El ministro de Justicia y de Presidencia Félix Bolaños ha dicho esta tarde durante una comparecencia pública que «el Gobierno nombrará un nuevo fiscal o una nueva fiscal general de Estado» en los próximos días.
Hasta ahora el Gobierno socialista había defendido contra viento y marea la permanencia de Álvaro García Ortiz como Fiscal General pese a sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos. Ahora, tras la condena del Supremo la condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.240 euros y a una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno debe nombrar otro fiscal.
El ministro Bolaños ha dicho que el nombramiento será de «»Será «una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho». La inhabilitación de García Ortiz será efectiva cuando se redacte y se haga pública la sentencia, pero en el Gobierno ya anticipan el movimiento de nombrar un sustituto o una sustituta.
El artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que el mandato del fiscal general es de cuatro años, pero que podrá cesar a petición propia; por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley; en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo; por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones; cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto. El artículo 44 establece que están incapacitados para el ejercicio de funciones fiscales los que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación.
Mientras se conoce el nombre de la persona que ocupará el puesto de fiscal general, desde el Ejecutivo han querido hacer expreso su reconocimiento a la labor de García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado».
