Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraban este viernes las sedes de la compañía Acciona en Madrid y Bilbao en busca de documentación relativa a la adjudicación del contrato de construcción de la cárcel de Zubieta, en Vizcaya y que se adjudicó por 45 millones de euros a una UTE conformada al 50% por Acciona. Todo ello por orden del Tribunal Supremo que instruye el Caso Koldo.
Los registros se llevan a cabo dentro de la pieza secreta que el Tribunal Supremo separó de la causa contra Santos Cerdán y que investigaría la adjudicación por parte del consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad Social del Estado (SIEPSE), dependiente del ministerio del Interior. El SIEPSE pertenece a Patrimonio del Estado pero todo lo relativo a cárceles pasa por el ministerio de Grande-Marlaska.
Estas diligencias se han llevado a cabo en el marco de una pieza secreta separada sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que ha abierto el magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa, que ya investiga el pago de las presuntas mordidas por algunas constructoras para acceder a licitaciones públicas.
Las obras se adjudicaron en marzo de 2021. El objeto de contrato fue «obra del Centro Penitenciario Norte III en San Sebastián (Guipúzcoa)» y se adjudicó por 44.578.442,35€, tras una ampliación de 1.812.158,76 euros en 2023. El plazo de ejecución de la obra fue de 27 meses.
La obra fue adjudicada a la UTE Acciona Construcción, Cycasa Canteras y Construcciones y Construcciones Murias. La obra llamó la atención de los investigadores de la UCO por su cercanía o relación con las adjudicaciones realizadas en Navarra, entre ellas la del túnel de Belate. Muchas de ellas durante el mandato de la socialista María Chivite desde 2019 hasta la actualidad.
CÁRCEL DE ZUBIETA
La cárcel de Zubieta es un proyecto del actual ministro del Interior, que lo anunció en 2020. El objetivo era reemplazar a la obsoleta cárcel de Martutene. El encargo partió del Siepse, que depende de la SEPI, pero en la práctica depende del ministerio del Interior. Su responsable actual es la ex diputada del PSOE, Sofía Hernanz.
La UTE adjudicataria del proyecto estaba integrada por Acciona, al 50 por ciento, la empresa local Construcciones Murias, al 25% y otra empresa vizcaína llamada Cycasa Canteras y Construcción. A la licitación se presentaron empresas importantes como OHLA, FCC y Dragados.
Las obras todavía no están terminadas y se espera que los presos no sean trasladados desde Martutene a la nueva prisión hasta dentro de un par de meses.
La cuestión es que una de las empresas adjudicatarias constaba en los pagos recibidos por Servinabar, una empresa de Joseba Antxon Alonso en el ojo del huracán después de que se descubriese que Santos Cerdán había firmado un contrato de compra del 45% de las acciones. Contrato que todas las partes alegaron que jamás llegó a llevarse a efecto.
En concreto, Cycasa abonó a Servinabar unos 180.000 euros. El problema es que la UCO no encuentra la justificación de esos pagos, ya que la cantidad fue pagada en plazos de 10 mil euros y constaban en el informe que la Hacienda Foral de Navarra envió al Tribunal Supremo.
La principal adjudicataria en Navarra durante el período de Cerdán fue Acciona, que pagó unos 6 millones de euros a Servinabar. Según publicó el diario El Confidencial, otra UTE ofreció menos dinero por la misma obra de, pero fue descalificada por baja temeraria.
Hay que recordar que ya el fiscal Anticorrupción emitió un informe demoledor contra la pretensión de Fernando Merino, ex delegado de Acciona en el norte de España, de evitar las medidas cautelares adoptadas contra él en el Supremo por del Caso Koldo, donde está imputado. El fiscal, en sus argumentos para mantener la imputación de Merino y las medidas adoptadas, explicaba que «la naturaleza subrepticia de la relación entre Koldo García y Acciona se evidencia en la manera en que esta constructora realmente le retribuía».
El Fiscal informaba al Supremo que le pedía hacerlo el 11 de julio de 2025, en relación al recurso presentado por la defensa de Fernando Merino contra la orden del Supremo de prohibición de abandonar territorio nacional, la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado Decano de Valencia.
La Fiscalía explicaba que «el pasado 7 de julio de 2025, concluida la declaración de Fernando Agustín Merino, en la que no fue capaz de desvirtuar mínimamente los relevantes indicios incriminatorios que pesan sobre él, la Fiscalía solicitó las medidas cautelares ya referidas, que fueron acordadas por el Magistrado Instructor en un ampliamente motivado auto».
