La seguridad en las calles de España se ha convertido en el nuevo campo de batalla legislativo y dialéctico entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En el centro de la controversia se halla la propuesta de ley del PP para endurecer el Código Penal en la lucha contra la multirreincidencia, una iniciativa que, según la formación de Alberto Núñez Feijóo, busca poner coto a la creciente «profesionalización» del hurto y la estafa en los barrios y ciudades del país.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha alzado la voz con una contundencia que apunta directamente al Gobierno. Para Gamarra, el fenómeno de los delincuentes que reinciden de manera sistemática no es, en absoluto, una mera casualidad o una «anécdota», sino una práctica que se está volviendo «profesionalizada».
En una crítica feroz, Gamarra lamentó que existan individuos que han logrado convertir el hurto en una auténtica «profesión». Esta situación, a su juicio, está teniendo un impacto demoledor y directo en la economía local, al estar «ocasionando el cierre de comercios, de cafeterías» en múltiples localidades. El clamor de la dirigente popular es por una acción legislativa inmediata que «revierta con leyes y reformas en el Código Penal» la palpable situación de inseguridad que, asegura, asola muchos barrios españoles.
La líder del PP en el Congreso fue clara al recordar que esta iniciativa legislativa es uno de los «compromisos de Feijóo» ante la ciudadanía. El objetivo estratégico, subraya, es inequívoco: «hacer de las calles, de los barrios y de los municipios, sitios más seguros». La urgencia de la reforma radica en taponar lo que, desde el PP, se percibe como un agujero negro en el sistema judicial, evitando que los delincuentes «entren por una puerta de la comisaría y salgan libres por otra» tras cometer delitos leves.
El ataque político de Gamarra no se detuvo en la descripción de la problemática; cargó duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de haberse convertido en «cómplice» y en «aliado necesario de quienes hacen del hurto una profesión» al no respaldar sin fisuras la propuesta.
EL PP: MENOS MULTA, MÁS PRISIÓN
La propuesta de ley presentada por el Partido Popular en el Congreso no es solo un gesto político, sino un profundo intento de modificar aspectos sensibles del Código Penal. Su principal motivación es «solucionar los problemas generados por las sentencias del Tribunal Supremo de 2017 y 2019», resoluciones que, según el PP, desarmaron la respuesta penal al considerar desproporcionadas las penas de prisión cuando todos los delitos concurrentes eran leves.
El plan del PP se estructura en varios pilares, todos ellos enfocados a reforzar la contundencia de la ley. El punto neurálgico es el agravamiento de la pena por multirreincidencia en casos de hurto y estafa de cuantía leve. La propuesta busca modificar artículos clave del Código Penal (como el 234, 235 y 250) para establecer un cambio drástico en la sanción. De aprobarse, aquel culpable que sea condenado por tercera vez o más por delitos leves contra el patrimonio o el orden socioeconómico, podría enfrentarse a una pena de prisión que típicamente iría de uno a tres años, en lugar de la pena de multa que rige actualmente para los delitos leves.
Este endurecimiento pasa por eliminar los requisitos de cuantía económica actuales para que se aplique la pena de prisión. En la práctica, se elevaría la pena a prisión de seis a 18 meses (frente a la multa actual) si el infractor acumula tres antecedentes por este tipo de delitos.
Además, la reforma no se limita a la acumulación de delitos. El PP busca dar amparo legal a la consideración expresa de los antecedentes penales por delitos leves para la aplicación de la multirreincidencia, un aspecto que ha sido tradicionalmente un punto de fricción en la jurisprudencia.
La propuesta también añade un elemento de modernidad al reconocer la importancia de la tecnología y los datos personales. Incluye una modificación para agravar las penas por el hurto de dispositivos electrónicos como móviles y tabletas que son «susceptibles de contener datos personales», reconociendo la especial protección que merece la información sensible contenida en estos aparatos.
Finalmente, el PP quiere cerrar una laguna legal que considera incomprensible en el marco de la Unión Europea: propone que las condenas firmes impuestas por tribunales de otros países de la Unión Europea tengan efectos de reincidencia en España. El compendio de reformas busca, en esencia, dotar a jueces y fiscales de una herramienta más contundente para combatir una delincuencia habitual que castiga especialmente a centros urbanos y zonas turísticas.
LA POSICIÓN MATIZADA DEL PSOE: ENTRE LA ALARMA SOCIAL Y LA PROPORCIONALIDAD
El PSOE, sin embargo, ha adoptado una postura más matizada y compleja frente al debate que el simple «bloqueo» denunciado por Gamarra. La diputada del PP ha señalado la «incoherencia de que Pedro Sánchez» se comprometiera en la lucha contra la multirreincidencia la semana pasada, mientras el PSOE «haya votado en contra de la iniciativa del PP en el Senado». Esta acusación de bloqueo, sin embargo, coexiste con un panorama legislativo más complejo en el Congreso de los Diputados.
De hecho, en el debate más reciente sobre la toma en consideración de la proposición de ley del PP para endurecer la multirreincidencia en hurtos y estafas, el PSOE votó a favor de que la propuesta inicie su tramitación y se debata en la cámara baja, alineándose con el PP, Junts y otros grupos.
La justificación del Partido Socialista para este apoyo a la tramitación –que no supone un respaldo total al texto, sino la apertura del proceso legislativo– se basa en la necesidad de «buscar soluciones compartidas». Los socialistas reconocen que existe una «alarma social» genuina y una profunda «preocupación de ayuntamientos» (incluidos algunos socialistas) ante este fenómeno delincuencial que golpea con especial dureza a las zonas urbanas y turísticas.
El PSOE también ha admitido que la reforma legal que ellos impulsaron o apoyaron en 2022 «no ha sido del todo eficaz». Por ello, consideran que el debate de la propuesta popular ofrece una «oportunidad para corregir las disfunciones y ofrecer una respuesta penal más efectiva y proporcionada».
Pese a abrir la puerta al debate, el PSOE y sus socios de Gobierno, como Sumar, mantienen críticas de fondo que anticipan una dura negociación durante la fase de enmiendas. El argumento principal, un eco de la anulación del Supremo, es el «riesgo de desproporcionalidad». Socios como Sumar y parte del propio socialismo consideran que el aumento drástico de la pena, pasando de una multa a penas de prisión de hasta tres años por la acumulación de delitos muy leves, podría ser «contrario a los principios del derecho penal».
Para estos sectores, la multirreincidencia en delitos de pequeña cuantía está inherentemente ligada a «la exclusión social, problemas de adicciones o falta de alternativas socioeconómicas». La solución, por tanto, no puede ser únicamente punitiva –es decir, simplemente «meter más gente en la cárcel»–, sino que debe incorporar medidas de carácter social, laboral o de prevención.
El PSOE, al votar a favor de la tramitación, ha advertido de que presentará «enmiendas para moderar los aspectos más duros de la propuesta del PP». El objetivo es alcanzar un punto de «equilibrio entre la eficacia penal y el principio de proporcionalidad», buscando una reforma que sea «jurídicamente sólida y socialmente efectiva». El debate está servido, y la tensión política se mantendrá en las Cortes mientras se dirime el futuro de la seguridad ciudadana y la balanza de la justicia penal en España.
