Alejandro Luzón, fiscal Anticorrupción que ejerce la acusación en el Tribunal Supremo en la parte que le corresponde al Alto Tribunal del Caso Koldo ha presentado un escrito de calificación donde pide 24 años de cárcel para Ábalos por la presunta comisión de 6 delitos, 19 años y medio a su ex asesor Koldo García por otros 6 delitos y 7 años de cárcel a Víctor de Aldama por 3 delitos, aunque presenta el atenuante de confesión.
El fiscal acusa a Ábalos y Koldo García de los mismos delitos de organización criminal, otro de cohecho pasivo, otro de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y otro de malversación. En el caso de Aldama las acusaciones son de organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información, aunque por este último solo pide una multa de 3,7 millones de euros para el empresario.
El delito por el que mayor pena pide la Fiscalía es por el de organización criminal, por el que pide una pena de 6 años de prisión. El fiscal pide también que declaren 39 testigos, cuyos nombres constan en los atestados de la Guardia Civil y que en algunos casos están imputados en la causa que se sigue por el mismo motivo en la Audiencia Nacional. También pide dos periciales y que se expongan decenas de pruebas documentales.
Asimismo, fiscalía pide que se modifiquen las medidas cautelares respecto a Ábalos y Koldo García y que ambos comparezcan de nuevo, lo que deja caer la sospecha de que el fiscal pedirá su entrada en prisión.
ALDAMA BENEFICIADO
El empresario Víctor de Aldama sale especialmente beneficiado del escrito de Fiscalía, que refleja que «a lo largo de la instrucción de la presente causa especial, Víctor Gonzalo de Aldama ha reconocido los hechos que se le atribuyen, aportando detalles sobre la duradera relación que mantuvo con José Luis Ábalos Meco y Koldo García Izaguirre, el comienzo de la misma y el concierto con ellos para conseguir la adjudicación de contratos o el dictado de resoluciones que satisficieran sus intereses personales, detallando la periódica entrega de importantes cantidades en efectivo junto con otras contraprestaciones puntuales realizadas siempre con el mismo objetivo», indica el fiscal para justificar la aplicación del atenuante de confesión prevista en el artículo 21 del Código Penal.
Luzón valora que las manifestaciones de Aldama son «relevantes», «veraces» y «compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento», y, «desde luego», no son «auto exculpatorias» puesto que el empresario «viene a admitir de manera inequívoca su participación en un acuerdo con los otros dos acusados que le permitía defender sus intereses de manera privilegiada ante la Administración Pública, así como el pago de cantidades que implican la asunción de su propia responsabilidad criminal en delitos graves».
El pasado 3 de noviembre, el instructor Leopoldo Puente acordaba transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y enviar al banquillo de los acusados a Ábalos, Koldo García y Aldama por la compra de material sanitario en pandemia, en concreto por el gasto de 53 millones de euros en mascarillas.
KOLDO EL ALTER EGO DE ÁBALOS
En el escrito de calificación provisional, conocido hoy, el fiscal Luzón sostiene que «Koldo García fue el alter ego de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio de Transportes como en el seno de otras Administraciones Públicas, se sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de José Luis Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor».
Anticorrupción subraya que, «al tiempo, Koldo García manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor Gonzalo de Aldama».
La Fiscalía explica que la trama criminal comenzó a operar tan «pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico». Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres [el ex ministro, su ex asesor y Aldama] convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas.
«Cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz», agrega el fiscal. Asimismo, Luzón subraya que «la organización nació, además, con innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de José Luis Ábalos y Koldo García del Ministerio de Transportes».
La petición de prisión de Anticorrupción también se refiere a la contratación de Jésica en las empresas públicas Ineco y Tragsa, el alquiler del piso que tenía en la plaza de España de Madrid la ex pareja de Ábalos, la contratación de la otra mujer, Claudia Montes, en la empresa Logirail o la operación de arrendamiento del chalet de la Alcaidesa (Cádiz).
Hay que recordar que el Tribunal Supremo se convirtió en instructor por el aforamiento de Ábalos, que nunca renunció a su acta de diputado.
