El Palma Arena representa uno de los capítulos más oscuros de la política balear contemporánea. Este velódromo se levantó entre 2006 y 2007 como un proyecto ambicioso que acabaría convirtiéndose en un desastre financiero y legal. Lo que comenzó como una iniciativa de infraestructura deportiva terminó siendo la prueba más contundente de la corrupción sistémica en el gobierno de Jaume Matas durante su segunda legislatura en Baleares. El proyecto original presupuestaba una cifra moderada, pero la realidad final fue devastadora para las arcas públicas.
La construcción del Palma Arena se ejecutó con una velocidad casi sospechosa. En menos de ocho meses, desde junio de 2006 hasta abril de 2007, las obras avanzaron a un ritmo acelerado que luego quedaría bajo sospecha judicial. Los costes iniciales se multiplicaron sin ningún tipo de justificación técnica coherente. Lo que estaba previsto costar una cantidad específica acabó costando más del doble, generando un exceso presupuestario que disparó las alertas de la administración. Las cifras finales oscilaron entre los setenta y los cien millones de euros, dependiendo de cómo se contabilizasen los gastos adicionales y los intereses de demora.
LOS SOBORNOS ENTERRADOS Y LA RED DE CORRUPCIÓN
La maquinaria de la corrupción que rodeó al Palma Arena funcionó con precisión criminal durante años. Búsquedas policiales revelaron sobornos literalmente enterrados en jardines de funcionarios y personas vinculadas al proyecto. La Guardia Civil encontró doscientos cuarenta mil euros enterrados en la vivienda de Antònia Ordinas, la entonces gerenta del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares, dinero que las autoridades atribuyeron directamente a ingresos derivados de sobornos. Este descubrimiento fue apenas la punta del iceberg de un sistema de corrupción que implicaba a empresarios, políticos y técnicos.
Josep Joan Cardona, quien ocupó la posición de Consejero de Comercio e Industria durante el gobierno de Matas entre 2003 y 2007, lideró una trama que desangró las arcas públicas baleares. Cardona fue condenado posteriormente a dieciséis años de cárcel por el saqueo de ocho millones de euros. Su detención en julio de 2013 marcó un punto de inflexión en la investigación, demostrando que la Palma Arena era apenas uno de los muchos actos delictivos que se cometieron durante aquella legislatura de gobierno.
JAUME MATAS EN EL BANQUILLO: PREVARICACIÓN, MALVERSACIÓN Y FRAUDE
Jaume Matas comparecía ante los juzgados acusado de múltiples delitos que cubrían un espectro completo del código penal en materia de corrupción. Entre los doce cargos que enfrentaba figuraban siete delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación administrativa, fraude a la administración y blanqueo de capitales. El juez Baltasar Garzón ya había ordenado su detención y le impuso una fianza de tres millones de euros, la más elevada jamás fijada para un político en Baleares hasta ese momento. La investigación judicial reveló que los desvíos de fondos en la construcción del Palma Arena eran apenas una fracción de un sistema mucho más amplio.
En marzo de 2012, la Audiencia Provincial de Palma dictó la primera sentencia condenatoria. El tribunal halló a Matas culpable de fraude a la administración, falsedad documental en escrituras administrativas y mercantiles, prevaricación concurrente con malversación y tráfico de influencias agravado. La sentencia fijaba una pena de seis años de cárcel y dos meses de prisión. Sin embargo, Matas no ingresó inmediatamente en prisión. Sus abogados interpusieron recursos de casación ante el Tribunal Supremo, y la Fiscalía Anticorrupción consideró que no existía riesgo de fuga suficiente como para encarcelarlo durante la tramitación de esos recursos.
EL VELÓDROMO QUE NUNCA FUE RENTABLE: UN MONUMENTO AL DESPILFARRO
Una de las ironías más amargas del Palma Arena reside en que, una vez construido, el edificio nunca generó los ingresos esperados. Los gastos de mantenimiento resultaron enormemente elevados y continuaban acumulándose año tras año sin que existiera un modelo de negocio viable. Pero lo más grave era que, además de los costes directos de construcción, el gobierno balear debía asumir intereses de demora colosales por los retrasos en los pagos al constructor. Estos intereses superaron los doce millones de euros, cantidad casi tan importante como la obra misma. La ciudad de Palma había invertido una cantidad desproporcionada en una infraestructura que resultó ser económicamente insostenible.
