Desde hace semanas varios sectores relacionados con la Defensa española están preocupados por como se va aplicar el dinero destinado para el Plan de Rearme que el Ministerio que dirige Margarita Robles va a hacer. Desde estos sectores se teme que parte de ese dinero no se emplee bien, y con esta situación, se hagan operaciones que puedan quebrar la industria de Defensa en España. En este entorno, fuentes militares consultadas por Moncloa.com han señalado que están preocupados porque desde el PP tiene cifras de estos movimientos y no han «hecho nada», esperando a que el Gobierno fracase o salte un nuevo caso de corrupción y así traducirse en réditos políticos «jugando con algo tan importante como es la Defensa».
En este sentido, la venta compra de EE&M Group se presenta como un posible caso de concertación que complique la independencia de la industria nacional de este sector, donde las filas socialistas estén implicadas. Aquí, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha quedado bajo un intenso escrutinio por parte de los accionistas minoritarios de Indra, a que acusan de presunta pasividad y silencio a la entidad, ante lo que analistas y fuentes del mercado tachan de un posible caso de concertación corporativa. El organismo regulador, cuya función primordial es velar por la protección del inversor y la transparencia del mercado, parece estar actuando de forma pasiva que puede favorecer a los principales accionistas de Indra: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), SAPA y Amber Capital, según argumentan estos accionistas.
Esta presunta alianza de control, supuestamente impulsada desde el corazón de La Moncloa, ha logrado forjar una ruta crítica cuyo objetivo final parece ser la toma de control absoluto y la fusión de la tecnológica con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Un paso controvertido tras el nombramiento de Ángel Escribano, copropietario de EM&E, como presidente ejecutivo de INDRA, un hecho que, según los críticos, está viciado por un flagrante conflicto de intereses. En este sentido, el PP ya anunció el pasado sábado que vigilará este proceso y tomará las acciones necesarias.
El polémico camino de INDRA se inició en junio de 2022, durante una crucial junta de accionistas. En aquella ocasión, los tres grandes accionistas –SEPI, con un 28% del capital; SAPA, y Amber Capital– coordinaron sus fuerzas para lograr la destitución de cuatro consejeros independientes. reduciendo la voz de los minoritarios. Se trató de un golpe de poder que redujo drásticamente la voz de los accionistas minoritarios y allanó el terreno para los movimientos posteriores.
Entonces, la CNMV se vio obligada a abrir una investigación, pero el dictamen que emitió en diciembre de 2022 resultó ser más un ejercicio de retórica que de rigor. El organismo admitió la existencia de «indicios de concertación» entre los grandes accionistas, pero se apresuró a negar la existencia de «elementos concluyentes» que demostraran el acuerdo. Esta conclusión fue duramente criticada. La CNMV calificó la estrategia conjunta como una mera «cooperación puntual» y archivó el expediente sin imponer sanciones, sembrando de dudas la operación.
A esto se sumo en enero de 2025 el nombramiento de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de INDRA donde la CNMV tampoco cuestionó el conflicto de intereses que, a ojos de cualquier observador externo, es inherente al hecho de que un presidente se prepare para comprar su propia empresa desde el cargo. Algo que también preocupa al propio PP como ya anunciaron los populares este pasado sábado con un comunicado de prensa.
POSIBILIDAD DE CONCERTACIÓN SILENCIOSA
El colofón de la operación se notificó en abril de 2025, cuando Indra comunicó al mercado que “analiza su fusión con Escribano Mechanical & Engineering”. La nota a la CNMV fue presentada bajo el supuesto manto de las «buenas prácticas de gobierno corporativo». La reacción del regulador fue la misma: admisión sin requerimientos, algo que los minoritarios y el PP no ven con buenos ojos.
La CNMV no exigió un plan de información detallado para los minoritarios, quienes son los primeros afectados por este tipo de transacciones. No solicitó una valoración independiente de la operación, esencial para determinar un canje de acciones justo, ni demandó una auditoría externa que analizase la financiación de la potencial compra. Tampoco se condicionó la aprobación de la fusión a la creación de un comité de consejeros verdaderamente independientes que garantizase la imparcialidad en la negociación. Hechos que han levantado sospechas dentro del sector.
La «concertación», definida legalmente como la coordinación entre accionistas para controlar la gestión de una compañía puede ser posible en esta operación, la cual puede acabar en los tribunales en un momento clave para la Defensa nacional. Los grandes accionistas han ajustado sus posiciones y han neutralizado a los independientes para garantizar decisiones unilaterales. La CNMV documentó una parte de estas conductas en 2022, pero su decisión de no profundizar puede haber permitido que el mismo mecanismo se replicase para aupar a Escribano a la presidencia y a la posterior polémica compra que desde la oposición busca sacar punta para ir contra el ya debilitado Gobierno de Pedro Sánchez.
INDRA Y LA SOMBRA DEL MONOPOLIO
Las cifras revelan una posición de privilegio de INDRA en la actual ola de contrataciones, siendo la compañía más beneficiada por el Ministerio de Defensa. INDRA ha pactado una prefinanciación de 5.959 millones de euros, lo que representa el 41,7% del total de los préstamos comprometidos hasta la fecha. De esta suma, 3.169 millones de euros corresponden a proyectos en Unión Temporal de Empresas (UTE) con la propia EM&E. Unas cifras que están sujetas a un aumento considerable, dado que el importe total de siete contratos con INDRA todavía se desconoce.
El Partido Popular advierte de los riesgos que esta operación mercantil, impulsada por el Gobierno a través de la SEPI y el Ministerio de Hacienda, podría generar: «decisiones arbitrarias, por motivaciones políticas y sin atender a criterio alguno de concurrencia competitiva», que podrían desembocar en una situación de «posición dominante o de monopolio» dentro de la industria de defensa española. El grupo de la oposición anuncia que estará vigilante ante cualquier indicio de perjuicio para la competencia y el control del dinero público.
