Lavapiés vuelve a estar en el centro de la polémica. Apenas una semana después del cierre de Tapapiés, el festival gastronómico y cultural que cada otoño convierte al barrio en escaparate de la diversidad madrileña, algunos vecinos y varios colectivos denuncian un aumento de las redadas policiales y lo que califican de «racismo institucional».
«Esta semana nuestro barrio ha vuelto a ser escenario de macrorredadas racistas», afirmaban en una convocatoria difundida hace unos días por redes sociales. Según relatan algunos testigos, hubo identificaciones masivas en la plaza Nelson Mandela, en la plaza de Lavapiés y hasta en las canchas del Casino de la Reina, mientras los niños y niñas jugaban al fútbol.
El club deportivo Dragones de Lavapiés, que trabaja con menores del barrio, mostró su enfado. «Padres identificados delante de sus hijos. Familias con miedo de estar en la calle. Vecinas mirando con rabia. Esto no es seguridad, es racismo institucional«, explica un testigo de la redada.
Las escenas descritas han reabierto un debate sobre seguridad que en Lavapiés nunca termina de cerrarse. Para algunas organizaciones vecinales, la respuesta pública sigue siendo la misma: más presencia policial y presunta fijación con las personas racializadas a la hora de identificar en las redadas.
Según denuncian, los días posteriores a Tapapiés, que es una cita que este año ya venía marcada por la falta de limpieza, el ruido y la sensación de abandono institucional, se multiplicaron las intervenciones policiales en espacios públicos.
En uno de los casos, en la redada que se produjo la noche en la que finalizaba Tapapiés, se produjo una operación de un centenar de miembros de la Policía Nacional, en la que se produjeron ‘apenas’ cinco detenciones. La redada fue radiada por un equipo del diario El Mundo, que fue integrado en el operativo.
Es cierto que, por otra parte, existe un sentimiento muy considerable de ciudadanía que parece legitimar las redadas por el hartazgo que genera la sensación de inseguridad que está anidando en el centro de Madrid, donde cada vez se hacen más visibles los efectos el regreso de algunas drogas que parecían desterradas.
ABANDONO
Madrid vive una contradicción que se agranda año tras año. Es una de las capitales europeas más visitadas, símbolo de modernidad y dinamismo cultural, pero sus barrios más céntricos —Lavapiés, Malasaña, Chueca, Sol— muestran síntomas de agotamiento.
En Lavapiés, el deterioro urbano y la falta de atención pública se han convertido en el pan de cada día: suciedad acumulada, contenedores desbordados y cierta sensación de descontrol. El festival Tapapiés, concebido hace más de una década como un homenaje a la multiculturalidad del barrio, se ha visto este año envuelto en críticas.
Lo que debía ser una celebración se ha convertido en un altavoz del malestar vecinal. La propia asociación promotora del evento ha admitido dificultades y promete «repensar el modelo» de cara al futuro.
Sin embargo, muchos vecinos apuntan más arriba. «El problema no es Tapapiés. El problema es que las instituciones nos han dejado solos», señala una integrante de un colectivo antirracista. «Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han mostrado interés real por lo que aquí pasa. Y cuando la gente protesta, la respuesta es represión».
Algunas organizaciones de derechos humanos van más allá y hablan abiertamente de «racismo institucional». Denuncian que las macrorredadas son una herramienta habitual para contener el descontento social, especialmente en barrios con alta presencia migrantes. Las escenas vividas en la plaza Nelson Mandela o en el Casino de la Reina —espacios emblemáticos de la convivencia multicultural— han sido interpretadas como un intento de disciplinar al vecindario.
El malestar del barrio, insisten los colectivos, no es nuevo ni exclusivo. Reclaman una intervención integral que vaya más allá de la limpieza puntual o de los operativos policiales. Y piden vivienda asequible, protección contra la especulación, más servicios públicos, políticas de convivencia y más seguridad «sin que paguen justos por pecadores», explican algunos vecinos.
La lista de exigencias vecinales es tan concreta como urgente: mantener las calles limpias, controlar el ruido nocturno, perseguir a las mafias de las drogas y la prostitución, garantizar el descanso y la seguridad sin criminalizar, proteger a las personas mayores y a las familias, y frenar la expulsión de los residentes de siempre por la presión inmobiliaria y turística alentada por las hegemónicas políticas liberales.
Lo que ocurre en Lavapiés refleja un fenómeno más amplio: la pérdida de vida vecinal en el corazón de Madrid. La gentrificación, la especulación y la turistificación están erosionando la identidad de barrios históricos.
Frente a esa deriva, Lavapiés intenta resistir. Colectivos sociales, clubes deportivos y redes vecinales, aun sintiéndose en minoría en su crítica a estas macrorredadas, continúan organizándose, cuidando los espacios comunes y exigiendo que el barrio siga siendo un lugar de mezcla, encuentro y solidaridad.
