El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una presunta organización criminal en la venta de mascarillas durante la pandemia, dentro del Caso Koldo, toma este jueves declaración al empresario Víctor de Aldama, tras abrir una pieza separada después de recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en relación con la compra venta de mascarillas por parte del Gobierno canario. Moreno preguntará hoy a Aldama si él realizó algún pago en metálico al PSOE a cambio de beneficios en estas adjudicaciones cuando era presidente de aquella comunidad Ángel Víctor Torres. Aldama ya declaró que Koldo García le había pedido 50.000 euros para Torres, pero que se negó a ello.
Al mismo tiempo Ábalos y Koldo García pueden ver si el Supremo decide mandarlos a prisión o de momento no. Lo curioso es que el PSOE está personado en ambas causas como acusación popular. Si Koldo García no acabase en prisión tendrá que declarar el viernes también en la Audiencia por esta misma pieza separada.
Aldama ya desveló también que Torres y Ábalos habían coincidido en pisos de Madrid que habría frecuentado con Koldo García en presencia de mujeres de compañía.
De momento, Moreno ya ha pedido al PSOE que le entregue en un plazo de diez días «la relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024». La diligencia, acordada este mismo miércoles mediante providencia, había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en relación con la parte enviada por el Supremo sobre los pagos en metálico del PSOE.
En su último informe la UCO identificó un mensaje de Aldama a Ángel Víctor Torres y los investigadores les situaron juntos en una cena el 15 de julio de 2020, en plena pandemia. El ministro, por su parte, mantiene que nunca tuvo relación con él.
A LA CARRERA ENTRE TRIBUNALES
A poco más de 100 metros de distancia el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo ha convocado al ex ministro Ábalos a las 11 de la mañana y a las 12.30 horas a su ex asesor Koldo García para notificarles que tanto Fiscalía como las acusaciones populares, con el PSOE también entre ellas, han pedido el ingreso en prisión para ambos.
La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, había pedido al Alto Tribunal suspender la declaración de su cliente para otro día porque tiene que estar presente durante la testifical de Aldama, pero el Tribunal lo que hizo fue retrasar la comparecencia hasta las 12.30 horas.
Las comparecencias están previstas en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al efecto de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares para ambos que han solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones populares en sus escritos de acusación. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa.
Hay que recordar que Alejandro Luzón, fiscal Anticorrupción que ejerce la acusación en el Tribunal Supremo en la parte que le corresponde al Alto Tribunal del Caso Koldo ya presentó un escrito de calificación donde pide 24 años de cárcel para Ábalos por la presunta comisión de 6 delitos, 19 años y medio a su ex asesor Koldo García por otros 6 delitos y 7 años de cárcel a Víctor de Aldama por 3 delitos, aunque presenta el atenuante de confesión. Las acusaciones populares, con el PSOE entre ellas, piden 30 años para cada uno.
El fiscal acusa a Ábalos y Koldo García de los mismos delitos de organización criminal, otro de cohecho pasivo, otro de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y otro de malversación. En el caso de Aldama las acusaciones son de organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información, aunque por este último solo pide una multa de 3,7 millones de euros para el empresario.
ALDAMA BENEFICIADO
El empresario Víctor de Aldama salió especialmente beneficiado del escrito de Fiscalía, que refleja que «a lo largo de la instrucción de la presente causa especial, Víctor Gonzalo de Aldama ha reconocido los hechos que se le atribuyen, aportando detalles sobre la duradera relación que mantuvo con José Luis Ábalos Meco y Koldo García Izaguirre, el comienzo de la misma y el concierto con ellos para conseguir la adjudicación de contratos o el dictado de resoluciones que satisficieran sus intereses personales, detallando la periódica entrega de importantes cantidades en efectivo junto con otras contraprestaciones puntuales realizadas siempre con el mismo objetivo», indica el fiscal para justificar la aplicación del atenuante de confesión prevista en el artículo 21 del Código Penal.
Luzón valora que las manifestaciones de Aldama son «relevantes», «veraces» y «compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento», y, «desde luego», no son «auto exculpatorias» puesto que el empresario «viene a admitir de manera inequívoca su participación en un acuerdo con los otros dos acusados que le permitía defender sus intereses de manera privilegiada ante la Administración Pública, así como el pago de cantidades que implican la asunción de su propia responsabilidad criminal en delitos graves».
El pasado 3 de noviembre, el instructor Leopoldo Puente acordaba transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y enviar al banquillo de los acusados a Ábalos, Koldo García y Aldama por la compra de material sanitario en pandemia, en concreto por el gasto de 53 millones de euros en mascarillas.
