El juez de la Audiencia Nacional del Juzgado Central de Instrucción 2, Ismael Moreno ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.
En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 acuerda esta diligencia a instancias de la Fiscalía una vez recibido el informe 155/2025, de 30 de octubre, de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil (UCO) en relación con los contratos de mascarillas en Canarias.
En concreto, Víctor de Aldama comparecerá ante el magistrado el día 27 de noviembre, mientras que Koldo García lo hará un día después, el 28 de noviembre, ambos a las 10 horas.
Ambos declaran como imputados. En teoría Aldama era la persona que conseguía las mascarillas y Koldo García quien habría facilitado la intermediación con las autoridades políticas canarias para formalizar los contratos.
En el informe entregado hace una semana la UCO reflejaba que había encontrado el primer mensaje del entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre el caso mascarillas enviado a Koldo García: «te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago. Ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite. Ya la tiene cargada para liberar el pago».
De esta manera, el mensaje probaría que el ahora ministro habría agilizado el pago de los dos lotes de mascarillas comprados, el primero de 526.000 mascarillas por 1.316.000 euros y el segundo de 1,262.750 mascarillas por 3.157.500 euros.
Antonio Olivera era el jefe del Gabinete de Presidencia del Gobierno canario y responsable del servicio canario de Salud, aunque Koldo y Aldama lo calificaban en sus whatsapps como el «vicepresidente. Cuando comenzó la investigación sobre la compra de mascarillas por parte de Canarias a la trama Koldo Olivera dimitió de sus cargos.
Ahora el juez Moreno quiere comprobar si los mensajes interceptados por la UCO son el reflejo de una realidad corrupta en los contratos de mascarillas para Canarias.
