El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) involucra a Acciona Construcción y Servinabar en el pago y el cobro, respectivamente, de comisiones del 2% por cada una de las obras que la primera lograba adjudicarse. Esta comisión señalaría directamente a Santos Cerdán, ya que el 45% de Servinabar era, supuestamente, suyo mediante la firma de una escritura de compraventa. La UCO cree que el 75,33% de los ingresos de Servinabar procedían de esos contratos.
El documento es un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la Causa Especial 20775/2020, que investiga presuntos delitos de corrupción, cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal. El informe detalla las relaciones entre las empresas Acciona Construcción y Servinabar así como la implicación de varias personas, incluyendo José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Joseba Antxón Alonso (Servinabar) y Justo Vicente Pelegrini (Acciona).
Según este documento la relación entra Acciona y Servinabar se inició en 2015 con un «Acuerdo de Colaboración» para proyectos conjuntos, como «Mina Muga». Este acuerdo permitió la subcontratación de servicios de Servinabar por parte de Acciona en proyectos de obra pública.
El mismo documento habla de adjudicaciones sospechosas durante la etapa de José Luis Ábalos como Ministro de Fomento (2018-2021), cuando Acciona Construcción fue adjudicataria de varios proyectos de obra pública, como «Logroño», «Sevilla» y «Sant Feliú de Llobregat». Se detectó un patrón de firma de «Memorándums de Entendimiento y contratos de prestación de servicios» entre Acciona y Servinabar con pagos del 2% del importe adjudicado a la constructora navarra.
Los agentes calculan que Servinabar recibió más de 6 millones de euros de Acciona y proyectos vinculados, representando el 75,33% de sus ingresos totales. Parte de estos fondos se destinaron a presuntas contraprestaciones para Santos Cerdán y su entorno familiar, incluyendo pagos a su esposa, hermana y cuñado, así como el alquiler y amueblamiento de inmuebles en Madrid.
Además, la UCO encontró que los investigados adoptaban medidas de seguridad «para ocultar sus actividades, como el uso de aplicaciones de mensajería privada, reuniones en inmuebles alquilados por Servinabar y comunicación mediante anotaciones manuscritas.
Los agentes acaban el informe solicitando » Se solicita «autorización judicial para realizar registros en domicilios y sedes sociales de los implicados, incautar dispositivos electrónicos y telemáticos, y obtener información tributaria y bancaria de las personas y empresas relacionadas con los hechos investigados», algo que ocurrió el pasado viernes. El informe concluye que existen indicios de delitos y propone medidas para asegurar pruebas y avanzar en la investigación.
