La asociación Liberum ha presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos (en adelante TEDH) la primera demanda contra el uso obligatorio del Certificado Digital COVID-19 para acceder a los
establecimientos de ocio, restauración, y esparcimiento durante la pandemia. El pasado viernes Liberum presentaba la primera demanda ante el TEDH contra «una de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias más restrictivas de derechos humanos durante la pandemia, el uso obligatorio del Certificado Digital Covid para acceder a los establecimientos de ocio, restauración, esparcimiento y deportes», explica Liberum en un comunicado.
Esta medida se implementó en la mayoría de las Comunidades Autónomas y «supuso un trato discriminatorio y segregacionista por motivos de salud y, además, fue impuesta sin evidencia científica», añaden.
Así lo denunció Liberum en numerosos tribunales, obteniendo en varias ocasiones la declaración de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, en Aragón y el País Vasco. Pero, en septiembre de 2021, el Tribunal Supremo cambió de criterio y, a partir de ese momento se estimó como adecuado el uso obligatorio del conocido pasaporte Covid.
Pese a ello, Liberum siguió defendiendo los derechos humanos frente a esta medida que califican de «discriminatoria», presentando todos los recursos puestos a su disposición hasta llegar a este momento, la presentación ante el TEDH de la primera demanda contra el uso obligatorio del Certificado Digital Covid-19 en España y la defensa de la legitimación de Liberum y de los particulares que hemos denunciado las violaciones a los derechos humanos que supuso esta medida. La demanda pone en conocimiento del TEDH las diferentes violaciones a los derechos humanos que supuso el uso obligatorio del «pasaporte» Covid en Andalucía (y en España), y los obstáculos padecidos para que la ciudadanía tenga acceso a un juicio justo con todas las garantías ya que, se ha impedido que la asociación y hasta los particulares puedan emprender acciones judiciales contra esta medida.
Los hechos que se denuncian ante el TEDH son «la violación al derecho a un recurso efectivo y la libertad de asociación: se impide por los tribunales españoles el derecho que ostenta Liberum como una asociación cuyo actividad estatutaria consiste en la defensa de los derechos humanos de sus socios y de la ciudadanía ante normas y actos por parte de las autoridades que violen los derechos fundamentales, especialmente, en lo relacionado con la pandemia del COVID-19; igualmente, se ha impedido a los ciudadanos particulares buscar el auxilio judicial antes de que, se perpetren las violaciones por la entrada en vigor del Certificado Digital Covid.
Asimismo, la denuncia recoge la «violación del derecho a la verdad y a la información». Liberum denunció ante los tribunales que las autoridades «ocultaron adrede a la población y a los jueces, un informe desfavorable de la utilización del Certificado Digital Covid dictado por la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta, Comisión de Salud Pública, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de 23 de noviembre de 2021 que, entre otras cuestiones, afirmaba que esta medida no tenía evidencia científica de que tuviera un efecto en la reducción de los contagios, que las personas vacunadas se iban a contagiar (al menos el 40%) e infectar a otros y, que, según «estudios de efectividad vacunal, cuando el paciente índice y sus contactos están vacunados, hay más contagios». Se ocultó la verdad y se impidió el acceso a la información con el único fin de imponer el «pasaporte» Covid y coaccionar de esta forma a la vacunación».
PASAPORTE COVID
El tercer hecho denunciado es la «violación del derecho a la no discriminación: el «pasaporte» Covid supuso un trato discriminatorio y segregacionista por motivos de salud y sin base científica a la población no vacunada que, se le impidió el acceso a una vida social con dignidad y plena. Tanto la población vacunada como no vacunada se contagiaron e infectaron a otros en igualdad de condiciones. Según datos oficiales, tan solo en España fallecieron de Covid más de 35.000 personas vacunadas. Este trato discriminatorio ha sido compartido por el informe final del Subcomité Selecto sobre la Pandemia de Coronavirus de la Cámara de Representantes de Estados Unidos del 4 de diciembre de 2024″.
Y la última de las cuatro cuestiones recogidas en la denuncia es la «violación del derecho al respeto a la vida privada y la integridad física: el Certificado Digital Covid infringió el Reglamento (UE) 216/679 y la STJUE asunto C-659/22, por la falta absoluta de consentimiento en la cesión e información de cómo ejercer los derechos de protección de los datos personales y, supuso una violación a la integridad física y moral, al forzar al sometimiento cada 72 horas de pruebas diagnósticas invasivas para la población no vacunada a fin de acceder a una vida social digna».
