La política española ha entrado en una fase de extrema volatilidad, marcada por una polarización sin precedentes y una batalla donde ambos bloque libran batallas alejadas del Congreso y donde enemigos eternos pueden llegar a acuerdos. En este sentido, el eje Partido Popular (PP), Vox y el partido catalán Junts per Catalunya (Junts)– cuyo objetivo último, según fuentes internas del PSOE y PP, no es otro que desmantelar la estructura de poder institucional que sostiene al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y forzarle a convocar unas elecciones generales anticipadas, sin participar los catalanes en un supuesta moción de censura que facilite el acceso de Feijóo al poder. Este plan, que algunos han calificado internamente como una «estrategia de desgaste militar», se basa en la aritmética parlamentaria antes que en la acción directa.
La clave de esta operación no es otra en la suma de los escaños que esta formaciones conservadores tienen. Esa suma en la suma da 177 diputados, una cifra que les permite superar al bloque de investidura en votaciones clave donde la mayoría simple o absoluta es determinante. Los estrategas de la oposición, liderados informalmente por el PP, han identificado la debilidad del Ejecutivo en su control de los órganos constitucionales y entidades dependientes del Parlamento. En lugar de facilitar una moción de censura, un movimiento que resultaría políticamente tóxico para las bases de Junts, el plan se centra en una «quita de fortalezas» progresiva, debilitando la capacidad de maniobra del Gobierno y minando la moral del Partido Socialista. Hacer incómodo la presidencia a Sánchez y asfixiar al presidente.
LA TOMA DE LA CIUDADELA AUDIOVISUAL
El primer objetivo, y el que se considera el más sensible y urgente, es el Consejo de Administración de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE). El Grupo Parlamentario Popular ha formalizado esta ofensiva presentando una Proposición de Ley de modificación de la Ley 17/2006, relativa a la radio y televisión de titularidad estatal. El texto de la proposición, cuyo alcance ha sido objeto de intensas negociaciones tras bambalinas, busca introducir reformas sustanciales que permitan una renovación rápida y sustancial de la cúpula directiva.
La exposición de motivos de la iniciativa legislativa argumenta que la evolución del ecosistema audiovisual y la experiencia aconsejan introducir cambios para garantizar una mayor eficacia en la gestión de los servicios públicos, reforzar su independencia profesional y mejorar la rendición de cuentas ante las Cortes Generales. Sin embargo, el contenido de la reforma va directamente a la línea de flotación del actual control gubernamental.
La Proposición de Ley plantea una modificación específica en el Artículo 10, estableciendo que, si bien el mandato de los consejeros es de cuatro años, el Congreso de los Diputados podrá acordar la renovación anticipada del Consejo por mayoría absoluta «cuando concurran circunstancias excepcionales de pérdida de confianza o de cambio sustancial en la representación parlamentaria». La propuesta añade, además, una Disposición Adicional Única que exige a las Cortes Generales proceder a la renovación del Consejo de Administración en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la nueva ley.
Este movimiento no es meramente administrativo; representa una amenaza directa al control narrativo del Ejecutivo. En los pasillos políticos se asume que si el Gobierno pierde el control del Consejo de RTVE, enfrentarse a una gestión diaria con la televisión pública y las principales cadenas privadas (Telecinco y Antena 3, de tendencia crítica o, al menos, no alineada) ejerciendo una presión constante y coordinada es una situación insostenible. El diagnóstico es que Pedro Sánchez no podría resistir un año y medio bajo ese fuego cruzado mediático. La única vía de escape, según los cálculos de la oposición, sería la convocatoria ineludible de elecciones generales.
DESMANTELANDO EL PODER INSTITUCIONAL
La ambición de esta posible coalición informal conservadora no se detiene en el ámbito audiovisual. La estrategia de desgaste contempla una escalada en la toma de control de otras instituciones clave. Se busca arrebatar al bloque gubernamental la Presidencia del Congreso de los Diputados y la Presidencia del Tribunal de Cuentas, entre otros organismos. El mecanismo es siempre el mismo: forzar votaciones internas en las que la suma de 177 escaños—Junx, PP y Vox—pueda revertir las mayorías que actualmente ostenta la coalición de Gobierno y sus socios. Así la parte más nacionalista de Junts no se sentiría agraviada por ir de la mano de Vox. Siendo interlocutor los populares que hacen de puente entre ambas formaciones políticas.
Actualmente, por ejemplo, la Mesa del Congreso se configura con una mayoría favorable al PSOE y sus aliados. El objetivo es forzar una votación para cambiar la composición de la Mesa, trasladando el control del Congreso—la cámara que dicta los ritmos legislativos y controla la agenda parlamentaria—a manos del PP. Si la Presidencia del Congreso recae en el PP, el partido ya tendría también la Presidencia del Senado, consolidando un control bicameral que paralizaría la capacidad legislativa del Ejecutivo.
Este asalto a los órganos de gobierno y control se lleva a cabo a pesar de las complejidades internas de Junts per Catalunya. Si bien la formación se mantiene formalmente bajo la línea marcada por el expresidente Carles Puigdemont, existen facciones con afinidades diversas. Fuentes cercanas a la Moncloa han revelado que hay interlocutores de Junts con buena sintonía hacia la dirección socialista, ejemplificada por figuras como Félix Bolaños o Santos Cerdán, ahora en prisión y que presuntamente podría a ver favorecido a miembros del partido catalán. No obstante, el ala más nacionalista y, a la vez, más afín a la derecha ideológica (un partido nacionalista de derechas, como se le define) parece haber tomado la iniciativa, priorizando el desmantelamiento de la estructura de poder del PSOE por encima de las alianzas tácticas a corto plazo. El objetivo es claro cuanto más tensión haya en España es favorable para ellos.
La información sobre esta coordinación se ha filtrado a través de comunicaciones internas, incluido un correo electrónico con una supuesta propuesta que el PP habría trasladado a los miembros de Junts, detallando los cargos institucionales a tomar. La lógica es implacable: aislar al Presidente, despojarle de sus «cargos satélite» y de su capacidad de comunicar efectivamente su agenda. El cálculo es que, aunque el Presidente Sánchez esté obsesionado con agotar la legislatura hasta el año 2027, la pérdida continuada de influencia institucional terminará por «destrozar al partido por medio», obligándole a ceder ante la presión electoral antes de lo previsto.
El escenario político, por tanto, se transforma en una guerra de posiciones. No se trata de un voto de censura, sino de una estrategia de acoso institucional meticulosamente diseñada para crear un vacío de poder que haga la continuidad del Gobierno materialmente inviable. El foco está puesto en la votación sobre RTVE, la primera prueba de fuego que determinará si la coalición del 177 tiene la disciplina necesaria para ejecutar esta ambiciosa y disruptiva hoja de ruta. Broncano, Pepa Bueno y otras «superestrellas» de la TV pública temen por sus contratos.