El diseño del Palma Arena también estuvo plagado de decisiones cuestionables desde el punto de vista técnico. El arquitecto inicial había tasado la construcción de dieciséis mil metros cuadrados a doscientos euros el metro cuadrado, cifra que resultaba manifestamente insuficiente para un proyecto de esa envergadura y complejidad. Cualquier experto en construcción habría identificado inmediatamente el error presupuestario. Sin embargo, nadie lo denunció públicamente en el momento oportuno, lo que permitió que la administración procediese con un proyecto sobre la base de cálculos completamente alejados de la realidad de mercado.
LAS RAMIFICACIONES POLÍTICAS: DE LA PRESIDENCIA BALEAR AL MINISTERIO Y LA CAÍDA
Jaume Matas había tenido una trayectoria política ascendente que lo llevaría incluso fuera de Baleares. Estudió economía y empresariales en la Universidad de Valencia y se especializó en Hacienda Pública. Su entrada en política balear durante los años ochenta fue meteórica, ocupando cargos de responsabilidad en el gobierno autonómico bajo la presidencia de Gabriel Cañellas. Entre 1996 y 1999 fue presidente del Gobierno Balear en su primera etapa. Posteriormente, gracias a su relación con José María Aznar, fue designado ministro de Medio Ambiente entre 2000 y 2003, periodo durante el cual España ratificó el Protocolo de Kioto con Matas al frente del ministerio.
Su regreso a Baleares en 2003 como presidente en segunda ocasión coincidió con el periodo de máxima prosperidad económica de las islas. Sin embargo, fue precisamente durante esta legislatura cuando se produjo el desastre del Palma Arena y la mayoría de delitos por los que posteriormente sería condenado. La ironía radica en que Matas llegó a ostentar responsabilidades nacionales en materia de medio ambiente, mientras que en su propia región estaba cometiendo los actos delictivos más graves de corrupción política en democracia.
LA REDUCCIÓN DE PENA Y EL INGRESO DIFERIDO EN PRISIÓN
En julio de 2013, casi dieciocho meses después de la primera sentencia condenatoria, el Tribunal Supremo resolvió los recursos de casación interpuestos por la defensa de Matas. La decisión sorprendió a muchos observadores: la pena fue reducida significativamente de seis años a nueve meses de cárcel. El tribunal supremo estimó parcialmente el recurso y absolvió a Matas de algunos de los delitos originales, específicamente de fraude, falsedad y prevaricación en ciertas circunstancias. Sin embargo, esta reducción de pena no significó liberación inmediata. El gobierno español rechazó concederle un indulto, por lo que Matas tuvo que ingresar finalmente en la prisión provincial de Segovia el veintiocho de julio de 2014, casi dos años después de la condena inicial.
El que fuera ministro de Medio Ambiente pasó apenas unos meses en encarcelamiento. El treinta y uno de octubre de 2014, apenas tres meses después de ingresar en prisión, le fue concedido el tercer grado penitenciario, lo que le permitió abandonar el régimen de prisión ordinaria. Sin embargo, sus problemas legales no terminaron allí. En 2017 fue condenado nuevamente en el contexto del caso Nóos a tres años y ocho meses adicionales de cárcel por prevaricación y fraude, con una inhabilitación de siete años para ejercer cargos públicos.
LEGADO Y REFLEXIONES SOBRE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA BALEAR
El Palma Arena quedó como un símbolo permanente de la corrupción política española del siglo veintiuno. Su existencia física en Palma de Mallorca es un recordatorio constante de cómo el dinero público puede ser desviado, cómo los sistemas de control pueden ser burlados y cómo los mecanismos legales, aunque funcionen con lentitud, finalmente pueden procesar y condenar incluso a los más altos cargos políticos. Matas fue el cuarto presidente autonómico condenado por corrupción en la historia de la democracia española, un récord poco honroso que dibuja un panorama preocupante del estado de la integridad en la administración pública del país.
La trama que envolvió al Palma Arena implicó a decenas de personas, desde técnicos y funcionarios hasta empresarios y altos cargos políticos. Cada uno de ellos ocupaba un rol en una máquina de corrupción que operaba con sorprendente coordinación y eficiencia. Los sobornos no eran actos aislados, sino componentes de un sistema integral de fraude que se perpetuó durante años bajo la supervisión de autoridades que debían garantizar la legalidad y la transparencia en la gestión de los fondos públicos.
