Lo que está ocurriendo en Navarra con el biometano ya no puede describirse como un simple debate técnico. A todas luces, se vislumbra como una disputa de poder que involucra a partidos, empresas, instituciones, plataformas ciudadanas y pueblos enteros.
La comarca sur de la Comunidad Foral, la Ribera, se ha transformado en el epicentro de un conflicto donde se cruzan los intereses energéticos europeos, la pugna electoral entre PSN-PSOE y UPN, y un hartazgo social que crece con cada nuevo proyecto anunciado.
Uno de los casos que ha encendido la mecha es el de B.Power Gen XV S.L.U., promotora de la planta proyectada entre Cintruénigo (que es el pueblo natal de la presidenta navarra María Chivite) y Fitero. El PSN-PSOE de Cintruénigo ha acusado públicamente al gobierno municipal —formado por UPN y PPN— de haber sido cómplice con el proyecto. Y los regionalistas responden que este tema es de competencia autonómica.
La tensión aumentó cuando tanto Fitero como Corella mostraron su oposición frontal y el propio PSN-PSOE de Fitero se desmarcó abiertamente de la operación. Fue el primer síntoma de que esta guerra no sería solo entre partidos, sino también dentro de los partidos. Este hecho también se evidencia por el enfado que existe en sectores de UPN Fitero contra sus compañeros de Cintruénigo.
El choque político se muestra más desconcertante ya que, en paralelo a las acusaciones cruzadas en la Ribera, UPN y PSN-PSOE firmaron hace unos días en el Parlamento una moratoria extraordinariamente laxa, limitada a apenas un año, para suspender la tramitación de nuevas plantas.
Lo llamativo es que, antes de ese acuerdo, el PSN-PSOE había pactado dos años de moratoria con sus socios progresistas. Esta medida más restrictiva estaba alineada con las demandas sociales.
Que socialistas y regionalistas se aliaran para rebajar la moratoria mientras protagonizan un enfrentamiento abierto en los municipios alimenta la percepción de que la guerra del biometano se libra de un modo en los pueblos y de otro muy distinto en Pamplona.
La contradicción no pasa desapercibida. En la Ribera se interpreta que el PSN-PSOE mantiene una estrategia de fondo orientada a facilitar la implantación de estas plantas —en consonancia con los objetivos marcados desde Bruselas y el Gobierno central—, pero evitando asumir públicamente el desgaste político ante la revuelta vecinal que se perfila para los próximos meses. Y que UPN cuenta con la misma estrategia, aunque en su caso han llegado a atacar a las plataformas vecinales ‘antibiometano’.
El temor a las repercusiones electorales de cara a 2027, especialmente en una zona donde el regionalismo quiere mantener fuerza y el socialismo aspira a recuperar posiciones, obliga a los partidos liderados por Cristina Ibarrola y la presidenta María Chivite a un equilibrio precario: defender el modelo energético, en algunos casos de forma llamativa, sin aparecer como cómplices de instalaciones impopulares.
El periódico navarro Ahotsa ha destapado el argumentario con el que el grupo parlamentario del PSN-PSOE justificaba la laxa moratoria en la Cámara navarra. El documento está repleto de elogios al biometano pese a solicitar una pausa, y lleno de incorrecciones según fuentes ecologistas. Su publicación refuerza la idea de que el socialismo navarro intenta navegar entre dos aguas: alineado con la ‘lluvia de plantas’, pero consciente del malestar creciente en los pueblos.
Mientras tanto, los conglomerados empresariales continúan su avance. Uno de los actores más señalados es el grupo riojano B.Power, cuyo crecimiento en Navarra y La Rioja ha sido vertiginoso. Sus sociedades —como B.Power Gen II y B.Power Gen XV, ambas en manos de María Díez Ruiz— se han multiplicado para abordar proyectos diferentes.
B.Power nació de la unión de E.Power, con dos décadas de experiencia en solar, y Bioflow, especializada en biogás, y está estrechamente ligada a los poderosos hermanos Miguel y Rubén Clavijo, figuras conocidas del empresarial riojano y navarro: uno con una larga trayectoria al frente del histórico Grupo Clavijo, que nació en Logroño, fue reimplantado en la navarra localidad de Viana, y está hoy integrado en la multinacional Trina Tracker; el otro con una gran experiencia en el sector de las renovables tras haber pasado por la empresa familiar y el consejo de administración de la cotizada Audax.
Esta estructura explica el empuje de la empresa en la Ribera y su implicación en proyectos especialmente sensibles, como el situado entre Cintruénigo y la villa de Fitero, plagada de granjas en los últimos años, o en la vecina pedanía riojana de Valverde del Río Alhama, donde las protestas vecinales por la implantación de otra planta están siendo intensas.
OTRAS PLANTAS
La planta de Cintruénigo-Fitero se integra en una constelación de plantas que han aparecido en los últimos tiempos en las merindades de Tudela, Olite y Estella.
Dentro de estos proyectos, examinados por este periódico, aparecen como impulsores las sociedades vinculadas al entorno de la barcelonesa Catalana de Biogás: la denominada Catalana de Biogás 1 S.L.U., ahora renombrada como Artajona de Biogás S.L., que está presidida por Rosa María Forcada Castell, y la hermana empresarial de la anterior compañía, Catalana de Biogás 6 S.L., vinculada a José María Font Fisa. El cambio de denominación hacia nombres navarros y la rápida tramitación de varias filiales generan cierta inquietud para los grupos ecologistas.
El mapa empresarial continúa ampliándose con la presencia de la soriana Biorig Energy Rada-Navarra S.L., cuyo intento de implantación en Mélida fracasó por la presión vecinal; de Biometano Sesma S.L., gestionada por Raquel Gadea de Miguel; de la sevillana AGR Biogás S.A., que extiende sus tentáculos por la Ribera; de la recién nacida madrileña Kambio Navarra S.L.; y de la navarra Ribercorgas S.L., fundada hace dos años en la localidad ribera de Villafranca, tal y como consta en el Registro Mercantil.
El caso de Valtierra destaca por ser uno de los pocos proyectos que habría logrado financiación de los fondos europeos Next Generation, con alrededor de un millón de euros según fuentes sectoriales. La iniciativa está promovida por la compañía alavesa Tellamendi, vinculada a un abogado con pasado en Gamesa y Aerospace Innova.
Todo ello se produce en un territorio que ya acumula tres plantas activas —en el tudelano término del Culebrete y en los municipios de Caparroso y Cabanillas— y al menos nueve más en tramitación: Valtierra, Cortes, Tudela, dos en Murillo el Cuende, Funes, Sesma, Rada y la de Cintruénigo-Fitero.
La sensación de saturación es general, y en Tudela la planta de lodos impulsada por el Gobierno foral ha sido rechazada con contundencia por el Ayuntamiento de UPN liderado por Alejandro Toquero, que aspira a liderar su partido en 2027 a nivel autonómico pese a la falta de entusiasmo que genera en algunos sectores de su partido.
En la Ribera existe la percepción de que existen planes para convertir a la comarca en «el vertedero del norte» y se sospecha que tres de las grandes entidades financieras del Estado estarían profundamente involucradas en la financiación de algunos de estos proyectos que, según voces de la Fundación Sustrai Erankutza consultadas por MONCLOA.com, podrían responder a una voluntad «especulativa».
