La asociación Liberum, acusación popular en el Caso DANA de Valencia ha llevado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una denuncia para que se determine si la falta de activación de protocolos y la ausencia de investigación eficaz vulneraron los estándares europeos de protección de la vida y del acceso a la Justicia.
Liberum ha interpuesto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda contra el Reino de España por vulneración del derecho a la vida (artículo 2 CEDH) y de los artículos 13 y 6, al considerar que la falta de activación de medidas de emergencia durante la DANA de 2024 y la ausencia de investigación eficaz de un fallecimiento ocurrido el 18 de enero de 2025 configuran un continuum de negligencia estatal.
La acción, dirigida jurídicamente por el abogado alicantino Francisco Ramón Perona García, se apoya en el concepto de continuum de negligencia: una doble omisión estatal que se inicia con la falta de activación de medidas preventivas durante la DANA del 29 de octubre de 2024 y culmina con la ausencia de investigación efectiva del fallecimiento de un trabajador durante las labores de recuperación en Benetússer, provincia de Valencia. La víctimas oficiales fueron 229, pero la asociación cree que deberían de ser 230 sumando el fallecimiento de enero de 2025.
Según la demanda, el Estado no activó el Nivel 3 de emergencia previsto en la Ley 17/2015 de Protección Civil ni movilizó los recursos extraordinarios disponibles (UME y coordinación nacional). Además, omitió investigar los hechos pese a haber sido formalmente comunicados a las autoridades judiciales competentes, configurando así un continuum de negligencia que abarca tanto la fase de prevención como la de investigación.
LA DANA ACTIVÓ ERRORES A NIVEL ESTATAL
Liberum sostiene además que esta cadena de omisiones revela un fallo estructural del Estado, contrario a los estándares europeos de protección de la vida y de acceso a la verdad, y solicita al TEDH que valore el caso como una violación integral del deber de diligencia debida previsto en el Convenio. La asociación que ejerce una de las acusaciones populares en este caso cree que las responsabilidades no deben quedarse a nivel autonómico y que también hay responsables a nivel estatal que no constan como investigados en la causa, donde solo permanecen como tales Emilio Argüeso, ex director de Emergencias y Salomé Pradas, ex consejera de la Comunidad Valenciana.
La juez instructora no ha procesado de momento a ningún responsable estatal de los servicios de Emergencia, de la AEMET o de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como han pedido algunas de las acusaciones personadas.
