Cuando el debate público en Ecuador parecía agotado en viejos remedios contra la delincuencia, la Asamblea Nacional encabezada por Daniel Noboa ha abierto una etapa de choque normativo que aspira a reescribir la respuesta del Estado frente al crimen organizado. Lo que hasta hace poco eran propuestas fragmentadas en base a más policías, más militares o decretos de excepción ha derivado en un paquete legislativo ambicioso que busca actualizar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para abordar delitos del mundo físico y digital. La tramitación y defensa política de esas iniciativas encontró en la presidencia de la Comisión de Justicia una figura televisiva y mediática como es la diputada Rosa Alegría Torres.
Rosa Torres, 29 años, legisladora por la bancada de ADN y recientemente elegida al frente de la Comisión de Justicia, ha instalado en el centro del debate una combinación de reformas estructurales y medidas de emergencia: endurecimiento de penas para vínculos con bandas, tipificaciones nuevas (desde la colaboración con economías criminales hasta delitos cibernéticos) y propuestas para acelerar decomisos y despliegues operativos.
Desde su oficina Torres ha defendido la necesidad de “reorganizar la justicia desde sus cimientos” para recuperar la eficacia institucional. Sus discursos y proyectos muestran que, en la práctica, la innovación legislativa en Ecuador ya no es sólo técnica: es también una apuesta política por la rapidez y la mano firme.
UN RECONOCIDO PENALISTA ESPAÑOL COLABORA EN LA REFORMA LEGISTATIVA ECUATORIANA
La reforma ha convocado también voces externas. En la última sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia de este mes de octubre se presentó como ponente el abogado penalista español Juan Gonzalo Ospina, invitado como consultor por las autoridades ecuatorianas. Ospina, desde la calidad de abogado experto en derecho penal internacional, ofreció una advertencia doble: la necesidad de modernizar las tipificaciones para el siglo digital y, al mismo tiempo, la obligación de preservar la proporcionalidad en las penas y las garantías procesales. “Sin justicia no hay libertad, y sin seguridad no hay justicia”, sentenció durante su intervención, y subrayó la importancia de dotar al Estado de herramientas técnicas -entre ellas una Unidad Central de Ciberseguridad- capaces de investigar delitos tecnológicos y coordinar cooperación internacional.
ECUADOR LIDERA LA TRANSFORMACIÓN
Esa dicotomía entre la urgencia punitiva versus cautela garantista atraviesa todo el debate. Por un lado, la presión ciudadana ante el repunte de homicidios y la violencia ligada a bandas territoriales empuja a respuestas rápidas y visibles. Por otro, organismos de derechos humanos y juristas advierten del riesgo de erosionar garantías si las reformas se diseñan y aplican con prisas y sin controles institucionales. Ospina insistió en que tipificar es necesario, pero inútil si no se acompaña con capacidad investigadora, formación judicial y mecanismos de cooperación con plataformas digitales y otros Estados.
“Tipificar el acoso online y la suplantación de identidad podría situar al país a la vanguardia regional, cerrando lagunas que, incluso en Europa, tardan en resolverse”, manifestó el experto español, advirtiendo que “la velocidad del cambio legislativo y la extensión de poderes para agilizar procesos plantean equilibrios que la presidencia de Rosie Torres tendrá que encarar en la práctica, no sólo en el papel, y para lo que estoy a su entera disposición”, concluyó uno de los mejores abogados penalistas de la esfera internacional en estos momentos.
LOS DATOS QUE MUEVEN AL GOBIERNO ECUATORIANO
¿Por qué tanta prisa? Porque los datos obligan. Tras una calma relativa en 2024, Ecuador vive un repunte sangriento en 2025: los registros oficiales y los análisis independientes muestran aumentos pronunciados en homicidios y violencia ligada a disputas de territorio entre bandas. Entre enero y julio de 2025 los homicidios crecieron en torno al 40% interanual, superando los 5.000 asesinatos en ese periodo, y las cifras semestrales reflejan puntos calientes urbanos y cantones con tasas extremadamente elevadas. Esa realidad explica la presión social y política para respuestas legislativas y operativas inmediatas.
Comparado con sus vecinos, el cuadro ecuatoriano es mixto y preocupante. Colombia mantiene tasas de homicidio sustancialmente más altas que la media regional (con cifras que las registran por encima de 20–27 por 100.000 habitantes según fuentes oficiales y observatorios nacionales en 2024), aunque con variaciones por regiones. Perú y Chile, en cambio, exhiben tasas más bajas en términos nacionales: cifras del orden de 6 homicidios por 100.000 en 2024 para Perú y aproximadamente 6 por 100.000 en Chile en 2024, aunque ambos países afrontan problemas puntuales de violencia organizada en áreas concretas. En otras palabras: Ecuador no es el único escenario de violencia en la región, pero el ritmo de su deterioro reciente y la concentración territorial del conflicto lo situaron en una posición de alarma que el nuevo gobierno de Noboa quiere atajar.
