La Ertzaintza ha desvelado por primera vez en su historia un informe estadístico que vincula el lugar de nacimiento con la comisión de delitos, arrojando luz sobre un debate que polariza a la sociedad vasca y al resto de España. El documento, que recoge las detenciones e investigaciones llevadas a cabo durante los primeros nueve meses del año en curso (enero a septiembre de 2025), sitúa a la delincuencia como un foco de preocupación creciente y pone en el centro de la polémica el origen geográfico de los implicados.
Según los datos, de las 5.230 personas detenidas y las 23.528 investigadas por la policía autónoma, el 64,21% de los arrestados eran de nacionalidad o procedencia extranjera, frente al 35% de origen español (incluyendo vascos y ciudadanos de otras comunidades autónomas). En el caso de los investigados, la proporción fue del 42,8% de extranjeros, por 57% de nacionales.
EL MAGREB EN EL FOCO DE LAS ESTADÍSTICAS
El informe, que desglosa el origen por regiones, ha encendido las alarmas sobre la desproporción de la criminalidad en relación con el peso demográfico. La Ertzaintza destaca la alta incidencia de detenciones de personas procedentes del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez), que acumulan 2.223 arrestos en el periodo analizado.
Este número es especialmente significativo si se compara con el porcentaje de población que representan. El colectivo magrebí constituye apenas el 1,7% de la población total en el País Vasco, sin embargo, su cifra de arrestos (2.223) se sitúa casi a la par que la de los ciudadanos de nacionalidad española (2.266 detenciones, que incluyen españoles por nacimiento y nacionalizados).
Aunque el informe detalla el origen de los detenidos, la información disponible no desagrega los datos de forma específica para ofrecer una cifra exacta de los robos cometidos exclusivamente por personas de nacionalidad marroquí. No obstante, al ser el principal país de origen de la región Magreb, su peso es el más determinante en la estadística de detenciones globales. La categoría «Magreb» se convierte así en el epicentro del debate sobre los delitos contra el patrimonio, incluyendo los robos.
TRANSPARENCIA CONTRA ESTIGMATIZACIÓN
La publicación de este informe marca un punto de inflexión en la política comunicativa de la Ertzaintza, un cambio impulsado por el Gobierno Vasco (PNV y PSE) en un intento, según el Consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, de promover la transparencia y evitar la manipulación de datos en el debate público sobre inmigración y delincuencia. «Mejor facilitar los datos con transparencia y sin estigmatizar a nadie», fue la justificación oficial.
Sin embargo, la decisión responde también a la creciente presión política y social. La preocupación por la inseguridad ciudadana ha escalado en las encuestas vascas, y partidos como el PP y Vox han exigido reiteradamente la desagregación de los datos por origen, argumentando que la ocultación de la información solo alimenta la especulación y los discursos extremistas. La publicación de las cifras, aunque pretende ser un ejercicio de honestidad, inevitablemente aviva la polémica sobre la relación entre inmigración y delincuencia.
IMPLICACIONES EN LA SEGURIDAD Y LA POLÍTICA
El salto de la delincuencia a las primeras preocupaciones de los ciudadanos vascos ha sido notable, y este informe añade leña al fuego de un debate que trasciende lo policial para adentrarse en lo social y lo electoral. La desproporción en las detenciones de ciudadanos extranjeros, y en particular del colectivo magrebí, fuerza a las instituciones a plantear estrategias integrales que aborden tanto la seguridad como la inclusión.
Los datos sugieren que las Fuerzas de Seguridad deben centrar su atención en colectivos específicos para prevenir la comisión de ilícitos, lo que podría implicar un aumento de la vigilancia en zonas de alta concentración de determinados grupos. Pero el reto no es solo policial: expertos en integración señalan que las altas tasas de detención en un grupo minoritario a menudo reflejan carencias sistémicas, como el fracaso en los programas de integración, la falta de oportunidades laborales o la exclusión social, factores que históricamente han impulsado a jóvenes de origen extranjero a la marginalidad y, en consecuencia, a la comisión de delitos.
En el plano político, el informe podría ser utilizado por la oposición para cuestionar las políticas migratorias y de seguridad del Gobierno, argumentando que las cifras evidencian un problema de orden público que ha sido ignorado o minimizado. La publicación de estos datos, que desglosa 80.111 ilícitos penales conocidos en el periodo analizado, sitúa a la Ertzaintza en el centro de una tensa discusión sobre cómo gestionar y comunicar la compleja realidad de la criminalidad en una sociedad cada vez más diversa.
El desafío de la administración vasca será ahora interpretar y contextualizar estos números para implementar soluciones efectivas que reduzcan las tasas de delincuencia sin caer en la estigmatización ni alimentar la xenofobia, manteniendo el equilibrio entre la transparencia policial y la cohesión social. Los ojos de la prensa y la ciudadanía estarán puestos en las medidas que se tomen a partir de ahora para abordar lo que las estadísticas policiales han puesto al descubierto.
