La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha elevado el tono de la crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez, calificando de «máxima gravedad» los recientes ataques del Ejecutivo al Tribunal Supremo tras la condena e inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En una intervención en el programa La Mirada Crítica de Telecinco, Gamarra fue categórica al afirmar que «el sanchismo no puede estar por encima de la Ley» y que, en España, «la justicia es igual para todos, le guste o no le guste a Pedro Sánchez y al sanchismo».
La dirigente popular arremetió contra la estrategia del Gobierno de cuestionar los fallos judiciales cuando no son de su agrado, especialmente aquellos que, como la sentencia contra García Ortiz, «apelan directamente a tu propia conducta». Advirtió que la respuesta del Gobierno a este revés judicial evidencia una deriva peligrosa, pronosticando que los líderes y voceros del sanchismo «van a ser más agresivos contra nuestro poder judicial» en el futuro inmediato.
SENTENCIA HISTÓRICA
Gamarra subrayó la trascendencia de la sentencia, tildándola de «histórica» al confirmar que la condena e inhabilitación del fiscal general se debe a que existen pruebas fehacientes de que vulneró los derechos de un ciudadano con el único propósito de perseguir a un adversario político. La número dos del PP fue más allá, señalando la «derivada política» de este fallo. En su opinión, García Ortiz «ha actuado siempre y en todo momento como un peón al servicio del sanchismo», lo que convierte en «inadmisible» que sea Pedro Sánchez quien nombre al siguiente fiscal con el mismo patrón y método.
La crítica se extendió directamente al presidente del Gobierno, a quien Gamarra señaló como «el máximo responsable de todo esto». Tras conocerse el fallo del Supremo, la popular exigió a Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones generales. No obstante, adelantó que el líder socialista no lo hará, ya que «se atrinchera en el poder porque cree que la única forma de protegerse es desde las instituciones«.
El foco de la corrupción también fue central en la intervención de Gamarra, quien recordó que los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, «están siendo juzgados por hechos cometidos en el ejercicio y en el desarrollo de los gobiernos de Pedro Sánchez». La dirigente popular sentenció que «la justicia les acorrala, y les acorrala por la corrupción». Las penas que se solicitan contra ambos, continuó Gamarra, evidencian que «han existido la corrupción, la malversación, y el tráfico de influencias» y que formaron parte de una «organización criminal que llegó al Gobierno diciendo que iba a perseguir la corrupción y lo que hizo fue institucionalizarla».
La vicesecretaria del PP recordó la paradoja de que Ábalos, quien defendió la moción de censura contra Mariano Rajoy precisamente para luchar contra la corrupción, ya tenía «organizada una organización criminal para robar» cuando tomó posesión de su cartera de ministro de Fomento. Gamarra concluyó su crítica con una pregunta retórica demoledora sobre la presunta ignorancia de Sánchez: «Nadie puede creer que cuando en el mes de julio del 2021 Pedro Sánchez cesó a José Luis Ábalos como ministro de Fomento y como secretario de Organización de su partido no supiera nada». El origen del sanchismo, sentenció la popular, está intrínsecamente ligado al origen de «todas estas organizaciones criminales», y aunque el presidente lo ha «conocido» y «tapado», cada vez estamos «más cerca de conocer hasta qué punto ha participado».
CONSECUENCIAS POLÍTICAS
La condena impuesta por el Tribunal Supremo a García Ortiz por un delito de revelación de secretos constituye un evento inédito en la historia democrática de España, cuyas consecuencias políticas y repercusiones institucionales van mucho más allá de su inhabilitación inmediata. Esta sentencia ha abierto un nuevo y virulento frente de confrontación entre el Gobierno y la oposición, poniendo en jaque la credibilidad institucional y reavivando el debate sobre la independencia judicial.
El revés judicial supone un desgaste directo para Pedro Sánchez y el Gobierno. La oposición, de forma sistemática, ha tildado a García Ortiz de «peón» al servicio del Ejecutivo. La condena valida esta narrativa, asestando un golpe directo a la imagen del presidente, quien siempre defendió la inocencia del Fiscal y lo nombró dos veces, incluso tras la polémica previa de ser considerado «no idóneo» por el Consejo General del Poder Judicial. La inhabilitación se interpreta en clave política como un fracaso personal de Pedro Sánchez.
Además, la reacción del Gobierno y del PSOE, que han manifestado «respetar pero no compartir» el fallo, y las declaraciones de algunos dirigentes que califican la condena de «vergüenza» o «arbitrariedad», son vistas por el PP como un ataque directo al Poder Judicial. El PP y Vox han exigido que Sánchez pida «perdón» y han acusado al Ejecutivo de intentar desestabilizar el Estado de Derecho cuando las decisiones judiciales le son desfavorables. Inmediatamente, la condena se ha vinculado a casos que afectan a exdirigentes socialistas, lo que refuerza el argumento de la oposición de que el Gobierno ha intentado «institucionalizar la corrupción» al supuestamente usar las instituciones para fines partidistas.
El cese de García Ortiz obliga al Gobierno a nombrar a un nuevo Fiscal General del Estado, lo que se configura como un nuevo foco de tensión política. La oposición, liderada por Feijóo, ha declarado que, tras este precedente, Sánchez está «inhabilitado» moral y políticamente para nombrar a su sucesor con las mismas prerrogativas y el mismo método. Por ello, la presión política se centrará en la exigencia de consenso, urgiendo al Gobierno a elegir a una persona de «máximo prestigio» y alejada de cualquier sospecha de afinidad política, buscando restaurar la confianza en la independencia del Ministerio Público. Este proceso de sucesión promete ser un nuevo y encarnizado campo de batalla política y mediática. Mientras el Gobierno tramita el nombramiento, el cargo será asumido de forma interina por la Teniente Fiscal del Supremo, un periodo que la oposición utilizará para mantener una estricta vigilancia sobre la actuación del Ministerio Público.
POLARIZACIÓN
La condena del Supremo ha exacerbado la polarización ya existente en el panorama político. Mientras que la derecha ve confirmadas sus tesis sobre la supuesta politización de la Fiscalía por parte del Gobierno, sectores de la izquierda y socios de Sánchez han denunciado abiertamente un «golpe judicial» por parte de la mayoría conservadora del Supremo, sugiriendo que la condena busca deslegitimar al Ejecutivo. En este cruce de acusaciones, el Gobierno, al defender la inocencia de García Ortiz, ha aludido a que la sentencia «pone en riesgo la libertad de prensa y la protección a las fuentes», mientras que la oposición insiste en que la condena es un acto de defensa de la legalidad frente al abuso de poder.
En definitiva, la sentencia del Tribunal Supremo actúa como un catalizador de la crisis institucional que el PP lleva tiempo denunciando, forzando al Gobierno a gestionar un revés judicial histórico y a enfrentarse a una oposición que exige responsabilidades políticas al más alto nivel.