El escrito del fiscal aclara que «se razona en la resolución impugnada que no concurren los elementos que podrían justificar que se acordara la prisión provisional respecto de este investigado según se contemplan en el artículo 503 LECrim que, además, no ha sido solicitada por ninguna de las partes acusadoras pero que, no obstante, es evidente que no han sido desvirtuados los indicios de criminalidad que determinaron la decisión de llamar a Fernando Agustín Merino como investigado en este procedimiento y que se contienen sustancialmente en el informe policial de a UCO de 5 de junio de 2025″.
CONNIVENCIA CON KOLDO GARCÍA
Hay que recordar que tanto los investigadores de la UCO como las acusaciones coinciden en la existencia de suficientes indicios «que establecen la connivencia de Fernando Agustín Merino, Director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona Construcción entre 2015 y 2019 con el investigado, Koldo García, asesor del también investigado en esta causa, el Ministro José Luis Ábalos, para obtener a cambio de presuntos beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)».
Sin embargo, la representación legal de Fernando Merino impugnó esta resolución sobre la base «de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, la ausencia de indicios racionales de criminalidad, la inexistencia de los elementos típicos del delito de cohecho y de organización criminal, la vulneración del principio de proporcionalidad y la motivación insuficiente, que no cumpliría con los estándares de la tutela judicial efectiva».
INDICIOS DE CRIMINALIDAD
El fiscal centra el debate sobre si los indicios de criminalidad sobre Merino son suficientes y válidos para la adopción de las medidas dictadas por el juez y al respecto dice que «el análisis de los elementos indiciarios que justificaron la llamada al proceso de Merino Vera en calidad de investigado y la posterior adopción de las medidas cautelares resulta capital para la impugnación del recurso pues, teniendo tales indicios la solidez que a continuación se expondrá, queda desvirtuado el relato del recurrente en este punto y consecuentemente también en el que se refiere a la pretendida vulneración del principio de proporcionalidad y de los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. Por supuesto, también en lo atinente a las triviales y formularias referencias finales a la inversión de la carga de la prueba o a las investigaciones prospectivas, que ninguna conexión guardan con la presente instrucción».
Y concreta que «el recurso parece confundir permanentemente el estadio procesal en el que nos encontramos e ir a la búsqueda de un relato cerrado, casi de hechos probados, más que a valorar la existencia de lo que en este momento no son sino indicios».
Los indicios de criminalidad de Fernando Merino son, para la Fiscalía, «la estrecha relación que existía entre Fernando Agustín Merino Vera y Koldo García Izaguirre, persona que resultó clave en el MITMA para la consecución de los objetivos empresariales de Acciona, derivada de su capacidad de influencia sobre el Director General de Carreteras, Javier Herrero Lizano, y la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, merced a su privilegiada posición como asesor y hombre de la plena confianza del Ministro José Luis Ábalos».
Koldo García y Fernando Agustín Merino se conocieron en 2015 en Navarra, cuando Merino era el Director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona, al hilo de la obra «Mina Muga o Mina de Sangüesa» en la que esta empresa «tuvo que presentarse formando UTE con la local Servinabar para conseguir la adjudicación, tal y como reconoció el propio Merino. Servinabar, vinculada a Joseba Antxon Alonso y a Santos Cerdán, es una sociedad creada ad hoc para lucrarse en esta obra y en otras venideras, sin que conste ninguna contribución precisa a ellas».
«Merino inicia así una relación con los también investigados en esta causa Joseba Antxon Alonso y Santos Cerdán que se extiende después a su participación en otras obras en Navarra de la UTE Acciona/Servinabar como el proyecto panadero o supermercado el panadero de Eugui y Navarra Arena, un pabellón deportivo en Pamplona», añade la Fiscalía.
La relación entre Koldo García y Fernando Merino, «a quien el primero llama «cordobés” o “cordo” se torna en estos años especialmente intensa. Precisamente este apodo ha sido rechazado por Merino en su declaración judicial, pese a que existe evidencia de ello en la agenda de Koldo García y hasta Santos Cerdán escribió a este el 12-10-2017 para pedirle que cambiara una cena con “cordo”. No tiene este apodo mayor interés que el de permitir identificar a Merino en las relaciones con el resto de los miembros de la presunta organización criminal», añade en su escrito para el juez instructor la Fiscalía Anticorrupción.
