coordinador de las Actividades de los Conservatorios”».
En su defensa Gallardo dijo que «la iniciativa fue aprobada por el Pleno de la Corporación el 20 de diciembre de 2016, previo trámite de información pública, tras una aprobación inicial llevada a cabo el 4 de noviembre de 2016. Ni que decir tiene que la mayor o menor fortuna de la iniciativa, el aplauso o el reproche por parte del colectivo de los empleados de la Corporación o el elogio o la censura procedente de los Diputados de la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres (tal era el cargo representativo de D. Álvaro Jaén) son por completo irrelevantes a la hora de juzgar la legalidad de la creación del puesto». Álvaro Jaén era diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y fue el primero en denunciar públicamente la contratación en la Diputación pacense.
ENTORNO DE DAVID SÁNCHEZ
El ex presidente de la Diputación también alegó que «la creación del puesto no obedecía a peticiones del innominado “entorno” de D. David Sánchez Pérez-Castejón al que se refiere la acusación es algo tan obvio como que el hoy Presidente del Gobierno -por poner un ejemplo de “entorno” de D. David Sánchez Pérez-Castejón- no desempeñaba ningún cargo en el Partido Socialista Obrero Español, al haber sido forzado a dimitir en el Comité Federal celebrado el 1 de octubre de 2016″.
Y el abogado de Garrido añadió que «ajenos del todo fueron asimismo D. David Sánchez Pérez-Castejón (que seguía siendo desconocido para mi patrocinado) y su entorno al procedimiento de cobertura del indicado puesto, convocado por el Sr. Diputado Provincial de Recursos Humanos -no por mi representado- el 18 de mayo de 2017 (BOP 19 de mayo de 2017), en una fecha en la que, por cierto, no se habían celebrado las elecciones primarias en el PSOE, en las que mi defendido apoyaba a la candidata rival de D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón».
