La estructura accionarial de Indra, la tecnológica estratégica española, ha experimentado una metamorfosis radical entre 2021 y 2025, dejando atrás la estabilidad de una década para consolidar un poderoso núcleo industrial español, con el Estado como fuerza dominante en un momento clave para la Defensa de Europa y España ante la amenaza rusa y la vigilancia del flanco sur.

Lo que en 2019 era un mapa de poder caracterizado por una participación estatal minoritaria del 18,75% en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la presencia histórica de Corporación Financiera Alba (10,52%), con un vasto 70% del capital en libre flotación, ha mutado en una concentración sin precedentes que reduce drásticamente el capital flotante y sella el destino de la compañía al sector de Defensa nacional.

LA SEPI, EJE DEL CONTROL ESTATAL

El punto de inflexión en esta reconfiguración lo marcó la propia SEPI, que transformó su rol de accionista de referencia a controlador efectivo. Su presencia se remonta a 2013, tras adquirir un 20,1% del capital a BFA-Bankia, una participación que se ajustó posteriormente. Sin embargo, el verdadero giro se produjo en febrero de 2022, cuando el Consejo de Ministros autorizó a la entidad pública a elevar su participación hasta el 28%. Esta decisión no fue fortuita, sino una respuesta directa a la importancia estratégica de Indra como coordinadora industrial en el crucial proyecto europeo FCAS (Future Combat Air System).

Entre febrero y diciembre de 2022, la SEPI ejecutó su plan, invirtiendo 173,56 millones de euros para adquirir 16,4 millones de acciones, a un precio medio de 10,57 euros por título. La jugada más simbólica fue la compra, en junio de 2022, del 3,21% restante que poseía Corporación Financiera Alba, una transacción valorada en 62,3 millones de euros (a 11 euros por acción). Esta adquisición no solo formalizó la salida definitiva de la familia March tras más de una década como socio significativo, sino que permitió a la SEPI superar el umbral del 23% necesario para nombrar un tercer consejero en el máximo órgano de administración, afianzando el control público sobre la gestión.

DESEMBARCO DE SOCIOS INSTITUCIONALES

Paralelamente al refuerzo estatal, la compañía ha visto el surgimiento de un sólido bloque de accionistas industriales españoles que han sustituido a los antiguos fondos y holdings financieros.

Sapa Placencia, la empresa vasca controlada por la familia Aperribay, fue pionera en este nuevo modelo. En diciembre de 2021, irrumpió en el capital al adquirir un 5% a Corporación Financiera Alba por 90,8 millones de euros. Esta entrada se ejecutó mediante un complejo contrato de derivados con Deutsche Bank, un instrumento que Sapa refinanció parcialmente en enero de 2024 con ING Bank. Esta refinanciación no solo le permitió alcanzar el 7,94% del capital, sino que también mejoró las condiciones operativas de su posición, modificando la opción financiera de europea a americana. Con una inversión total estimada en 140 millones de euros, Sapa se estableció como el primer socio industrial de peso.

A este movimiento se sumó el fondo activista Amber Capital, del inversor Joseph Oughourlian, que irrumpió en junio de 2022 con un 4,18%, valorado en 75,69 millones de euros. Su entrada, justo antes de una crucial junta de accionistas, se justificó por la confianza en la revalorización del sector de Defensa tras el conflicto en Ucrania. A lo largo de 2022 y 2023, Amber amplió su posición hasta el 7,24%, con una inversión que rondó los 130 millones de euros, lo que le valió un asiento en el consejo de administración, ocupado por Pablo Jiménez de Parga.

No obstante, el cambio más espectacular lo protagonizó la familia Escribano, dueña de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), transformando su relación de proveedor a accionista de referencia. La incursión comenzó modestamente en mayo de 2023 con la compra del 3% por 65 millones de euros. En noviembre de ese mismo año, los hermanos Ángel y Javier Escribano redoblaron su apuesta hasta el 8%. El golpe de efecto se produjo en diciembre de 2024, cuando EM&E elevó su participación hasta un rotundo 14,3%, con una inversión adicional de 190 millones, consolidándose como el segundo accionista tras la SEPI. La inversión total de la familia Escribano alcanza los 365 millones de euros, una operación financiada a través de JP Morgan mediante opciones de compra cuyo vencimiento se ha extendido hasta febrero de 2029.

Este meteórico ascenso accionarial se tradujo, en enero de 2025, en la designación de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de Indra, tras la salida de Marc Murtra. Esta toma de control ha generado un evidente debate sobre el conflicto de intereses, ya que el nuevo presidente está impulsando la fusión de Indra con su propia empresa, una operación que se ha valorado entre 1.000 y 1.500 millones de euros y que busca redefinir la arquitectura de la Defensa nacional.

SALIDA DE ALBA Y NUEVA FINANCIACIÓN

En contraste con las entradas, la salida de Corporación Financiera Alba fue un proceso ordenado en dos tiempos. La familia March vendió la primera mitad (el 5%) a Sapa en diciembre de 2021, una operación que arrojó una minusvalía contable de 23 millones de euros. El epílogo se escribió en junio de 2022 con la venta del 3,21% restante a la SEPI, que se saldó con una plusvalía de 8,4 millones de euros, cerrando así su ciclo como accionista.

Es de destacar la sofisticación de los mecanismos financieros utilizados por los nuevos socios. La SEPI optó por la sencillez de las compras directas con presupuesto público, ejecutando las operaciones de forma gradual para mitigar el impacto en la cotización. Sapa, por su parte, recurrió a contratos de derivados financieros, evolucionando de opciones europeas a americanas para ganar flexibilidad. Escribano EM&E se apoyó en el apalancamiento de JP Morgan, empleando call options (opciones de compra) como mecanismo de cobertura, lo que le ha permitido ampliar progresivamente tanto el volumen de acciones como el horizonte de vencimiento. Amber Capital, el único sin apalancamiento documentado, utilizó fondos propios para sus compras en el mercado libre.

CONCENTRACIÓN Y EL NUEVO EQUILIBRIO DE PODER

El resultado final de esta profunda transformación es una concentración accionarial innegable. Los cuatro principales socios—SEPI, Escribano EM&E, Sapa y Amber Capital—controlan ahora el 57,48% del capital. Esta cifra contrasta significativamente con el aproximadamente 29% que representaban los accionistas estables en 2019. Como consecuencia, el capital flotante o free float se ha reducido drásticamente, pasando del 70% inicial a un 35% aproximado.

Esta menor dispersión de acciones ha facilitado una mayor coordinación entre los socios industriales españoles y ha asegurado que el Estado, a través de la SEPI, mantenga la primacía en el control efectivo de la compañía. La inversión total del nuevo bloque industrial, excluyendo la parte pública, supera los 635 millones de euros, una cifra que subraya la confianza del capital español en el potencial de crecimiento del sector de Defensa y la estrategia de consolidación industrial nacional que se está gestando en torno a Indra. La compañía ha pasado de ser una blue chip con gran capital flotante a convertirse en un claro proyecto de Estado-Industria.