Este miércoles Koldo García y el ex ministro José Luis Ábalos se enfrentan a su más que previsible entrada en prisión. Las acusaciones particulares fundamentan la pedida de 30 años de cárcel para ambos en 5 hechos relevantes descubiertos durante la instrucción judicial del Tribunal Supremo que podrían ser definitivos para decidir su ingreso en la cárcel de Soto del Real (Madrid VI) de manera provisional. De momento, Koldo García ha pedido retrasar su comparecencia porque su abogada tiene que estar en la Audiencia Nacional ese día.
En el escrito presentado el pasado viernes ante el Tribunal Supremo, las acusaciones populares, aglutinadas en torno al Partido Popular (PP) resumen toda la trama de la Operación Delorme o Caso Koldo en 5 hechos relevantes sobre los que gira toda la instrucción de la causa. Dentro de esa lista de cinco operativas hay un sinfín de pruebas recabadas por la investigación de la UCO y recogidas por las acusaciones populares.
Las cinco operativas diferentes que acusan a Ábalos y Koldo García son «la adjudicación de contratos de suministros de material sanitario por entidades dependientes del MITMA en favor de Soluciones de Gestión». El segundo hecho sería «la intermediación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el fraccionamiento de una deuda tributaria de una de las sociedades del Sr. De Aldama».
AIR EUROPA
La tercera operativa objeto de las acusaciones populares son «las gestiones realizadas en relación al rescate de Air Europa, en el propio MITMA y antes otros departamentos ministeriales», una cuarta sería la «intermediación con el Ministerio de Industria (e indiciariamente con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) para la concesión de una licencia de operador de hidrocarburos en favor de Villafuel. El quinto hecho relevante descrito por las acusaciones es la «emisión de permisos de movilidad para personas designadas por el Sr. de Aldama».
Las acusaciones luego describen cada una de estas operativas poniendo ejemplo que constan en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Respecto a la compra de mascarillas por 53 millones de euros, origen de toda la investigación, explica el escrito de acusación que «D. José Luis Ábalos Meco, de mutuo acuerdo con D. Koldo García Izaguirre y D. Víctor de Aldama, se sirvió de su ascendencia jerárquica en el ministerio para que Soluciones de Gestión, mercantil vinculada al Sr. De Aldama, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de material sanitario licitados por dos de sus entes dependientes -Puertos del Estado y ADIF-, todo ello a cambio de la correspondiente compensación económica para el entonces Ministro y su asesor».
Luego resumen el segundo hecho relevante, la intermediación con Hacienda en favor de Víctor de Aldama. «A mediados del año 2020, la compañía Pilot Real Estate SL, vinculada al Sr. De Aldama, se enfrentaba a una difícil situación, al ostentar una deuda con la Agencia Tributaria a la que no podía hacer frente y viéndose, en consecuencia, al borde del embargo», comienza el epígrafe de las acusaciones dedicado a este tema.
Luego añaden que «Koldo García Izaguirre, con el conocimiento y la aprobación del Sr. Ábalos, pues siempre actuaba en su nombre, realizó la gestión en favor de su socio, D. Víctor de Aldama, intermediando con el Sr. Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, Dª María Jesús Montero.
Además, «tras las gestiones del Sr. Koldo García, el Sr. De Aldama habría podido reunirse con D. Carlos Moreno, al objeto de obtener dicho aplazamiento. Cabe destacar que esta reunión se produjo únicamente porque el Sr. Koldo García así se lo solicitó al Sr. Moreno», continúan. Y pese a que Moreno no tenía entre sus funciones «este tipo de menesteres, trasladó la petición al asesor D. Ignacio Granada».
Aldama declaró haberse encontrado con Moreno en un bar y haberle dado 25.000 euros en un sobre en presencia de Koldo García por la gestión exitosa. Carlos Moreno reconoció el encuentro en un bar pero negó haber recibido dinero alguno.
«Como consecuencia del aplazamiento concedido, la citada mercantil (Pilot Real Estate) no figuró en la lista de deudores cerrada a 31/12/2020. De hecho, no figuró como morosa hasta la lista de diciembre de 2021, que recogía las deudas hasta agosto de ese mismo año y en la que figuraba ya la citada sociedad», concluye el escrito.
