El Partido Popular (PP) ha lanzado una ofensiva parlamentaria en el Congreso de los Diputados, exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez información detallada y completa sobre la «abultada» plantilla de personal eventual y asesores al servicio del Ejecutivo. Esta iniciativa surge en respuesta a lo que la principal formación de la oposición califica como un patrón de «ocultamiento sistemático» y «opacidad preocupante» por parte de La Moncloa respecto a sus nombramientos de confianza.
La batería de preguntas registrada hoy no es casual. El PP busca forzar al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, encabezado por Óscar López, a cumplir con las reiteradas resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Dicho organismo ya había instado al Ejecutivo a proporcionar la totalidad de la información sobre el conjunto del personal eventual de la Administración General del Estado, un requerimiento que, según denuncian los populares, ha sido ignorado o satisfecho de manera insuficiente. El Ministerio de López se limitó a facilitar únicamente la lista de eventuales de su propia cartera, descargando la responsabilidad de la transparencia en los demás departamentos ministeriales.
Esta actitud del Gobierno es tildada por el Partido Popular de «especialmente grave», considerando que el Ministerio de Función Pública es, irónicamente, el departamento encargado de liderar la modernización y la transformación digital de la Administración, pilares que deberían sustentarse precisamente en la máxima transparencia y la apertura de datos. La formación conservadora subraya la «tendencia cada vez más frecuente» de la cúpula estatal a evitar la publicidad sobre asesores y estructuras de confianza, impidiendo así a los ciudadanos y al control democrático conocer a fondo cómo se configuran, y sobre todo, cómo se financian los equipos de dirección política a nivel estatal.
El Grupo Popular subraya que la información relativa al personal eventual debe ser considerada de interés público, y recuerda que existe una doctrina consolidada que ampara su obligada publicidad como un mecanismo esencial de control democrático. En este sentido, insisten en que «no existe justificación técnica ni jurídica» que sostenga la denegación o la limitación del acceso a estos datos, tal como ha refrendado el propio Consejo de Transparencia en sus dictámenes.
La arremetida de la oposición se enmarca en un contexto marcado por la sucesión de escándalos que han salpicado al Gobierno. El Partido Popular vincula directamente esta exigencia de claridad con las tramas de corrupción conocidas en los últimos meses, señalando casos que han involucrado contrataciones eventuales dentro del propio Ejecutivo. Citan explícitamente el llamado ‘caso Koldo’ y las noticias referentes a un alto cargo de Moncloa presuntamente dedicado a tareas privadas de la esposa del presidente.
Por todo ello, la batería de preguntas va al grano, reclamando datos concretos y cuantificables. El PP obliga al Gobierno a desglosar el número exacto de trabajadores eventuales que tienen actualmente los distintos ministerios y, crucialmente, a revelar el coste total que esta plantilla supone para las arcas públicas. Además, la formación exige saber qué criterios de idoneidad o mérito se aplicaron en la selección y nombramiento de estas figuras. La exigencia no se detiene en la mera contabilización, sino que va un paso más allá: el Partido Popular reclama al Ejecutivo de Sánchez que impulse medidas concretas para asegurar la accesibilidad y consulta de esta información por parte de la ciudadanía, proponiendo la inmediata implementación de un plan de transparencia activa que garantice la publicación regular y proactiva de todos los datos sobre el personal de confianza y los asesores ministeriales. La lupa de la oposición se ha puesto firmemente sobre la «caja negra» de los nombramientos en Moncloa.
