La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado un adelanto de la sentencia definitiva contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La sentencia lo inhabilita por dos años para el cargo y dicta una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, 7.300 euros, pero lo más importante del fallo, es sin duda que con esta inhabilitación se abre una nueva crisis de Gobierno.
El texto de la providencia dictada por el Supremo recoge que «que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.
Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación.
Los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán».
La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma.
La resolución incorporará dos votos particulares emitidos por las Magistradas de la Sala II D.ª Ana María Ferrer García y D. ª Susana Polo García que disienten de la misma lo que determina un cambio en la Ponencia que la asume el Presidente de la Sala D. Andrés Martínez Arrieta.
Desde Hazte Oír, una de las acusaciones populares, declaran que «la condena a Álvaro García Ortiz, que incluye la inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, no es solo un castigo penal: confirma un ataque frontal del propio Ortiz contra la institución que debía proteger. La Fiscalía General del Estado no debe estar al servicio de nadie y su degradación ha tenido consecuencias graves para el conjunto de los ciudadanos.
Hazte Oír decidió personarse porque lo que estaba en juego era mucho más que un asunto personal: era la limpieza y recuperación de una institución clave para el Estado de derecho. Este fallo judicial respalda la necesidad de esa regeneración profunda, de arriba a abajo.
Ahora, Pedro Sánchez y todos sus cómplices deben pedir perdón. Sabemos que intentarán decir que una cosa no tiene que ver con la otra, pero la realidad es clara: el Fiscal General del Estado ha sido condenado».
La acusación particular, que ejerce el novio de la presidenta madrileña, y las populares pedían entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para García Ortiz por revelación de secretos, mientras que la Fiscalía defendió la absolución al sostener que no hubo delito.
Es la primera vez que un fiscal general del Estado es juzgado mientras ejerce sus funciones. Está acusado del filtrar el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía, en el que ofrecía que la pareja de Díaz Ayuso reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto con para evitar su ingreso en prisión.