La tercera operativa recoge las gestiones realizadas durante el rescate de Air Europa por 475 millones de euros. En concreto, se refieren a la difusión de una nota de prensa oficial por parte del MITMA «dirigida a ensalzar el carácter estratégico de la compañía y a transmitir que el Gobierno de España ya estaba trabajando en el posteriormente conocido como «rescate de Air Europa», esto es, la concesión de una ayuda económica preordenada a aliviar su entonces delicada situación financiera».
Explican las acusaciones que a cambio, «el Sr. Ábalos disfrutó de una vivienda vacacional en Málaga ese mismo verano a coste cero, sufragada por el propio Sr. De Aldama, a sueldo de Globalia, o de manera directa por la propia compañía beneficiaria de la publicación de la nota».
Finalmente, «el Sr. Ábalos Meco y García Izaguirre se involucraron personalmente en la difusión de la citada nota de prensa, manteniendo interacciones constantes con el Sr. de Aldama a los efectos de acelerar el proceso, ejerciendo este último como nexo entre el Sr. de Aldama y el Sr. Ábalos, máximo responsable de la difusión de la nota», dicen las acusaciones en su escrito.
CUARTO HECHO RELEVANTE
El cuarto hecho importante para las acusaciones populares fueron «las gestiones realizadas por los Sres. Ábalos y García Izaguirre en favor de la empresa Villafuel». En ese contexto escriben las acusaciones que «D. Koldo García Izaguirre, por indicación de D. Víctor de Aldama Delgado, y con el conocimiento y aprobación de D. José Luis Ábalos Meco, intermedió para concertar una reunión entre el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, D. Juan Ignacio Díaz Bidart, y diversas personas relacionadas con la mercantil Villafuel, S.L., entre otras gestiones, con el propósito de facilitar la obtención de la deseada licencia de operador».
A cambio, «los empresarios interesados en conseguir dicha licencia adquirieron una vivienda vacacional para el uso y disfrute del Sr. Ábalos Meco, en contraprestación por las gestiones realizadas», añaden, en referencia al famoso chalet de «La Alcaidesa».
La quinta operativa sobre la que se estructura la acusación popular tiene que ver con la expedición de «pasaportes» Covid por parte del MITMA a empresarios o conocidos de Víctor de Aldama. «D. Víctor de Aldama le solicitaba periódicamente ayuda a D. Koldo García a este fin por medio de la aplicación WhatsApp, indicándole los datos identificativos de las personas que necesitaban acceder a España. Para lograr que se produjese la entrada sin complicaciones (eludiendo los sólidos controles vigentes en aquel momento), D. Koldo García le facilitaba al Sr. de Aldama un documento oficial, expedido por el gabinete del MITMA y firmado por su Secretaría. Este documento era un “modelo” en el que se iban cambiando y rellenando los datos a antojo de los tres investigados131. La excusa siempre era la necesidad de acudir a España para reunirse con el ministro en el MITMA, pese a que dichas reuniones nunca tenían lugar», recoge el escrito de acusación.
ÁBALOS, JEFE DE KOLDO
Y todo ello «se realizó, lógicamente, con el conocimiento y aprobación de su jefe, el Sr. Ábalos Meco, que era el único con suficiente capacidad para ordenar a su secretaria, Dña. Ana María Aranda, la expedición de estos permisos de movilidad. Además, la Sra. Aranda no realizaba ningún tipo de comprobación adicional respecto de la existencia y veracidad de las reuniones, limitándose a expedir los referidos documentos so pretexto de que dichas personas debían reunirse con el gabinete del ministro en el MITMA en la fecha que le señalaba D. Koldo García», explican.
Al margen de estas cinco operativas, las acusaciones añaden que tanto Ábalos como Koldo García «utilizaron su influencia para que las Sras. Dª Jéssica Rodríguez y Dª Claudia Montes fuesen contratadas en distintas empresas públicas».
Las acusaciones populares suman un total de 30 años de cárcel de petición tanto para Koldo García como para José Luis Ábalos, por considerarlos autores del delito de organización criminal, varios de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. También solicitan que se les aplique la medida cautelar de prisión provisional para ambos: «La prisión provisional se solicita para evitar el riesgo de fuga (art. 503.1.2º LECrim), dado que el acusado tiene motivación y capacidad para sustraerse a la acción de la justicia, ante la proximidad de una condena» y añaden que «la medida es idónea, necesaria y proporcionada, conforme al artículo 504 LECrim, dado que otras medidas menos gravosas (fianza, retirada de pasaporte) no garantizan los fines perseguidos».
