La gestión municipal de Alcobendas, liderada por la alcaldesa Rocío García Alcántara, ha vuelto a situarse en el ojo del huracán por un dispendio que, más que una herramienta de promoción económica, parece la crónica anunciada de un fasto institucional, algo que ya viene siendo un clásico en su gestión. El Ayuntamiento se prepara para desembolsar la considerable suma de 70.000 euros de fondos públicos, con posibilidad de duplicar el gasto hasta los 140.000 euros si se ejercen prórrogas, en la organización de la tercera edición de la Gala Empresarial Premios Avanza, un evento que la documentación interna justifica como estratégico, pero que en la práctica se asemeja más a una opulenta fiesta de autobombo para un círculo selecto.
El enfoque de esta iniciativa, prevista para el segundo semestre de 2026, refleja una clara y preocupante priorización: la imagen y la escenografía institucional por encima de la eficiencia y el rigor en el gasto. Si bien el objetivo oficial es «reconocer la labor de instituciones, empresas y personalidades» que contribuyen al desarrollo local, la realidad, desvelada por los pliegos de contratación a los que este medio ha tenido acceso, pinta un cuadro de derroche y obsesión por el impacto mediático superficial.
LA FIESTA DE LA ALCALDESA
Los 70.000 euros presupuestados son el coste de lo que el Consistorio ha externalizado completamente, reconociendo implícitamente su incapacidad para organizar el evento con recursos propios. El contrato a tanto alzado exige a la empresa adjudicataria un despliegue faraónico que incluye la producción audiovisual completa, diseño gráfico, gestión de invitaciones, contratación de un maestro de ceremonias, el montaje de un photocall, escenografía profesional, sonido e iluminación de alta gama, y, quizás el punto más revelador del foco de la alcaldesa García Alcántara, un catering y cena de gala de máximas prestaciones junto a un espectáculo artístico.
Este detallado listado de prestaciones no deja lugar a dudas: la Gala Avanza es, ante todo, una puesta en escena diseñada para impresionar y para nutrir la imagen personal e institucional de la regidora y de su equipo, incluyendo a la controvertida concejala de Distrito Norte y Desarrollo Económico, María del Mar Rodríguez Fernández. El fin último parece ser generar «fotos para el Instagram de la Alcaldesa» y la edil, más que un retorno económico tangible para los ciudadanos de Alcobendas.
LA CAZA DEL FAMOSO
El mayor indicio del fracaso de las ediciones anteriores y la desesperación actual del equipo de García Alcántara se encuentra en los criterios de adjudicación del contrato. El Ayuntamiento ha fijado una puntuación de hasta 20 puntos adicionales para aquellos licitadores que demuestren una mayor capacidad para incrementar el número de invitados VIP de reconocido prestigio nacional e internacional. En otras palabras, se incentiva explícitamente el gasto de fondos públicos para comprar la presencia de rostros conocidos y, con ello, paliar el ridículo mediático de las ediciones previas.
Las primeras galas de 2024 y 2025 fueron un ejercicio de futilidad, recordadas por el bochornoso espectáculo de miembros del Ayuntamiento suplicando por teléfono a representantes de los medios de comunicación que «por favor acudieran como invitados a cenar» para conseguir algo de cobertura. La situación se volvió sonrojante cuando personalidades de la talla de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, que fueron galardonados, declinaron «sabiamente» su presencia en la pseudo-gala, dejando un vacío que el glamour municipal no pudo llenar. El evento, concebido para proyectar una imagen de «municipio referente», ha sido en realidad un desfile de las «mismas caras» de siempre, caracterizado por las «notables ausencias» y la falta de verdaderas figuras de calado empresarial. Los documentos hablan de un evento de «segunda división», y el esfuerzo por contratar celebrities solo confirma que, hoy por hoy, la gala no genera el interés que su elevado coste debería garantizar.
EL CRITERIO DE LA OSTENTACIÓN: MÁS APERITIVOS, MÁS PUNTOS
La priorización de la ostentación sobre la contención económica se ve reforzada en otros aspectos de la licitación. La documentación establece que la calidad —entendida, en este contexto, como la espectacularidad y el lujo— debe pesar un 75% en la valoración final, frente a un escuálido 25% otorgado al factor precio. Esta configuración técnica permite que una oferta «extremadamente ambiciosa —y por extensión más costosa— obtenga más puntuación que una oferta más contenida pero más económica para el contribuyente», según señalan los expertos consultados.
La barra libre del despilfarro se extiende al apartado gastronómico. La empresa que ofrezca «más servicios de cóctel y cena» obtiene una puntuación superior, incluso por encima de los mínimos estipulados para los 120 invitados previstos. El mensaje es transparente y desolador: el número de aperitivos, de cubiertos y de supuestas celebrities es directamente proporcional a la valoración del pliego, y, por extensión, a la «felicidad del organizador».
El informe justificativo, que presenta la gala como una herramienta para favorecer la atracción de nuevas empresas y estimular el empleo, se apoya en afirmaciones de carácter puramente estratégico, sin una sola medición directa de impacto derivada de las ediciones previas. Es decir, el elevado gasto se sostiene en la fe ciega en el «ecosistema empresarial» y la «marca ciudad» que proclama el discurso oficial, pero no en un retorno real y cuantificable para el tejido productivo o, más importante aún, para el bolsillo del ciudadano.
La Gala Empresarial Premios Avanza, bajo la dirección de Rocío García Alcántara, ha degenerado en un ejercicio de vanidad política, más parecido a una «fiesta universitaria» —como ha sido calificada por fuentes cercanas— que a un evento serio para la captación de inversores o el reconocimiento de trayectorias empresariales significativas. Los 70.000 euros representan una apuesta masiva por la imagen, una puesta en escena concebida para la foto fácil y el brillo efímero, perpetuando un derroche que la alcaldesa deberá justificar ante una ciudadanía que exige rigor en la gestión de sus recursos.
