Moncloa ha logrado evitar que estallara un conflicto que amenazaba con arruinar la tranquilidad prenavideña que el presidente de Correos Pedro Saura había conseguido tejer en Correos en la compañía pública tras más de un año de negociaciones internas.
El principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para una subida salarial del 11% hasta 2028 ha rebajado la tensión que amenazaba con expandirse a todo el sector público y que podía comprometer el clima laboral en la empresa postal. Pedro Saura había logrado una calma inesperada en Correos tras enterrar la guerra que su antecesor, Juanma Serrano, mantenía con los sindicatos.
La empresa venía de una etapa especialmente compleja, pero el exdiputado murciano consiguió llevarse a su terreno a CCOO y UGT pese a lo impactante de su plan de choque. Y eso que su polémico nuevo plan de viabilidad exigía un ajuste muy profundo.
El Gobierno autorizó 427 millones para ejecutar bajas y modernizar la compañía. El objetivo es reducir entre 7.000 y 8.000 puestos de aquí a 2028, lo que implicaba que más de 10.000 empleados podían optar a una salida voluntaria. Ese anuncio provocó un rechazo inmediato, la plantilla reaccionó con enfado y los sindicatos denunciaron el plan.
Pero Saura decidió intervenir de forma directa y consiguió darle la vuelta al marcador. Poco a poco, el tono cambió. Las críticas se enfriaron. El rechazo inicial se transformó en una negociación más pausada. Y la paz interna tomó forma. Ese ambiente era clave para afrontar el tramo final del año. Correos depende del periodo navideño: es su mayor pico de actividad. Una huelga en diciembre podría ser devastadora. Saura había despejado ese riesgo.
Pero en las últimas semanas esa tranquilidad estuvo en peligro. Y la amenaza no nacía en la empresa. Nacía en Moncloa.
NEGOCIACIONES
El Ministerio de Función Pública presentó este miércoles su oferta salarial. En un primer momento propuso una subida del 10% acumulado entre 2025 y 2028. La medida afectaba a 3,5 millones de empleados públicos e incluía retroactividad para el ejercicio en curso.
La idea era evitar la pérdida de poder adquisitivo. Al menos, esa era la promesa del ministro Óscar López. Pero los sindicatos la rechazaron. CCOO, UGT y CSIF consideraron la subida insuficiente.
Decían que no compensaba la inflación y afirmaban que no garantizaba el poder de compra. La tensión creció con rapidez. Sin embargo, el Gobierno decidió mover ficha. Y este jueves presentó una nueva propuesta: elevó la subida al 11%, introdujo cláusulas adicionales vinculadas a inflación y productividad y abrió la puerta a desarrollar mejoras laborales paralelas.
Ese giro permitió alcanzar un principio de acuerdo. Los sindicatos han paralizado las movilizaciones previstas, al menos de forma temporal. Y ese freno es decisivo para Correos: la onda expansiva de cualquier protesta del sector público suele entrar en las sociedades estatales, aunque afecte solo a parte de la plantilla.
En Correos, los funcionarios representan entre el 10% y el 11% del total, pero su influencia es muy elevada por su antigüedad y posición en la estructura. El resto es personal laboral fijo. Aun así, la tensión global del sector hubiera impactado de lleno en la empresa. Y Saura no podía controlar ese factor externo. Los trabajadores llevan años pidiendo mejoras adicionales. No solo económicas.
También laborales. La pérdida de poder adquisitivo es real y las familias lo notan. Pero en Correos hay reivindicaciones históricas: jornada de 35 horas, conversión de contratos parciales en completos, bajas retribuidas al cien por cien y movilidad interministerial efectiva. Todo esto está ligado al debate sobre la nueva Ley de la Función Pública, ahora en trámite parlamentario.
Algunas enmiendas permitirían que las sociedades mercantiles estatales, como Correos, quedaran integradas en el Estatuto Básico del Empleado Público. Eso daría derechos que ahora no tienen. Pero esas enmiendas necesitan presión política. Y las movilizaciones podían convertirse en ese instrumento.
El acuerdo salarial aleja temporalmente ese escenario. Saura lo sabía. Por eso intentó cerrar la paz antes del invierno. Y, aunque no dependía de él, la nueva propuesta del Gobierno ha evitado que Moncloa rompiera ese equilibrio.
POLÉMICAS
Además, la empresa ha sufrido episodios mediáticos recientes que no ayudan a su paz interna. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha validó el despido de una directora de oficina de Correos que cobraba premios de boletos Rasca de la ONCE sin registrar la venta. Fue una falta muy grave.
La empresa actuó según el convenio. Pero el caso se viralizó y proyectó una imagen de desorden interno. También se ha conocido la desaparición de 70 décimos de Lotería de Navidad enviados desde Villajoyosa. El paquete debía llegar a Tarragona y nunca lo hizo.
La asociación PHEiPAS ha reclamado explicaciones y los 1.400 euros que desembolsaron. Correos solo ofrece devolver el seguro del envío: tan solo 100 euros, lo que ha provocado indignación. La asociación podría denunciar el extravío ante la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para anular los décimos.
